En la Argentina kirchnerista los golpes de Estado se anuncian por los medios de comunicación estableciendo fecha, hora y lugar. El de hoy está en marcha y está convocado, entre otros, por un juez, un periodista, un piquetero y el sindicato de Moyano. El objeto es claro y confeso: destituir a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aducen motivos diversos para ``echarlos a patadas'': que constituyen una banda mafiosa; que sirven al (``cochino'') imperialismo yanqui; y/ o que el poder judicial persigue a la impoluta Cristina.
Ahora bien, puede entenderse que haya ciudadanos que no compartan la actuación de los jueces y que les asista el derecho de expresarlo. Otra cosa muy distinta es que pretendan removerlos a través de un apriete mafioso. En tal sentido, el juez kirchnerista Ramos Padilla se pronunció con brutal contundencia, al declarar: ``Además, no hay mecanismos legales aptos con una oposición que se niega a dialogar y que es una oposición contra todo para destituir a un miembro de la Corte. Usted para juzgar y condenar en el Senado a un integrante de la Corte necesita los dos tercios, ¿entonces cómo sería la cosa?, ¿tenemos que esperar a tener todos los senadores de un mismo partido para iniciar un juicio político? Y basta de mentiras de que el Poder Judicial se va a auto depurar. Eso es absolutamente imposible porque se están encubriendo ellos mismos los delitos que cometieron, (y) de que hay que sacarlos por juicio político. Hablemos claro porque no podemos seguir engañando a la gente''.
Por su parte, el líder piquetero D'Elía, convocó a marchar para ``echar'' a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a quienes calificó de ``miserables''.
CLAMOR INEXISTENTE
El periodista Mempo Giardinelli, también abonó con lo suyo la convocatoria golpista de este modo: ``El reclamo de la inmediata renuncia de los cuatro cortesanos (...) es compartida por millones de compatriotas en todo el territorio nacional (...) De ahí que sea visto ya como insostenible el desproporcionado poder que hoy acumulan los cuatro jueces de la actual Corte Suprema de Justicia''. Giardinelli inventa una suerte de clamor popular inexistente.
La relación entre este propósito totalitario, para abolir el sistema republicano argentino, con la histórica Marcha sobre Roma de las Camisas Negras no es mera coincidencia. Se trata, ni más ni menos, que de la ejecución del clásico modus operandi fascista para asaltar el poder (el Duce estaría muy orgulloso de Giardinelli y compañía).
Ahora bien, llamar mafiosos a los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda es exagerado. Si bien hay críticas que les caben a unos más que a otros, es cierto (algunas gravísimas), la de ``mafiosos'' que les endilgan Ramos Padilla y compañía suena a disparate. Ello porque ninguno de los cuatro está, siquiera, sospechado de hechos verdaderamente mafiosos, tales, como: haber asesinado al fiscal Nisman, firmado un pacto con el régimen iraní para blanquear a los asesinos de la AMIA, revolear bolsos con millones de dólares de la corrupción, intentar quedarse con la fábrica de imprimir dinero, blanquear dinero robado a los argentinos a través de hoteles o cobrar por miles casas que no se construyeron en Jujuy.
Tampoco, contra estos jueces ha dado testimonio, auto incriminándose, una cincuentena de personas, entre empresarios de primer nivel y funcionarios públicos.
Es decir, la autoridad moral del kirchnerismo para hablar de mafia, brilla por su ausencia.
Ni los magistrados de la Corte son Lázaro Báez ni son René Favaloro los que exigen que renuncien. Pero más allá de la cuestión moral está la ley; que, al respecto es bien clara. El Art. 230 CPN dice: ``Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: 1. Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste'' (artículo 22 de la Constitución Nacional).
De allí que a los convocantes y/ o participantes de la marcha le caben ésta y otras figuras delictivas.
Entre ellos al viceministro Martín Mena y a los senadores Alejandro Abraham y Silvia Sapag que manifestaron su adhesión. Y, por cierto, al presidente de la Nación que deja hacer.
Cabe preguntarse ¿quién y qué se debe hacer al respecto? Las reacciones hasta ahora son tenues. Así, por ejemplo, el Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al apoyo del presidente Fernández a la marcha como algo ``gravísimo''. Sobre lo mismo, la diputada María Eugenia Vidal, sostuvo: ``Alentar una marcha contra la Corte Suprema es tener lejanía con la gente''. En tanto que, el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, reclamó al presidente Alberto Fernández que ``desautorice esa horripilante marcha''.
Ahora bien, no se trata de comentar o condenar con palabras sino de actuar. Del diputado Tonelli (de los demás, también), por ejemplo, no se espera que le implore al presidente a que desautorice la marcha, sino que ¡le inicie un juicio político de destitución por su complicidad en un golpe de Estado! ¡También que denuncie a los legisladores complicados en la conspiración! ¡No es para lloriquear que lo votamos!
Por otro lado, no desentonaría que por lo menos uno de ese ejército de fiscales federales de sueldos millonarios, de oficio, denunciara a los sediciosos ante un juez por la tentativa de destrucción del sistema republicano. Es una vergüenza que un particular, el abogado y patriota Isaac Wieder, haya hecho ese trabajo por ustedes.
En fin, si dada la defección de nuestros representantes, siguen este curso, no quedará otra alternativa que la acción directa de los ciudadanos. Esto es defender la democracia en la calle contra los energúmenos que quieren arrebatárnosla.
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