Luego del dictado de la Constitución Nacional en 1853, la Nación Argentina se abocó a construir el nuevo Estado. Llevó muchos años, algunas reformas de su plexo constitucional y la construcción de un ordenamiento jurídico que coadyuvara a la definitiva integración nacional, la inserción y relación de Buenos Aires con las demás provincias, la definición de la Capital y sede de las autoridades nacionales, un sistema legal que propendiera al progreso económico que tuviera como fin el bienestar general de su población.
No fue menor el esfuerzo y la tarea de arribar al pacto democrático conocido como Ley Sáenz Peña –una obra maestra de grado constituyente pergeñada por el presidente de quien lleva el nombre e Hipólito Yrigoyen líder de la naciente y opositora UCR- que sirvió para superar la fórmula alberdiana (libertad civil para todos, libertad política para pocos) descripta por Natalio Botana en su obra ‘El orden conservador’.
CONSAGRACION DE UN SISTEMA
Luego de varios lustros de enfrentamientos civiles y como consecuencia de la aparición de los primeros partidos políticos orgánicos, la consagración del sistema electoral secreto y obligatorio que dotó de legitimidad de origen a los gobiernos de la república y fue avance superlativo en la construcción de un país moderno y progresista.
Tras la primera y abrupta interrupción de un gobierno legal y legítimo por vía de la fuerza en 1930 la Argentina atravesó varias décadas de vicisitudes, recurrentes reinicios del ciclo constitucional en una constante inestabilidad entre gobiernos civiles débiles o tutelados y gobiernos de facto más o menos cerriles y la creciente naturalización del uso de la violencia política como herramienta aceptable en el contexto que vivía la sociedad.
“La cuestión más ríspida y que debe anotarse en el debe de este período democrático es la cuestión social”.
Así se vivió más de la mitad del siglo XX hasta que en 1983 se arribó a un nuevo pacto democrático, no expreso e innominado, que puede llamarse el último gran consenso colectivo de una sociedad hastiada de violencia que se mostraba satisfecha con la normalización de su vida reasumiendo el sistema democrático como el garante de sus libertades al tiempo que le permitía proyectar en teoría un futuro medianamente estable. La elección que otorgó masivamente el triunfo a Raúl Alfonsín estuvo marcada por la consigna “democracia con la que se vota, con la que se come, se cura y se educa”.
SISTEMA REPUBLICANO
Del ciclo de estos cuarenta y un años de estabilidad política e institucional basada en la periodicidad de los mandatos elegidos democráticamente rescatamos la construcción y consolidación de instituciones sólidas y una sociedad civil fuerte que aún en situaciones extremas de peligro (intentos de golpe de Estado por sublevaciones militares, alzamiento terrorista, crisis hiperinflacionarias, dos ataques terroristas internacionales y la gran debacle de 2001/2002) logró sobreponerse y sostener la plena vigencia del sistema republicano, al tiempo que produjo avances notables en materia de legislación civil y política tendiente a la igualdad de oportunidades.
Todo ello está en el haber de esta democracia reconstruida a lo largo del período más largo de continuidad republicana basada en el sufragio popular en el que además la alternancia entre partidos y/o fuerzas opositoras en el escenario político, con el consiguiente relevo de administraciones de diverso signo ideológico confirmó la fortaleza del sistema y su transparencia.
La cuestión más ríspida y que debe anotarse en el debe de este período democrático es la cuestión social. Los índices de pobreza y marginalidad denotan que la eficacia del sistema democrático no ha llegado a la organización de la economía y sus efectos sobre la sociedad están lejos de mejorar las posibilidades de los sectores más vulnerables de la sociedad, que se ven arrojados a la desesperanza ya que la institucionalidad republicana no contiene sus mínimas aspiraciones ni les permite satisfacer sus necesidades básicas.
CAMINO DE INTEGRACION
Abogamos por un nuevo pacto democrático para que la sociedad argentina encuentre el camino de la integración económica y social para reducir la pobreza a su mínima expresión y asegurar la igualdad real de oportunidades para todos sobre las bases de principios y valores democráticos que presiden nuestra vida ciudadana desde 1983.