Por Armando J. Ribas (h)
Las organizaciones guerrilleras enfrentaron a sangre y fuego a varios gobiernos. En una primera etapa a los encabezados por Levingston (1970/71) y Lanusse (marzo 1971/mayo 1973). En ambos casos con el explícito apoyo de Perón desde su exilio en Madrid, quién no solo no condenó los asesinatos, robos y secuestros, sino que los alentó. Así lo hizo a pesar de que Lanusse ya había levantado la proscripción del peronismo y llamado a elecciones para que el país volviera al cauce constitucional.
En marzo de 1971 se creó la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (despectivamente llamada el Camarón, con el objeto de investigar y juzgar los crímenes cometidos por la guerrilla garantizando el derecho de defensa en juicio. La ley fue impulsada y suscripta por el Ministro de Justicia Jaime Perriaux, como así también por el dirigente radical Arturo Mor Roig, en ese entonces Ministro del Interior. Mor Roig, segundo en la jerarquía radical después de Balbín, había aceptado el cargo porque creía que era la mejor manera de lograr una transición consensuada con las FF.AA. hacia una salida democrática. Por su participación en dicho gobierno, Raúl Alfonsín solicitó su expulsión del partido. Mor Roig luego sería alevosamente asesinado por Montoneros el 15 de julio de 1974 cuando ya estaba retirado de la vida política.
Hasta el 25 de mayo de 1973 el Camarón había abierto 8.927 causas, dictado cientos de condenas contra terroristas y miles de absoluciones
El 25 de mayo de 1973 Cámpora asumió la Presidencia de la Nación. Esa misma noche, ante la presión de las organizaciones guerrilleras y con el expreso consentimiento de Perón dado desde Madrid se ordenó liberar a cientos de terroristas que habían sido condenados por dicho Tribunal. El sábado 26 el Congreso, con el voto unánime de radicales y peronistas, sancionó la Ley de Amnistía N° 20.508. Luego de semejante acto de barbarie política e institucional la Cámara en pleno entonó, emocionada, el himno nacional.
Inmediatamente se derogó la ley que había creado la Cámara Federal Penal. Sus 9 miembros fueron perseguidos por los guerrilleros liberados. Tres sufrieron atentados contra su vida. Uno de ellos, el Dr. Jorge Quiroga, fue asesinado por guerrilleros del ERP el 28 de abril de 1974. Los restantes miembros del Tribunal huyeron al exterior para salvar sus vidas.
En ese contexto, se desató la guerra entre la derecha y la izquierda peronista. Todas las agrupaciones políticas peronistas y radicales de entonces participaban de un mismo credo nacionalista, antiimperialista, intransigente y tenían un pensamiento binario y maniqueo: de un lado el pueblo, del otro el antipueblo. Para poner solo un ejemplo: los principales líderes de la llamada Junta Coordinadora Nacional del radicalismo (Storani, Moreau, Stubrin, Nosiglia), aliada ya en ese entonces a Alfonsín, frecuentaban a los líderes Montoneros e incluso participaban de los actos públicos que organizaba esa organización guerrillera.
Paradójicamente, y a diferencia de la persecución penal realizada contra la guerrilla por la dictadura de Lanusse mediante un Tribunal especial que garantizaba su defensa en juicio, estando vigente el estado de derecho, durante la presidencia de Perón, se inició el terrorismo de estado mediante la Triple A comandada por José López Rega con el expreso consentimiento de Perón y policías federales nombrados por distintos decretos suscriptos por él mismo.
ORDENES SECRETAS
Ya en octubre de 1973 Perón imparte las “ordenes secretas” para combatir clandestinamente al terrorismo y el 21 de enero de 1974 en forma pública, luego del ataque del ERP al regimiento de Azul, rodeado de los más altos dignatarios del país le pide al “Movimiento Nacional Justicialista”, a los “trabajadores” e inclusive a las “fuerzas políticas” y al “pueblo en general” que “tomen partido activo en la defensa de la República” a fin de “aniquilar cuanto antes al terrorismo criminal”.
El discurso de Perón recibió como réplica, al día siguiente, una carta pública de Francisco Manrique en la que le recriminó en durísimos términos que “se movilicen otros factores que los institucionalmente indicados para atender ese brote de salvajismo. Y menos indicado, que contra una acción disolvente se transite por el peligroso camino de acudir a otras organizaciones que por más aptas que sean para la cosa política o gremial resultan irregulares para el intento de recuperar y mantener el orden y la seguridad pública …”
Lamentablemente dichas premonitorias y lúcidas palabras no encontraron ningún eco en la dirigencia peronista, como tampoco en la radical, cuyos líderes más prominentes, Balbín y Alfonsín, guardaron, como mínimo, un ominoso silencio cómplice respecto de la represión ilegal del terrorismo que anunciaba públicamente ya a principios del 1974 el viejo caudillo peronista y estaba en ejecución por parte del gobierno constitucional desde el asesinato de Rucci en septiembre de 1973.
No puede caber duda entonces que, a contrapelo de la historia oficial que nos vienen relatando hace cuatro décadas, fue la dirigencia política de aquellos años, fundamentalmente radical y peronista, la máxima responsable de la ruptura de la subordinación de la fuerza al poder de la ley o de las instituciones.
Tal como dijera el expresidente Alejandro Lanusse en Memorias de un General “esa ruptura del límite moral de la legalidad resulta imposible sin una autorización, tácita al menos, de los hombres civiles”.
Muerto Perón, el conflicto se agravó. En octubre de 1975 Luder convocó a los 3 comandantes de las FF.AA. a fin de “ver qué podemos hacer para frenar al terrorismo que es incontrolable”. Enseguida se dictaron los decretos 2.770, 2.771 y 2.772 que ordenaban, ahora expresamente a las FFAA, el aniquilamiento de la subversión, suscriptos por Luder y todo su gabinete de ministros.
También hubo un apoyo explícito a las FF.AA. por parte del Comité Nacional del Partido Radical al resaltar en un comunicado del 26 de agosto de 1975 “la profunda vocación legalista de nuestras fuerzas armadas, las que con heroísmo y abnegación han soportado duras contingencias sin apartarse de sus propósitos de subordinación al orden constitucional”.
En el período que corre entre mayo del 73 y marzo del 76 hubo más de 1.000 guerrilleros asesinados y desaparecidos por el gobierno peronista.
A partir de marzo de 1976 la guerra se hizo más intensa y también la represión. La ideología de los comandantes que prevalecieron en las FF.AA. con la llegada de Perón al poder (ex camaradas de Perón con claros antecedentes fascistas) era tan binaria como la de la dirigencia política, pero ellos tenían las armas. Tal como había sido previsto, desarticulado el sistema legal ideado por Lanusse, Perriaux y Mor Roig, para encausar y someter a proceso a los guerrilleros, los grupos operativos autónomos de las FF.AA. operaron de la misma manera que la guerrilla, aniquilando a sus oponentes. Del llamado Proceso de Reorganización Nacional participaron 310 intendentes radicales y 192 peronistas.
MONSTRUOSA TERGIVERSACION
Pues bien, vuelta la democracia, se ideó y ejecutó la mayor manipulación y tergiversación de la historia política argentina. La clase dirigente que había desmantelado los tribunales judiciales creados en su momento con el fin de juzgar mediante el debido proceso a los guerrilleros, que los había liberado y amnistiado, y que, además, había puesto en ejecución el terrorismo de estado primero y dado las directivas de la forma -ilegal y criminal- de combatir a la guerrilla, necesitaba encontrar un chivo expiatorio para liberarse de la responsabilidad histórica que le cabía por haber sido la protagonista principal de las decisiones que finalmente llevaron a la más despiadada guerra civil que haya enfrentado el país desde 1853 en adelante.
¿Cómo se ejecutó ese plan?
A tres días de asumir el gobierno Alfonsín dictó los decretos 157 y 158. Mediante el primero ordenaba perseguir penalmente a la cúpula terrorista por los hechos criminales cometidos a partir del 25 de mayo de 1973. Mediante el segundo, perseguir penalmente a las juntas militares por los crímenes cometidos a partir del 24 de marzo de 1976.
¿Por qué razón se investigaba a la cúpula terrorista a partir de mayo de 1973 y no al terrorismo de estado que empezó en ese mismo año?
En los decretos no existe ningún fundamento ni motivo que explique esa aberración.
Alfonsín, al decidir no investigar el terrorismo de Estado puesto en marcha durante la etapa constitucional, perseguía otros inconfesables objetivos. Los mismos surgen bastante claros de la detenida lectura de los considerandos de ambos decretos y, principalmente, de su discurso de cierre de campaña del 26 de octubre de 1983 en la Avenida 9 de Julio. Por un lado, seducir al pueblo “peronista” para después crear “el tercer movimiento histórico”. Por el otro, echar la culpa de todos los males de la Argentina al “neoliberalismo perverso”, al mismo tiempo que deslindar de toda responsabilidad histórica por lo sucedido a los movimientos “nacionales y populares” creados por Yrigoyen y Perón a quienes expresamente reivindicaba.