Serían las dos de la tarde del lunes 29 de marzo de 1976 cuando sonó el teléfono de la Comisaría Nº 1 de Moreno. Desde la superioridad se requería al comisario que concurriera a una quinta cercana (La Pastoril) a los efectos de averiguar sobre un grupo de personas que se encontraba allí en actitud sospechosa.
La inquietud partió del casero de la quinta (que avisó al dueño y este a la policía) al advertir que algunos de los inquilinos portaban armas largas y uniformes militares. Sin mediar otra consideración, el comisario a cargo dispuso que una media docena de agentes se desplazara al lugar.
No más llegar y bajarse de los vehículos (dos), los policías fueron recibidos a balazos. Los policías respondieron de igual forma en defensa de la ley y de su propia vida. Luego fueron reforzados por el ejército.
Los agresores sufrieron 12 bajas mientras 37 lograron huir. En el medio de la refriega, ni los policías ni los militares sabían contra quiénes estaban combatiendo. Hoy, a más de cuarenta años, el Estado nacional parece que tampoco. Los jueces y fiscales federales son un ejemplo de esto. Ellos, a través de sus fallos y acusaciones en los juicios por crímenes de lesa humanidad, tipifican legalmente a estos señores (como los reunidos en La Pastoril) como "
Ahora bien, resulta que estos
Su última gran hazaña la habían perpetrado el 22 de marzo de 1976 (siete días antes de los hechos de La Pastoril) cuando asesinaron de un escopetazo en la boca al sindicalista tucumano Atilio Santillán. Crimen que cometieron en la sede de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) de la Capital Federal.
Además de los asesinos de Santillán, en La Pastoril se encontraban los principales dirigentes de bandas terroristas de cuatro países: el citado ERP, de Argentina; el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), de Chile; el ELG (Ejército de Liberación Nacional) de Bolivia; y los Tupamaros de Uruguay. ¡
El Congreso nacional no se aparta mucho de la versión del poder judicial. Que se sepa, ni un solo legislador nacional ha cuestionado la versión judicial siniestra de que allí se perpetró una "masacre de civiles".
Es más, en el año 2019, en la Cámara baja se presentó un proyecto de ley para expropiar el predio de la quinta "La Pastoril" para preservarla como "sitio de la memoria").
Uno de los autores del proyecto es el diputado tucumano
El Poder Ejecutivo nacional no se queda atrás y, presentándose como parte querellante a través de la Secretaría de Derechos Humanos,
El Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, integrado por
Para el tribunal (de no ser así no hubiera llegado a juicio) la acción represora citada de los policías y soldados encaja dentro de la figura penal (traída de los pelos) "
Los crímenes cometidos por el ERP y Montoneros (Atilio Santillán, entre otros) no merecen la atención de los fiscales argentinos. Quedarán impunes. Más aún, algunos de esos homicidas presiden ONG de derechos humanos y sus declaraciones en los juicios se toman como verdad revelada a la hora de condenar. Es que
Ahora bien, estas cosas no suceden por obra de la fatalidad. Estos policías y militares octogenarios tienen como único destino el pudrirse en la cárcel.
Los políticos (oficialismo y oposición) los periodistas, los sacerdotes y los artistas, casi sin excepción y sin el menor dejo de ironía, llaman a estos linchamientos "