La oficina de La Haya reclama avances en protección infantil

El representante para América Latina y el Caribe de la Conferencia de La Haya, Ignacio Goicoechea, se dirigió a las autoridades de la Cámara de Diputados para que traten con urgencia dos proyectos de ley sobre convenios internacionales que involucran a niños y adolescentes.
Se trata de la Convención de La Haya relativa a la Competencia, la Ley aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños, y el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y Otros Miembros de la Familia. El primero de ellos fue celebrado en La Haya el año 1996 y el segundo en 2007.
Hasta la fecha, el Congreso Nacional no se ocupó de sancionar las leyes de aprobación que permitan la continuidad del trámite de ratificación por parte del Poder Ejecutivo para sumarse a los países que ya forman parte de los mismos.
El proyecto de aprobación de la Convención sobre protección de los Niños fue sancionado por el Senado y remitido el 8 de octubre de 2020 a Diputados donde permaneció sin novedad hasta que el 17 de julio de este año la Comisión de Relaciones Exteriores que preside Fernando Iglesias. Se ocupó de expedir el dictamen que habilita su tratamiento en el recinto, pero no ha sido incluido en el orden del día de ninguna de las sesiones celebradas desde entonces.
Por esta razón Goicoechea le pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que atento a la proximidad del final del año parlamentario se sirva gestionar la incorporación de este proyecto al listado de asuntos por tratar en próximas sesiones de la Cámara baja a fin de que se continúe el proceso de integración de la República Argentina a dicho Convenio Internacional.
Por otro lado, el proyecto del Cobro Internacional de Alimentos que ya tuvo dictamen de la Comisión presidida por Iglesias, fue girado el 21 de marzo de este año a la Comisión de Legislación General a cargo de Santiago Santurio, donde se encuentra inmovilizado sin tratamiento.
“Después de años de seguimiento de esta cuestión creemos estar hoy en un momento propicio para que se le dé un final apropiado, y es por eso por lo que me permito formularle esta petición que sin duda favorecerá al país habilitando su ingreso a un sistema jurídico internacional destinado a poner en ejercicio el cumplimiento del derecho alimentario de niños y adolescentes cuyos obligados residen en otros países”, le señaló el funcionario internacional al diputado Santurio.