Lelic, la otra bomba

POR JUAN JOSE GUARESTI (NIETO)

Para disimular la emisión de moneda que realizaba y sus efectos inflacionarios, la administración anterior a la actual emitió unos títulos públicos denominados Lebac que daban impresionantes intereses.
Por ese atractivo, quienes tenían pesos en su poder debido al formidable déficit fiscal existente, en lugar de comprar dólares o mercaderías con lo cual elevaban su precio, adquirían Lebac. La moneda desaparecía de la plaza y no presionaba sobre el precio de los bienes ni sobre el dólar. La idea pareció genial a sus progenitores pero esa política que servía para engañar al pueblo, era solamente eso: un telón pintado para simular una inexistente realidad.

En lugar de suprimir las causas de inflación, lo que no deja de ser engorroso y muchas veces impopular, disimulaba sus efectos. Lo malo es que más temprano que tarde, este proceder insustentable empeora la situación y lleva a la quiebra a quién lo adopta.

Las Lebac tenían tres pequeños defectos que recordamos en La Prensa del 11 de Mayo de 2018:

1) Aumentaban el gasto público porque sus intereses suculentos había que pagarlos a sus adquirentes, de manera que se constituían en una causa muy eficiente de inflación.

2) Los que los enarbolaban como arma antiinflacionaria, dejaban intactas las fuentes de inflación y no las corregían, sino que las camuflaban en el corto plazo retirando artificialmente circulante de la plaza.

3) El Banco Central no tenía permiso del Congreso para emitirlas, lo que era esencial para que tuvieran validez legal. (Artículo 75, incisos 4 ,7 y 8 de la Constitución Nacional).

NULIDAD ABSOLUTA

Dicho en términos jurídicos las Lebac eran nulas, de nulidad absoluta. Nada valían porque constituían una flagrante violación a la Carta Magna lo que perjudicó notablemente la credibilidad del Gobierno. Los Gobiernos que son respetados son aquellos que son guardianes de la Constitución Nacional y no sus verdugos.

El Banco Central de la anterior administración emitió 350.000 millones de Lebac. Quienes vinieron después del 10/12/2015 no sólo no convocaron al Congreso para que resolviera qué se debía hacer con tamaña deuda y la inseguridad jurídica que traía aparejada sino que emitieron más Lebac en una cifra espeluznante: le añadieron al stock existente algo así como un billón de dichos títulos.

La clase política, gobernadores de provincia, legisladores y la mayor parte de nuestros economistas guardaron silencio ante esta aberración de inmensos contornos y el atropello constitucional que significaba -pese a que tenían la obligación de pronunciarse- y mucho más quienes ocupaban escaños en el Congreso Nacional.

Finalmente todo terminó en una crisis que se llevó puesto al campeón de semejante desatino a la sazón presidente del Banco Central y a buena parte de su Directorio. La Argentina se quedó sin crédito internacional.

En lugar de terminar con las Lebac aprovechando su nula calidad legal transformándolas en un instrumento público de crédito con sanción del Congreso de por lo menos cinco años de plazo, de buena estirpe, rodeado de garantías acerca de su seriedad y atractivo por ser el fruto de un acuerdo de partidos y con algún interés razonable, dejaron instalada una bomba de tiempo en la economía argentina.

Sobre el particular nuevamente en La Prensa del 3 de junio de 2018 volvimos sobre el tema y directamente planteamos que las Lebac debían ser por lo menos prorrogados en su vencimiento unos cinco años con una módica tasa de interés. Debía aprovecharse la oportunidad que brindaba su ilegalidad de origen para introducir estos cambios.

Nada se hizo pese a que las Lebac no podían competir ni con la credibilidad del dólar ni con el déficit fiscal ni con la ausencia de una política que asegurara su repago. Finalmente la bomba estalló porque el mercado terminó por no aceptarlas e internacionalmente se cerró el crédito para la Argentina.

RESPONSABLES

Los responsables de desarmar ese artefacto infernal habían mirado para otro lado, pese a que muchos de ellos eran funcionarios especializados, o eran miembros del Congreso o eran supuestos economistas o políticos de envergadura que debían haber formulado una política destinada a expandir la economía, hacer crecer al país y obtener ingresos para el fisco desde el agrandamiento del producto bruto interno, y no desde las exacciones a los contribuyentes.

En lo que concierne a los imprescindibles dólares, estos se deben obtener desde el incremento de la exportación y el estímulo al turismo externo, y no pidiendo prestado. Se necesitan divisas ganadas y no créditos.

En cambio de las Lebac, se emitieron otros instrumentos públicos que se llaman Lelic y han alcanzado el 29 de agosto de 2019 la cifra de 1 billón, trescientos mil millones con fecha de vencimiento a cada siete días. O sea que son tan ilegales como las anteriores y, encima, de plazo menor. Fácilmente se puede venderlas para comprar dólares y generar que estos continúen su, al parecer, imparable carrera hacia el alza.

Las Lelic son otra bomba de tiempo. Cuando esto se escribe la tasa de interés es del 83% y algo más, tasa que es impagable y se trata de otra colosal fuente de inflación, de deterioro de la economía y del nivel de empleo. Con esa tasa de interés anual, se alcanza la suma de otro billón de Lelic a pagar en un año.

Las Lelic deberían ser sustituidos cuanto antes, como dijimos que debió ocurrir con las Lebac, con títulos cuya descripción ya dimos más arriba y con un plazo no menor a cinco años o seguramente más dado que la situación se agravó desde nuestro artículo del 11 de mayo de 2018.

Esos nuevos instrumentos de crédito deberían estar asidos a una política económica de tal seriedad que asegurara su repago al propietario. Debe tenerse en cuenta que ganara quien ganare en el próximo comicio, debe terminar con esta formidable e ilegal hipoteca de la cual nada se habla en la campaña política, sea la posición que tenga el candidato, lo que significa no abordar ni mucho menos resolver ahora uno de los grandes problemas nacionales. No hay que esperar al cierre de más fuentes de trabajo para actuar con la decisión que exige el momento.

Llama la atención el silencio que guardan sobre el particular los gobernadores de provincia, pese a que van a tener que afrontar sus consecuencias. Para hacer creíbles los nuevos títulos que se emitan, se debe terminar con los feriados injustificables, las huelgas que perjudican a terceros ajenos al conflicto gremial, la impunidad de quienes apedrean a la policía, los intereses que se pagan por gastos irracionales, los empleados públicos nombrados a dedo, sin antecedentes de ninguna índole y sin necesidad funcional, las obras sociales sin adecuados controles, y demás lacras que hemos denunciado desde estas columnas.

Ningún gobernante, de la presente administración o de sus adversarios, se ha atrevido a enfrentar el problema. Pensamos, empero, que aquel contendiente en la liza del 27 de octubre quien pensando en sus conciudadanos y en su Patria se atreva a resolverlo, va a ganar el favor y la admiración popular: sería un rasgo de admirable coraje que garantizaría la tranquilidad económica que ansían los habitantes de este atribulado país, harto de discursos y promesas, y que quiere ver hasta donde les alcanza el cuero a sus futuros dirigentes para desarmar la bomba de las Lelic.