La desesperante situación de las reservas internacionales del Banco Central, en rojo, llevó a que el Gobierno hiciera lo que tantos otras administraciones en el pasado: implementar un generoso blanqueo de capitales. Al fisco le urgen los dólares y las bocas de ingresos, después de todo, no son tantas.

Para la Argentina esto de legalizar dinero o bienes que están afuera del sistema es una gimnasia repetida. De hecho, ha habido 5 blanqueos en los últimos 15 años. Los hubo de todo tipo, con características técnicas diversas y resultados dispares.

En lo que va del siglo el ensayado en 2007 por el kirchnerismo arrojó ingresos de capitales por u$s 4.300 millones. “Fue un fracaso, aunque peor fue la liquidación de los Cedines, de sólo u$s 900 millones en dos años”, aclara César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados.

El más encumbrado de los blanqueos lleva el sello de Mauricio Macri, que logró ingresar u$s 116.700 millones, volviéndose un récord a escala internacional. El operativo se montó en un contexto en el cual entraba en vigencia el intercambio de información impositiva diseñado por la OCDE. “Era difícil jugar a la escondida -recuerda Litvin-. El tema es que el blanqueo de Macri dejó la vara muy alta. Y el segundo punto es que muchos se arrepintieron luego de entrar porque subieron los impuestos. Eso dejó una herida profunda”.

También hubo un blanqueo en la gestión Fernández (Alberto y Cristina), sin mayor impacto. Hasta que llegamos al momento crucial, la decisión del gobierno de La Libertad Avanza de seducir al capital y convencerlo de que, pese a todo, vale la pena apostar por el futuro de la Argentina.

MADE IN MILEI

“Es un blanqueo amplio para todos los sujetos. Cualquiera que sea contribuyente fiscal puede ingresar. La intención es que vuelvan de Uruguay todos los que se fueron en su momento. En Uruguay los recibieron con diez años de vacaciones fiscales. Los capitales son mimosos. Ahora pueden volver a la jaula del zoológico, pero si regresan tienen que quedarse todo 2024”, recalcó César Litvin, invitado a disertar por el Club Reporte Inmobiliario en la sede del Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Como en todo esquema de blanqueo existen restricciones para los funcionarios y sus familiares. Las mismas contemplan los últimos 10 años y alcanza hasta vínculos de segundo grado, con lo cual afecta a padres, hermanos, hijos y abuelos.

En cuanto a las condiciones, el especialista en impuestos recalcó que “si se blanquean más de u$s 100.000, se debe pagar un impuesto del 5%, siempre y cuando ingrese antes del 30 de septiembre. Luego, hasta diciembre, el tributo escala hasta el 10% y el año que viene sube a 15%”.

En cuanto al dinero en efectivo, si se blanquean hasta u$s 100.000, queda exento del impuesto del 5%. “Pero si se blanquean u$s 101.000, se paga por todo el monto”, aclaró. Con respecto a otro tipo de bienes, si se blanquean u$s 120.000, sólo se paga el impuesto por el excedente.

“Se pueden blanquear cualquier tipo de bienes, acá o en el exterior”, aunque queda afuera el dinero procedente de cuentas radicadas en países como Corea del Norte, Irán o Birmania ya que carecen de transparencia fiscal.

CORTE Y TAPON

El Gobierno, a través de la AFIP, ha decidido establecer con lógica una fecha de corte para la regulación, es decir hasta cuándo se puede mirar hacia atrás en la búsqueda de dinero o bienes no declarados. El tope es el 31 de diciembre de 2023. Es decir que si se compra un inmueble con dinero no declarado en 2024, no podrán blanquearlo.

Como parte del mecanismo de legalización, y a manera de señuelo o beneficio, se diseñó el denominado Tapón Fiscal. Tal como recalcó Litvin, “el que entra sabe que la fecha clave en retrospectiva es el 31 de diciembre de 2023. La AFIP no debería revisar hacia atrás si había bienes no declarados”.

El beneficio, sin embargo, está condicionado a la buena fe del titular del capital blanqueado. El Estado no permitirá dobleces ni pliegues en la conducta del hasta ahora infractor. “Se pierde el tapón fiscal si no blanqueo todo lo que tengo y luego las autoridades detectan una cuenta mayor al 10% de lo declarado. Si detectan una suma menor al 10%, no se pierde”, explicó Litvin.

El dinero en efectivo sólo se puede ingresar hasta el 30 del corriente mes. El mecanismo, vale decirlo, ha generado tensiones dentro del sistema bancario. “Los bancos no pueden negarse a abrir las cuentas de regularización de activos. Sin embargo, algunos por el sistema de compliance interno no quieren y así chocan con el Banco Central, que desea que entren muchas personas al blanqueo”, explicó el experto. La situación, tirón de orejas del BCRA mediante, parece estar resuelta.

El dinero en efectivo, hasta la suma de u$s 100.000, estará disponible para su uso a partir del mes de octubre. También se puede utilizar antes, transfiriendo de una cuenta a la otra. Si es una suma superior a los u$s 100.000, paga el 5% de impuestos o bien debe quedar depositado hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Al gobierno no le importa tanto la recaudación sino dinamizar la actividad económica”, subrayó Litvin en su exposición. Las arenas financieras también se involucran y ofrecen un atractivo: no pagarán impuestos quienes inviertan en títulos, fideicomisos, Fondos Comunes de Inversión, acciones u obligaciones negociables. “Debe quedar el dinero invertido en activos hasta el 31 de diciembre de 2025 pero se puede cambiar de un activo al otro. Si el titular quiere disponer del dinero ya, paga el impuesto”.

CUENTAS EXTERNAS

El mecanismo de blanqueo de capitales permite también la legalización y el depósito de fondos en efectivo en el exterior. Según Litvin, la maniobra es sencilla: “Primero lo pone en la cuenta para blanquear y luego en forma de cuenta espejo lo pasa a la cuenta comitente. No es obligatoria la repatriación”.

Sin embargo, aclara, se debe andar con pie de plomo ya que no suele ser común, sobre todo en países desarrollados como Estados Unidos, que una persona llegue al banco cargando un bolso con u$s 100.000 en efectivo. Generará, sin dudas, la desconfianza lógica en las autoridades locales por el origen de esos fondos.

También quedó claro, en términos técnicos, que la base imponible es en dólares y el tipo de cambio es 1 dólar=$1.000. Entran también las criptomonedas con su cotización al valor de mercado o a su valor de adquisición. Claro que deben estar en custodia en forma local.

Por otra parte, “blanquear una cuenta en el exterior es más complejo -dijo Litvin-, sobre todo si el titular estuvo enviando dinero durante 2024 por canales subterráneos. No es un movimiento justificado y es grave desde lo penal cambiario. ¿Cómo pasó ese dinero?”

LADRILLOS

El blanqueo de capitales implica dinero fresco para la inversión, tanto financiera como en el sector productivo. Los empresarios aguardan los billetes verdes para lubricar un sistema que, producto de la recesión, surge anquilosado.

El sector de la Construcción es uno de los más expectantes, de allí que los profesionales del rubro analicen los detalles del esquema, saquen cuentas, proyecten y sopesen pro y contras.

Si la inversión en ladrillos, directa o indirecta, supera los u$s 100.000, no paga impuestos si se trata de una obra nueva, un proyecto en construcción, y el dinero queda depositado hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el caso de los inmuebles usados, en cambio, pueden adquirirse con los fondos blanqueados a partir del 1 de octubre. Si la inversión es hasta u$s 100.000, no tiene la obligación de mantenerla en el tiempo y si retira el dinero no paga impuestos.

Los desarrolladores, por su parte, deben inscribirse en el Registro de Proyectos Inmobiliarios, donde entra un abanico que va desde el inmueble destinado a vivienda residencial, al sector productivo o al comercial. “El destino es amplio en materia de obras”, recalcó Litvin.

El valor impositivo del inmueble será el de la fecha del blanqueo, por más que se haya comprado tres años antes.

INTERCAMBIO DE INFORMACION

El sistema de intercambio de información global en materia impositiva se ha convertido en una red de la que pocos peces escapan. Sin embargo, no es homógenea. Existe el acuerdo OCDE, del cual participan 107 países, Argentina incluida, y el Fatca, una ley de los Estados Unidos al que adhirieron 92 naciones pero cuyo efecto es más restrictivo.

En el primero de los esquemas el efecto de la investigación llega hasta el beneficiario final. En el segundo, en cambio, los datos son enviados al país adonde está radicada la sociedad. “Esos países pueden no hacer nada -aclaró Litvin-. Sin embargo, algo cambió. Islas Vírgenes Británicas se convirtió en el mejor alumno y ahora piden balances”.

En 2016 se firmó el acuerdo bilateral con Estados Unidos, con un alcance limitado. “Argentina tiene que pedir datos de una persona en particular y justificarlo. Es un acuerdo muy restrictivo. La segunda etapa era el intercambio automático, pero los sistemas informáticos de la AFIP no eran seguros y no se pudo implementar”, graficó Litvin.

AHORA O NUNCA

Si bien, en promedio, el Estado argentino implementa un blanqueo de capitales cada tres años, los expertos consideran que el esquema actual exige de los dueños del capital un compromiso a fondo, sin medias tintas.

“Siempre se dice que es el último blanqueo pero ya dan señales de que no será así. Hay que dejar en claro que el que ingresa ahora no puede entrar nuevamente hasta el 2038. Por eso, en este caso, es a todo o nada”.