El fiscal acusó a Néstor y Cristina Kirchner de instalar "una de las matrices más extraordinarias de corrupción"

El fiscal Federal Diego Luciani inicio este lunes su alegato en la causa Obra Pública y denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por videoconferencia, Luciani señaló que tiene acreditado que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”.  Además, fustigó a la UIF por haber desistido de la acusación y no haber explicado en su alegato por qué no tomo en cuenta la "profusa prueba" producida durante el debate.

"Cuándo asumió la presidencia Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz", disparó de movida el representante del Ministerio Público Fiscal.

Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a su "amigo Lázaro Báez" como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. 

Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la UIF, que pidió la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. 

“Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, sostuvo el abogado Leandro Ventura.

La UIF solo pidió penas menores para los funcionarios de vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones porque informaron que las obras en la provincia estaban terminadas cuando en rigor no fue así.

El fiscal sostuvo que el alegato de la UIF fue “temerario, poco serio e irresponsable” porque “tergiversaron de manera grosera el sentido de la prueba”. “Esperamos que los funcionarios públicos se expresen con responsabilidad. Si la UIF fue querellante era esperable que si absolvía explicara porque descartó la cantidad de prueba”, sostuvo.

“Este ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, continuó Luciani.

La Fiscalía adelantó que a lo largo de nueve audiencias -aunque Luciani señaló que pueden ser más- va a “probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos”.

Luciani, acompañado por el también fiscal Sergio Mola, sostuvo que los acusados no cumplieron con los compromisos internacionales que el estado argentino firmó para luchar contra la corrupción. “Fueron despedazados por los imputados”, dijo y luego apuntó contra el electorado del kirchnerismo: “Se privó de esos recursos a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

El fiscal relató la maniobra: Fue a pocos días que Néstor Kirchner asumió en mayo de 2003 como presidente de la Nación cuando Báez creó Austral Construcciones. “El anterior trabajo de Báez fue el de cajero de un banco. Una persona que nunca había incursionado en el rubro empresarial de manera intempestiva creó una empresa constructora y que luego se iba a quedar con todas las compañías constructoras de Santa Cruz”, sostuvo y agregó: “Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que le daría continuidad a la maniobra”.

“Néstor Kirchner y Báez amigos íntimos. Lo admitió Cristina Kirchner en su indagatoria. No solo eran amigos, sino que eran socios comerciales. Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias. Se ha intentado ocultar esto que esta acreditado y que nosotros lo vamos a sacar a la luz y eso explica el por qué del favorecimiento a Lázaro Báez”, acusó.

Para sostener la relación de amistad de Néstor Kirchner y Lázaro Báez, Luciani hizo referencia a la declaración como testigo en el juicio del presidente de la Nación, Alberto Fernández. “El propio presidente Alberto Fernández declaró que a Báez lo conoció en el Calafate cuando se lo presentó Néstor Kirchner en su casa”, dijo y pasó el video de esa declaración.

Luego Luciani, que acompañó su alegato con filminas, apuntó al resto de los acusados. Habló de que Néstor Kichner llevó al gobierno nacional a funcionarios que habían trabajo con él en Santa Cruz en el área de obras públicas. Nombró a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, a José López, ex secretario de Obras Públicas, a Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, y a Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Todos continuaron en sus cargos en las dos presidencias de Cristina Kichner, de 2007 a 2015.

Para el fiscal así se buscó “interponer barreas de contención para distanciar la responsabilidad de la Presidencia de la Nación”. “Los ex presidentes se valieron de personas de máxima confianza para desarrollar la maniobra. Las relaciones entre todos es inocultable”, señaló.

También apuntó a que los organismos de control no hicieron su trabajo y que eso formaba parte de la maniobra ilegal. Y puso como ejemplo que Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, fue designada como adjunta en la Sindicatura General de la Nación, el organismo que debía controlar al Ministerio de Planificación Federal. “Fue un mensaje nefasto para la sociedad y un claro conflicto de interés, más allá que se haya excusado de intervenir”, explicó.

En el juicio se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. El fiscal sostuvo que en esas obras hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.

Las empresas de Báez recibieron el 78 por ciento de las obras que de 2003 a 2015 se adjudicaron a Santa Cruz. Solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonados, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.

También detalló que solo una de los 51 obras mantuvo al valor original. En 39 de esas 51 obras hubo modificaciones en la extensión de los plazos por un total de 63 años y se incrementó el presupuesto por más 1.500 millones de pesos. También que las licitaciones de las obras que recibió Báez tardaron 29 días en adjudicarse cuando el promedio para otras empresas era de 210 días.

En la hoja de ruta que trazaron los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la idea es que haya veredicto antes de fin de año. El pedido de condena para funcionarios -que la Fiscalía ya adelantó que hará para Cristina Kirchner- suele estar acompañado con la inhabilitación para ejercer cargos públicos.