Nueve de Julio

En el pequeño pueblo correntino de 9 de Julio, con poco más de 2.500 habitantes, Loan Danilo Peña, de cinco años, fue arrebatado a su familia hace ya más de tres semanas con intenciones y destino todavía desconocidos. Según todos los indicios, principalmente recogidos por la prensa, del rapto participaron familiares y amigos de la familia.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, este delito fue rápidamente encubierto por el comisario del pueblo, quien deliberadamente orientó la investigación hacia la búsqueda de un “niño perdido”, sembró pistas falsas, aleccionó a participantes y supuestos testigos, y con amenazas procuró disuadir a los pobladores de efectuar manifestaciones públicas. Este funcionario, cuyo legajo dista de ser ejemplar e incluye una denuncia por violación de una compañera de la fuerza, fue colocado en ese cargo por la autoridad policial provincial, que depende a su vez de la autoridad política provincial.

La acción de la justicia, conducida por un fiscal provincial, acompañó puntualmente la interpretación policial de lo ocurrido, omitió disponer el control inmediato de las entradas y salidas del pueblo, detuvo a cinco personas clave bajo acusaciones más o menos triviales y al comisario bajo el cargo de “encubrimiento”, y perdió tiempo precioso en espectaculares e inconducentes operaciones de rastrillaje.

La operación policial distractiva, sumada a la impericia de la acción judicial, habrían conducido al escenario esperado de la impunidad de no haber mediado dos circunstancias imprevistas por los raptores y sus socios: la población de 9 de Julio salió a la calle a protestar, y un medio nacional, al que pronto se sumaría el resto, tomó rápidamente nota de esa protesta. Los tempranos testimonios recogidos por Mariela López Brown, de C5N, y otros cronistas mostraron que los habitantes de 9 de Julio tenían una idea bien clara, basada en la historia provincial, de lo que probablemente había ocurrido con el niño: Loan no se había perdido, sino que se lo habían llevado.

Aunque no podían señalar a los responsables, las sospechas populares se orientaron hacia el propio comisario, cuyo alejamiento reclamaron antes de que lo dispusiera la justicia, y hacia un marino retirado que junto a su esposa, una funcionaria municipal, había participado de la comida donde se vio por última vez al niño. Tanto el comisario como el marino eran personas venidas desde fuera del pueblo. “Aquí nos conocemos todos”, fue la frase más usada por los habitantes del pueblo para describirse a sí mismos frente a las cámaras.

El comportamiento del fiscal a cargo resultó tan chapucero que la autoridad judicial provincial decidió enviar a un segundo fiscal a entender en el caso, cuando ya era evidentemente tarde para dar con el paradero del niño sano y salvo. Luego de algunas diligencias, este segundo fiscal caratuló la desaparición de Loan como un delito relacionado con la trata, y consiguió de ese modo que todas las actuaciones pasaran a la justicia federal. El fiscal general provincial justificó las torpezas del primero en lo que describió como su pobre formación académica, admitiendo implícitamente para sí y para su subordinado la responsabilidad menor de mala praxis para aventar la presunción mayor de complicidad.

La presencia de un fiscal incompetente o corrupto en un distrito depende del fiscal general provincial, y la fiscalía general provincial depende, al igual que la autoridad policial provincial, de la autoridad política provincial. A pesar de la angustia provocada por el rapto de Loan, a pesar del escándalo nacional generado por el mal manejo policial y judicial del caso, la autoridad política provincial, esto es el ministro de seguridad de Corrientes y el gobernador de la provincia, se mantuvieron a prudente distancia de un drama local que conmovía a todo el país. Los habitantes de 9 de Julio rogaban a los medios nacionales que no abandonaran la cobertura porque de lo contrario todo iba a quedar en la nada. “Ustedes son la garantía de nuestros derechos”, le dijo un vecino a uno de los cronistas.

SE MUEVE

La investigación de lo ocurrido con Loan comenzó a moverse realmente cuando el caso pasó a la jurisdicción federal, bajo la conducción del fiscal de Goya Mariano de Guzmán y la juez Cristina Pozzer Penzo, quienes a poco de emprender su tarea tuvieron que prohibir expresamente cualquier nueva intervención de la policía y la justicia correntinas porque presuntamente seguían enredando las cosas. Pero ni una ni otra se quedaron quietas, y no hace falta imaginar mucho a instancias de quién. O de quiénes.

Un abogado relacionado con el gobernador consiguió que la justicia provincial recibiera la denuncia de una tía del niño raptado, la que aseguró que su sobrino había sido víctima de un accidente de tránsito que sus responsables habían preferido ocultar. La policía provincial efectuó desplazamientos amenazantes frente a la casa de otra testigo que desmintió a la tía ante la justicia. La teoría del accidente, absolutamente disparatada, no convenció a nadie excepto al gobernador, quien saltó a las redes sociales para anunciar que se trataba de “un gran paso adelante hacia la resolución del caso”. A los pocos minutos, la ministra de seguridad de la Nación hizo propia la versión del gobernador.

La ministra creyó haber encontrado allí una puerta para introducirse en un caso que había acaparado la atención nacional, y del que había quedado al margen. Lamentablemente, lo hizo tarde y errando el vizcachazo. Los chicos no se pierden en el monte, y esa eventualidad se vuelve todavía más inverosímil cuando se los ha buscado en los alrededores desde el mediodía hasta la noche. La ministra o sus colaboradores debieron haber considerado la posibilidad de estar frente a un caso de rapto y ordenar a las fuerzas federales a su cargo el inmediato control de rutas y puestos fronterizos. Esto no se hizo nunca, según el testimonio de periodistas y pobladores, ni siquiera después de lanzado el Alerta Sofía. Preocupada por su imagen, la ministra lanzó un par de días después en los alrededores de 9 de Julio un operativo de rastrillaje tan espectacular en hombres y equipos como inútil. El operativo no fue requerido por la justicia ni tuvo otra finalidad que permitir que la ministra fuera filmada en ese escenario, mientras sus escuderos acudían a la televisión para atribuirle méritos en el progreso de la causa que en el mejor de los casos correspondían a la justicia.

Sobre el fin de semana, y después de tomarle declaración, la juez dispuso la detención de la tía mentirosa, a la que acusó de “participación en sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años” y de “alteración de evidencia”, lo que encamina decididamente el caso en la dirección del rapto. Probablemente, la justicia logre más tarde o más temprano desentrañar el mecanismo de complicidades que lo hizo posible; más difícil va a ser sacar a luz el propósito final de ese delito, y casi milagrosa la posibilidad de recuperar al niño sano y salvo. En casos como éste, lo que no se hace en las primeras 24 horas raramente se puede hacer después con algún grado de eficacia.

DEGRADACION

El drama del pequeño Loan puso nítidamente en evidencia la degradación institucional de la Argentina en que vivimos, atacada por la incompetencia y la corrupción, y también obró como catalizador de los comportamientos degradados que hemos señalado en las instancias más altas de la responsabilidad política, judicial y de seguridad del Estado nacional y provincial.

Pero también hizo ver otros costados esperanzadores de nuestra vida ciudadana: el papel del reclamo popular, mucho más eficaz cuando abandona la intensidad pasajera y muchas veces violenta en favor de una tenacidad perseverante y sostenida; el papel de la prensa independiente, cuando como en este caso no tiene vínculos con el poder político en cuestión; el papel de la seguridad cuando se la conduce profesionalmente, y el papel de la justicia cuando agudiza su visión afirmando en su lugar la venda que debe cubrirle los ojos.

Por una de esas raras coincidencias, 9 de Julio es el nombre del pueblo donde Loan vivió junto a los suyos, es el día de la declaración de nuestra independencia como Nación, que celebramos esta semana, y es el día elegido por el presidente Javier Milei para firmar un documento con los máximos dirigentes políticos de la Argentina. Ese documento, llamado Pacto de Mayo, incluye nueve puntos sobre temas económicos y uno solo sobre la cuestión política: propone una reforma profunda “que vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados”. Uno se pregunta qué otro interés podrían tener los representantes que no fueran los de sus representados, a menos que la incompetencia o la corrupción, como hemos visto en este caso, aparten una cosa de la otra y terminen degradando las instituciones. O desalineando los intereses, según el lenguaje de los redactores del pacto.

LECCIONES PRACTICAS

El Presidente podría sacar provecho del caso Loan y extraer de él varias lecciones prácticas para esa reforma que postula, lecciones relacionadas con las necesidades básicas de la institucionalidad argentina; por ejemplo, que nunca conviene desestimar la voz de la calle, o la voz de las redes, porque la gente sabe más, intuye mejor, que lo que los políticos creen; que la seguridad y la defensa no son cuestiones para dejar en manos de improvisados, por más afinidad política que manifiesten o desfiles bonitos que organicen; que el periodismo es algo mucho más amplio y más valioso para la salud pública que cuatro o cinco personajes serviciales y complacientes; que él mismo se apresta a suscribir un pacto con personajes de perfiles inciertos, entre ellos el gobernador correntino; y que la postulación de un juez como Ariel Lijo para la Corte Suprema no satisface, más bien contradice, la demanda de una justicia independiente y eficaz.