La Presidenta fue imputada por presunto encubrimiento en la causa AMIA

La presidenta Cristina Fernández fue imputada hoy por el fiscal Gerardo Pollicita por el presunto encubrimiento de Irán en la causa por el atentado contra la AMIA, tal como lo había denunciado antes de su muerte Alberto Nisman.

Sin declaraciones sobre la imputación, la Presidenta viajó a Santa Cruz, donde permanecerá el fin de semana largo mientras los principales voceros del Gobierno calificaron la decisión del fiscal de "maniobra de desestabilización democrática" y "operación voluminosa de golpismo judicial activo".

La oposición, en tanto, alertó sobre la "gravedad institucional" y destacó que "no es normal un país" que tiene a la Presidenta imputada y al vicepresidente, Amado Boudou, con doble procesamiento. 

El juez Rafecas está de licencia hasta el próximo 22 de febrero pero interrumpirá sus vacaciones, y el próximo miércoles estará de regreso en su despacho de los tribunales de Comodoro Py para comenzar a analizar el dictamen del fiscal.

El fiscal basó parte de su imputación a la Presidenta y al canciller Héctor Timerman en la intención del Gobierno de dar de baja a las circulares rojas de Interpol y su interés comercial con Irán.

En su dictamen, Pollicita también hizo referencia a la "diplomacia paralela" de Luis D'Elia y el diputado de La Cámpora, Andrés Larroque, entre otros, que llevó adelante las negociaciones con Irán.

Basado en la denuncia que Nisman presentó en enero, el fiscal sostuvo que "el acercamiento que llevó a la suscripción del Memorando, no ha sido motorizado por Irán, sino que fueron las autoridades argentinas las que fomentaron el acercamiento con miras a materializar la maniobra reprochada", es decir, el supuesto encubrimiento.

"Resulta claro que los iraníes sólo firmaron el Memorando de Entendimiento por haber acordado que ello sería suficiente para dar de baja las notificaciones rojas de Interpol", sostuvo Pollicita.

Las acusaciones de encubrimiento contra la jefa de Estado y el canciller, entre otros imputados, fue varias veces rechazada por la Casa Rosada e incluso hoy la propia Procuración del Tesoro la refutó, bajo el argumento de que no tenía sustento probatorio y que es "un entramado ficcional".

Para el fiscal también hay "numerosa evidencia que demuestra un fuerte interés comercial subyacente a las probadas acciones criminales direccionadas a garantizar impunidad, y que apuntaba a restablecer relaciones comerciales al nivel de los estados".

Anoche, ante las inminentes versiones sobre la posible imputación de la Presidenta, el Gobierno decidió a primera hora de hoy presentar un escrito a través de la Procuración del tesoro, rechazando la denuncia de Nisman, al considerar que no tiene sustento probatorio y que es un "entramado ficcional".

En simultáneo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, calificó al hecho de "la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina", en tanto el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, había adelantado la postura oficial: se trata de "una clara maniobra de desestabilización antidemocrática".

Rapidamente, los principales medios del mundo se hicieron eco y, así reflejaron la imputación de la Presidenta en sus portales, "The New York Times" (EE.UU); "El País" y "El Mundo" (España); la "BBC" (Reino Unido); "Corriere Della Sera" y "La Repubblica" (Roma); O Globo (Brasil); La Tercera (Chile); y "El País", "El Observador" y "República" (de Uruguay); entre otros.

TRES PRESUNTOS DELITOS

La presidenta Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman y el resto de los imputados serán investigados por la Justicia por tres delitos.

Uno de ellos es el de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionarios públicos, contemplado en el artículo 277 del Código Penal, que tiene una pena de un año y medio a seis años de prisión.

También se investigarán los delitos de impedimento o estorbo del acto funcional, con una pena de 15 días a seis meses de prisión, y de incumplimiento de los deberes de funcionario, con prisión de un mes a dos años.