La Corte reclamó acelerar las causas por violaciones a los derechos humanos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó hoy a todos los tribunales a acelerar el trámite de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

El máximo tribunal hizo el llamado a los jueces que tienen que definir el futuro de los acusados. En la última acordada del año decidió, además, realizar un seguimiento de los expedientes que involucran delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Fuentes vinculadas al máximo tribunal confirmaron que esta tarde la Corte decidió, en una acordada, que se efectuará un seguimiento de los expedientes que involucran delitos de lesa humanidad durante ese período.

Pocos días atrás, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó como "una vergüenza para la Argentina y la humanidad" la medida de la Cámara de Casación -luego suspendida- que dispuso la liberación de Alfredo Astiz y otros represores en la causa ESMA, en tanto que en 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner cuestionó que desde 2003 había "98 casos parados" sobre violaciones a los derechos humanos.

La Corte realizó, además, en su acordada de hoy un informe sobre el estado de causas en trámite en distintas jurisdicciones del país sobre el accionar de represores entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.

El informe citó una docena de juicio orales realizados en los últimos tres años, entre ellos los conocidos como "Mansión Seré" y "Masacre de Fátima" en esta capital y en los que se condenó, entre otros, a los militares Luciano Benjamín Menéndez y Jorge Acosta ("Brandalisis" en Córdoba); el ex capellán del ejército Christian Von Wernich y el ex comisario Miguel Etchecolatz, en La Plata.

También mencionó casos en "etapa de juicio oral", como las "megacausas" sobre delitos cometidos en las órbitas del Cuerpo I del Ejército y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el "Plan Cóndor" y "Riveros", en las que están procesados, entre otros, los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, los ex marinos Acosta y Alfredo Astiz y los ex jefes del ejercito Antonio Bussi, Cristino Nicolaides y Ramón Díaz Bessone.

"Para una correcta evaluación de estos procesos es necesario considerar que se trata de la mayor investigación llevada a cabo en el mundo entero sobre delitos de lesa humanidad", destacaron las fuentes.

A la falta de tribunales especiales y legislación que delimite la investigación "hay que agregar -señaló la evaluación- que el Poder Judicial ya estaba saturado por el nivel de litigiosidad" y que hay "insuficiencia de jueces" y faltan "edificios adecuados, tecnología y salas de audiencias".

En marzo de 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner afirmó que hay "98 casos parados desde 2003" en relación a las causas contra represores.

"Asumo lo que digo, no vine a sentarme en el sillón de presidente para hacer una convivencia formal entre los poderes", señaló.

Kirchner indicó que "la desmesura es que hace cuatro años las causas están paradas, la desmesura es que hay hermanos y hermanas que están esperando justicia y ver en el lugar que corresponde a quienes violaron los derechos humanos".

"La democratización total de la Argentina tiene que llegar a todos los sectores", explicó y sobre las palabras que pronunció en Córdoba, cuando pidió mayor celeridad en las causas que involucran ex represores, afirmó que "si no hubiera dicho eso me hubiera sentido una persona sin dignidad, un cobarde".

"Lo dije no para invadir poderes, sino para despertar conciencia...a mi muchos argentinos me dicen queremos justicia", subrayó Kirchner.

"Yo estuve en La Perla y vi los rostros de mucha gente que cree en la justicia y no en la venganza. Estamos esperando verdaderos juicios imparciales que digan quien es culpable y quien no, sin venganza", manifestó.

Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó durante un acto en la ESMA como una "vergüenza para la Argentina y la humanidad" la liberación de Alfredo Astiz y otros represores en la causa ESMA dispuesta por la sala 2 de la Cámara de Casación Penal, medida que luego se retrotrajo.

En tanto, el informe de la Corte indica que el juicio oral por hechos ocurridos en jurisdicción de la ESMA se podría realizar luego de la fecha prevista (febrero de 2009) para aquel por los registrados en el Cuerpo I del Ejército, pero "no antes de mediados de año".

Entre las razones que dilatan los procesos se enumeraron a problemas para la constitución de los tribunales, congestión de causas, oposición de las querellas a juicios por hechos aislados, diversificación de las denuncias y la pretensión de obtener toda la información sobre la suerte que corrieron miles de víctimas.

La decisión de impulsar los casos sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura "se enmarca en una política de estado compartida desde el regreso de la democracia por los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo", dijeron las fuentes.

La acordada crea una organismo especial, la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, con facultades para requerir informes a los magistrados sobre la evolución de esos procesos.

La recomendación dirigida a los tribunales inferiores recuerda el mandato constitucional de garantizar el "debido proceso" y el derecho, tanto de los imputados como de los damnificados o sus familiares, a tener una sentencia definitiva en un término razonable.

Del informe preparado por la Corte surge la "necesidad" de crear más tribunales orales para llevar adelante los juicios.

Existe un "reiterado reclamo", agregó el documento, para que el Consejo de la Magistratura "construya o alquile salas de audiencias" en esta capital y en algunas provincias.

En esta capital el Tribunal Oral Federal Cinco concentra todas las causas contra militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".