"Como siempre, la última palabra la tiene la realidad": con esa frase se cerraba esta columna una semana atrás. El jefe de gabinete, Marcos Peña, acababa de desestimar que el país estuviera atravesando una emergencia seria: "No hay una crisis cuando sube un poco el dólar, no hay una crisis cuando baja un poco", había sentenciado didácticamente. Apenas unas horas más tarde Elisa Carrió corrió a la Casa de Gobierno para "que los argentinos estén tranquilos".
MAGIA Y SUPERTASAS
Ni el diagnóstico de Peña ni los sortilegios de la doctora Carrió serenaron a los mercados o a la opinión pública: la trepada del dólar (atribuible en una proporción no despreciable a una medida dispuesta por la Reserva Federal de Estados Unidos) tenía consecuencias en todo el mundo. Pero sus efectos eran más complicados en la Argentina en un contexto de inflación rebelde, desconcierto de las autoridades económicas y financieras, persistente déficit en la cuenta corriente, tensiones políticas con la oposición y también en el seno del oficialismo.
Como aquellos conjuros no trajeron remedio, el presidente del Banco Central tuvo que recuperar atribuciones que la Jefatura de Gabinete parecía haberle expropiado en diciembre y llevó la tasa de interés de referencia al 40 por ciento al tiempo que dispuso que los bancos reduzcan sus posiciones en dólares, buscando así que no se sumen a la demanda sino, más bien, coloquen en el mercado lo que supere el límite impuesto.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, prometió achicar el déficit fiscal medio punto más de lo previsto. Y, además, refirmó la meta inflacionaria de 15 por ciento. Esta última insistencia probablemente le restó verosimilitud a las otras promesas, pues no hay especialista alguno, sea cual sea su tendencia económica, que considere alcanzable el 15 por ciento de inflación este año (a esta altura, los más optimistas no calculan menos del 22 por ciento).
La suma algebraica de los ensalmos de Carrió, las medidas del Banco Central y las palabras del titular de Hacienda lograron al menos moderar el viernes una corrida y empujar un leve repliegue de la cotización del dólar de los más de 23 pesos que había alcanzado el jueves 3, no ya a los 20 y pico de fines de abril, sino a 22,10. No fue un éxito rutilante, apenas una transitoria contención de daños. Faltaba además registrar las consecuencias que acarrearía la supertasa sobre la producción (que deberá pagar más caro para financiarse) y cuánto afectará el comprometido achicamiento extra del déficit sobre la realización de obras públicas. Y sobre el empleo.
EL FMI COMO PALENQUE
Esta semana, desde el lunes los mercados continuaron la pulseada. La medicina heroica ensayada desde el gobierno no parecía detener la crisis-que-no-es-una-crisis. La realidad impulsó al frente al presidente Macri. En situaciones como estas no alcanzan ojos, oídos y cerebros suplentes. Mauricio Macri anunció el martes que su gobierno busca un acuerdo con el FMI para garantizar el respaldo financiero y simbólico de la entidad. Con más de 50.000 millones de dólares de reservas (si bien no todas de libre disponibilidad) la conducta argentina puede generar asombro. En general los países recurren al Fondo cuando están en riesgo cercano de cesasión de pagos y este notoriamente no es el caso. Se trata más bien de una diagonal con la que el gobierno dobla la apuesta para mantener en pie el programa gradualista ante los embates de los mercados, la política y la resistencia social. Y el recurso al aval protector del FMI para ofrecer garantías de confiabilidad ante la suspicacia de los inversores y y la propensión a la fuga de los ahorristas.
Comprar confianza no sólo puede ser caro en condicionamientos; tambiém implica admitir que al día de hoy el país no la despierta espontáneamente.
RESPONSABILIDAD
Hasta ahora, cuando ha confesado de hecho la seriedad de la situación que las palabras anteriores de Marcos Peña escamoteaban, la estrategia del gobierno empleaba la crisis cambiaria como herramienta de presión para responder a los opositores, a quienes acusaba de ser irresponsable, de propiciar el desfinanciamiento del Estado por su iniciativa parlamentaria de alzar las tarifas más gradualmente (al mismo ritmo de los aumentos salariales). Y de estar inspirados por intereses electoralistas.
Por cierto, el peronismo, si aspira a competir seriamente por el gobierno en las próximas elecciones presidenciales, no puede promover medidas que luzcan como obstáculos para la marcha del Estado en una situación crítica. Mucho menos puede, en tales circunstancias, proponer al Congreso como un poder alternativo al Ejecutivo.
Para dejar en claro que esos no son sus objetivos, una de las figuras más relevantes del "peronismo racional", el gobernador cordobés Juan Schiaretti subrayó que "no somos cogobierno", y dejó en claro que fijar tarifas es competencia del Poder Ejecutivo, no del Congreso. Uno de los líderes parlamentarios de ese peronismo postkirchnerista, Diego Bossio, aclaró: "No estamos proponiendo una puja de poder, sino modificaciones responsables a un proyecto de ley, para que tome en cuenta las dificultades de la sociedad que representamos".
Como señal de esa búsqueda, gobernadores y congresistas del peronismo modificaron el proyecto original que proponía eliminar el IVA de las tarifas de servicios. Ni la caja central ni las cajas provinciales se verán desprovistas de ese recurso si se aplica la ley que ayer se aprobaba en la Cámara Baja.
Desde el oficialismo -que hace esfuerzos por homogeneizar sus propias fuerzas- hay una propensión a dramatizar todas las objeciones y a describirlas como obstrucciones.
"El gobierno no debería dramatizar", reprochó Miguel Pichetto. "La oposición tiene derecho a objetar. Está muy bien que el gobierno le pida disciplina a sus propias fuerzas". En efecto, salir de las acusaciones simplificadoras contribuiría a mejorar la calidad del debate y a identificar tanto las diferencias como los puntos de coincidencia sobre los que se puede asentar una política de Estado. A diferencia de las voces kirchneristas y de la izquierda combativa, que reaccionaron pavlovianamente en contra de cualquier acuerdo con el FMI, el peronismo racional procuró enfriar el juego y no adoptar ninguna disidencia frontal. Además, a través de Pichetto anticipó que no reclamará que el acuerdo con el Fondo pase por el Congreso.
El Gobierno debería suspirar aliviado. Denunciar que la oposición actúa obnubilada por la perspectiva electoral hacia 2019 es un combo de obviedad, candor y fariseísmo.
Por supuesto la oposición piensa en las urnas de 2019 y sería absurdo suponer que no aspira a ganarlas. Exactamente lo mismo hace el gobierno: había trazado una estrategia y diseñado una secuencia de hechos y decisiones que, en los planos, debería conducir a la reelección de Mauricio Macri el año próximo. Esa previsiones se han visto alteradas por la realidad: intenta otro diseño, un plan B con el mismo interés en la mira. Eso en sí mismo no tiene nada de malo. En todo caso, lo malo sería tirar la piedra y esconder la mano.
Cuando la-crisis- que-no-es-crisis estaba madurando y apalancada sobre esa tensión, la doctora Carrió, recién llegada de Estados Unidos y con el tono de quien trae información clasificada en las maletas, aseguró que "los inversores sólo tienen miedo a que nosotros no ganemos".
Hábil declarante, la diputada quiso pintar así como un peligro (una amenaza) que la oposición actúe como oposición o que pretenda alcanzar la victoria. Hay que tomar eso como una confirmación de que también el oficialismo está ocupado en conseguir esa meta. De todos modos, la frase de Carrió se aproxima a la realidad. Habría que reescribírsela quitándole el sesgo faccioso para acercarla más a los hechos. Quedaría mejor así: "a los inversores les interesa saber si hay un gobierno en Argentina, si tiene condiciones de gobernabilidad ante una crisis severa y si hay una alternativa seria y responsable". Tanto el gobierno como el peronismo rinden este examen.
MENOS ELECTORALISMO
El tema central es que el oficialismo lo es porque ya consiguió una resonante victoria que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada. Ahora, antes que juzgarlo por su inclinación a ser reelegido, a Macri se lo evalúa por su gestión tanto administrativa como política. Por su capacidad para enfrentar las situaciones críticas.
Hoy el Gobierno sufre caída en las encuestas de imágenes, un fenómeno que afecta tanto al Presidente como a la aparentemente incombustible gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
A un liderazgo como el que siempre se espera de quien ocupa la presidencia no habría que reclamarle que esté siempre al tope de las encuestas de imagen y menos aún, que navegue en zigzag siguiendo los virajes habituales de la opinión pública. Se le pide, sí, que defina con firmeza el rumbo ante una crisis, y que, afronte esas situaciones con decisión e intentando unir. Con espíritu amplio, subordinando los egoísmos partidarios al interés nacional. La realidad somete a esos exámenes a todos los que ejercen el gobierno. Y también a los que pretenden ejercerlo.
