Presupuesto universitario

Señor director:

Asistimos en estos días a un ruidoso reclamo contra el veto con que el poder ejecutivo se ha opuesto sensatamente a un incremento en el presupuesto de las universidades nacionales sin indicar como financiar la demagógica iniciativa.

La protesta tiene algunos extremos hilarantes, como la participación de desacreditados dirigentes políticos, gremiales y de “organizaciones sociales”.

Nadie que no sea extremadamente ingenuo puede ser engañado respecto a estos reclamantes; su participación obedece solamente a motivos de oportunismo político y desestabilización del programa económico en curso, para intentar sabotear al gobierno que perdieron en noviembre. Pérdida que incluyó numerosos “curros” y cajas; el síndrome de abstinencia es evidente.

Pero lo bueno de estas polémicas estruendosas es que toman estado público otros desmanejos que, sin impacto mediático, permanecerían en la sombra.

Recientemente se efectuó un debate televisivo entre el vicerrector de la UBA y el funcionario de políticas universitarias Alejandro Álvarez. Y allí nos enteramos (seguro que mayoritariamente desconocíamos el punto) de la falta de rendición de cuentas sobre los gastos que realiza la casa de altos estudios.

En efecto, la noticia que dan de la administración de sus recursos sus las autoridades universitarias son informes sin documentación respaldatoria, la cual (según se dijo) no se digitaliza desde 2015. Evidentemente a los efectos de controlar la gestión de esos recursos del erario la modalidad es absolutamente inoperante, no constituye ni remotamente una rendición de cuentas.

Observando la obstinada reticencia de las autoridades universitarias a regularizar semejante desprolijidad a la mayor brevedad (incluso habrían sido intimados en diciembre del año pasado, aún bajo el mandato de la gestión anterior) da la impresión que no dan importancia al hecho de estar administrando fondos de todos. Los cuales no son generados en su mayoría por las casas de estudios, ardientes defensoras de su “autonomía” (menos en lo referido a su financiación) sino los contribuyentes en su totalidad.

Muchos de los cuales no acceden (ellos o sus hijos) a las universidades que financian a la fuerza sin saber cómo se gasta lo que pagan.

En un primer momento me pareció algo imprudente tocar esta “vaca sagrada” del pensamiento políticamente correcto, pero dado que ha permitido tomar conocimiento de lo expuesto, es digno de ser celebrado.

ALEJO ANDRÉS LIENDO

liendoalejoandres@gmail.com