El fantasma de Norma Plá

Con los arrabales del Congreso de la Nación convertidos en un campo de batalla, los legisladores avalaron durante la semana el veto presidencial a la reforma jubilatoria y al incremento de haberes de la clase pasiva. Fue como si el fantasma de Norma Plá apareciera para traernos viejas y olvidadas imágenes de la década del ‘90.

Para quienes vivieron aquella época es ineludible asociar una faceta del gobierno de Carlos Menem con la convulsión social, las marchas diarias, la Carpa Blanca docente instalada frente al Parlamento, la desocupación del 16% y las protestas de los jubilados, liderados por una mujer canosa, combativa, a la que le faltaban algunos dientes pero le sobraban agallas. Esa era Norma Plá.

El Gobierno que encarna Javier Milei tiene claro el rumbo: el equilibrio fiscal no se negocia. Es la única manera, aseguran, de poder sofocar el proceso inflacionario e ingresar en una senda de estabilidad y crecimiento. No le inquieta ni perturba el dilema moral de otorgarle exenciones impositivas a las grandes inversiones y, al mismo tiempo, ordenar las cuentas públicas sobre el sacrificio de los jubilados.

Como suele ocurrir, los gobiernos venden su receta como la única posible para salir del atolladero. Es dable pensar, sin embargo, que entre tantos especialistas en materia económica exista la posibilidad de crear una ingeniería tributaria capaz de incorporar en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) un capítulo impositivo que permita drenar recursos desde las multinacionales hacia la tercera edad. 

Dicen los expertos que el capital es mimoso y que necesita que lo traten bien para venir y, sobre todo, quedarse. Pero también es cierto que van allá adonde olfatean renta. Si las oportunidades en el sector de la minería, los hidrocarburos o en agricultura son lo suficientemente atractivas, difícilmente se espanten si el gobierno les marca la cancha a nivel tributario. Pero esto es sólo una idea y, claramente, no forma parte del manual libertario, que elige proteger a la empresa y librar a su suerte el campo de lo social.

TIJERETAZO

Los números siempre ayudan a comprender la realidad, atornillan las ideas. El último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), conducido por el economista Nadin Argañaraz, hace foco sobre la pérdida de ingresos de los jubilados en los últimos siete años. Queda claro que la pendiente no obedece sólo a la política que ahora ensaya Javier Milei.

“Un jubilado que no cobra bonos ($ 70.000) perdió entre los años 2017 y 2023 el equivalente a 13,7 haberes de 2017. La pérdida acumulada en los primeros ocho meses de 2024 fue de 4 haberes de 2017. En síntesis, este jubilado que no cobra actualmente bonos lleva perdidos unos 17,7 haberes de 2017, durante los últimos siete años. En pesos de agosto de 2024, la pérdida acumulada de alguien que cobra 3 veces el haber mínimo es de $21.185.280”, destaca el documento.

Y agrega: “En el caso de los jubilados que cobran la mínima ($234.540) y el bono ($70.000), la situación es más favorable en materia de pérdida real acumulada de ingresos. En efecto, entre los años 2017 y 2023, la pérdida fue equivalente a 9,2 haberes de 2017. En este año 2024 se sumó una pérdida real equivalente a 2,4 haberes, totalizando una de 11,6 haberes en siete años. En los siete años, la pérdida acumulada es de $4.626.084, en moneda de agosto de 2024”.

El paper concluye que “un jubilado que cobra la mínima y bono perdió en 9 meses el equivalente al 66% de su ingreso de noviembre de 2023”. Y en el caso de un jubilado que no cobra bono, la pérdida acumulada en los últimos 9 meses, en relación al haber de noviembre de 2023, fue equivalente al 60%. 

Es difícil defender a nivel político el veto al incremento de jubilaciones que no llegan hasta los $300.000, pero el Gobierno cuenta con espadas afiladas. El diputado nacional José Luis Espert es una de ellas, y no dudó en salir a la palestra en medio de las tensiones para reclamar una reforma laboral -que la oposición resiste-, para que no haya más trabajadores sin aportes jubilatorios. 

Este enfoque coincide y se complementa con el último documento difundido por la Fundación Libertad y Progreso, donde se bucea en el origen del tétrico escenario jubilatorio. Dice:

“En Argentina, el 59% del total de beneficiarios de jubilaciones y pensiones accedió al beneficio mediante una moratoria, es decir, sin haber completado la totalidad de los aportes que exige la ley. Esta información se desprende de las estadísticas oficiales publicadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a junio de 2024. Es decir que de los 7,2 millones de beneficiarios hay 4,3 millones de jubilaciones y pensiones otorgadas bajo regímenes administrados por la ANSES”.

Añade que “esta proporción denota un desequilibrio preocupante cuyo origen está en la legislación laboral y previsional actual. Ambas han contribuido a que casi no haya creación neta de empleo privado registrado desde el año 2012 y que no se generasen los recursos necesarios para sostener el poder adquisitivo de las jubilaciones”.  

La foto de la realidad es alarmante. “La combinación de un mercado laboral con elevadas tasas de informalidad, sumado al crecimiento de las moratorias ha llevado a un mayor estrés en el sistema previsional debido a que se llevó la proporción aportantes-beneficiarios a niveles insostenibles. Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a junio de 2024, hay 1,51 aportantes por beneficiario, cuando la proporción sostenible es de 3,3”, concluye Libertad y Progreso.

INFLACION

Las marchas frente al Congreso, la tensión política dentro del recinto, la repercusión altisonante en los medios de comunicación, todo eso terminó por eclipsar un dato de la economía que todos los meses tiene a los argentinos en vilo: la inflación.

El Indec difundió el miércoles que la inflación de agosto fue del 4,2%, con un acumulado anual del 95%. La cifra fue levemente superior a la de julio como resultado de un encadenamiento de actualizaciones en las tarifas de los servicios que, de manera inevitable, pegan en todo el sistema.

Algunos rubros clave volvieron a recalentarse, tales los casos de Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7%), Educación (6,6%), Transporte (5,1%), Comunicación (4,9%), Restaurantes y Hoteles (4,8%) y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (4,3%), que quedaron por encima del índice general.

En la evolución del año puede advertirse que el tobogán de la desinflación parece haberse aplanado, perdió envión. Partimos de un diciembre con 25,5%; enero, 20,6%; febrero, 13,2%; marzo, 11%; abril, 8,8%; mayo, 4,2%; junio, 4,6%; julio, 4%; y agosto, 4,2%. Y todavía quedan tarifas por actualizar.

La difusión de la Canasta Básica Total evidenció un incremento del 4,4% mensual -por encima del dato de inflación-. Así las cosas, un hogar de cuatro integrantes requirió ingresos por $ 940.000 para no caer en la pobreza.

En el ámbito porteño, según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, para pertenecer a la clase media se requieren ingresos por $ 1.500.000.

Las restricciones producto de la recesión económica han llegado a todas las franjas sociales. La firma Moiguer Consultora suele elaborar y difundir un informe denominado Mood Social, que refleja el estado de ánimo de la sociedad argentina. En este caso, sobre 1.300 casos en una población de entre 16 y 75 años, arrojó que: 

* El 51% evalúa negativamente la situación del país.

* El 56% expresa pesimismo en el eje situación del país, situación personal y capacidad de consumo.

* El 67% afirma que restringió sus consumos cotidianos.

* El 40% ajustó en el pago de internet en el hogar; el 37%, en hacer un asado con la familia; el 35%, en salidas con la pareja o la familia; el 33%, en comprar medicamentos; y el 30%, en comprar gaseosas.

LA MACRO

En la semana también se dieron a conocer datos duros de la economía que sirven para comprender adonde estamos parados. El uso de la capacidad instalada de la industria fue del 60%, el nivel más alto en la era Milei, aunque el segmento permanece estancado. Allí traccionó el rubro hidrocarburos, donde Vaca Muerta vendría a transformarse en otra locomotora junto con el campo.

En otro capítulo más de Hacia una economía liberal, el gobierno quitó las regulaciones para facilitar la importación de bicicletas. Según la Secretaría de Comercio, el modelo Mountain Bike rodado 29 cuesta en Argentina $549.000, mientras que en Francia sale $261.485 y en Estados Unidos, $244.333. La protección tiene su precio.

El rumbo es claro. Un documento reciente del Ieral de la Fundación Mediterránea indica que con la reducción del impuesto PAIS y otros ajustes se proyecta un superávit de 0,6% del PIB para fin de año, contra el déficit de 6% en 2023. El gasto público, en tanto, podría reducirse al 32% del PIB, alcanzando niveles similares a los de la década del ‘90.

La tarea del gobierno ahora es lograr que la mitad de la población que no los votó termine por subirse al barco, pese a todo. El desafío es arduo y las elecciones legislativas están a la vuelta de la esquina. Veremos.