POR MARCELA ERRECALDE *
La semana pasada en la comisión de salud del Congreso de la Nación obtuvo dictamen el proyecto de ley ‘Plan Enia’, que desde el 2017 hasta este año fue una política pública que articulaba salud y educación para “prevenir embarazos adolescentes”. Este año se dieron de baja más de 600 contratos correspondientes a dicho plan nacional, y esto generó que los legisladores apresuraran varios proyectos de ley para “cuidarlo, sostenerlo y protegerlo”.
Lamentablemente el tratamiento de este proyecto para transformar en ley una política pública fracasada, se muestra claramente falto de análisis correcto de los datos estadísticos. Con poco compromiso entre los impulsores del proyecto, y los actores fundamentales: padres, adolescentes, docentes, efectores de salud. Y no se toman en consideración aspectos de salud mental y complicaciones derivadas de los métodos propuestos por Enia.
ESTADISTICAS
Las estadísticas sobre fecundidad adolescente que constantemente mencionan: ¿expresan fehacientemente el éxito del Plan Enia? Así como están presentadas hasta ahora no.
Los números proporcionados dan muestra de los nacimientos vivos y no el número de embarazos por mujer. Por otro lado, no discriminan entre embarazos que terminaron en aborto, ya sea espontáneo o inducido, lo cual puede ser una proporción significativa y afectar la interpretación de los datos.
Como consecuencia no proporcionan una visión completa del éxito en la prevención del embarazo adolescente del plan Enia.
Para tener una comprensión precisa de la efectividad de los métodos anticonceptivos y de las intervenciones de prevención del embarazo, al menos, es necesario incluir todos los embarazos, no solo los que culminan en nacimientos.
Por otro lado, si consideramos el informe elaborado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva publicado el 2023, la reducción de la tasa de embarazo adolescente en las provincias con el plan Enia activo fue de 45.60 por ciento y sin el plan Enia de 42.30 por ciento.
Datos del Ministerio de Economía del año pasado, dan cuenta de menos de 60.000 tratamientos de anticoncepción entregados mediante el plan Enia versus 100.000 medicamentos otorgados para la interrupción voluntaria del embarazo. Tal vez por eso afirman que “es barato”, sin embargo si el Enia es -según la una de las diputadas que presentó el proyecto- una política “anti aborto”, ¿por qué entonces es tan evidente su bajo nivel de aceptación entre las jóvenes?
La diputada Carrizo de la UCR dijo que presentaban un plan nacional “porque las provincias no lo habían hecho bien”, sin mayores explicaciones. Cuando es evidente que la Argentina está experimentando una reducción en la tasa de embarazos adolescentes y la ventaja del plan no parece haber sido tan notablemente exitosa como para transformarlo en ley nacional como afirman.
Lamentablemente el proyecto de ley Enia muestra una separación entre las necesidades reales de las sociedad y la propuesta legislativa. De acuerdo con el Sistema Informático Perinatal para la Gestión, en 2019 mostro que 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años (70,8 por ciento) y 8 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años (85 por ciento) fueron no intencionales y la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación.
Esto implica que la prevención del embarazo adolescente no puede enfocarse únicamente en la educación sexual y el acceso a anticonceptivos, sino que debe incluir medidas para prevenir y tratar el abuso sexual. Y esto lamentablemente no figura como objetivos del Plan que desde 2017 estuvo vigente. Y por último ¿Podemos reducir el embarazo adolescente sin comprometer la salud mental de las jóvenes? ¿Están dispuestos a pensar más allá de repartir anticonceptivos en las escuelas?
EL ESTUDIO
Los métodos anticonceptivos propuestos por Enia han sido estudiados en Dinamarca, en el estudio ‘Association of Hormonal Contraception With Depression’ realizado por Skovlund et al. (2016) que incluyó a más de 1 millón de mujeres jóvenes de entre 15 y 34 años, residentes en Dinamarca, monitorizadas entre 2000 y 2013 en el que se utilizaron registros nacionales de salud para obtener información sobre las recetas de anticonceptivos hormonales y los diagnósticos de depresión, así como las prescripciones de antidepresivos, evidenció que las mujeres que usaban anticonceptivos hormonales tenían un mayor riesgo de ser diagnosticadas con depresión y de iniciar tratamiento con antidepresivos. El riesgo era más alto en las adolescentes (15-19 años), casi el doble. Las usuarias de anticonceptivos orales combinados mostraron un aumento del 23 por ciento en la probabilidad de usar antidepresivos en comparación con las no usuarias.
Las usuarias de anticonceptivos orales sólo con progestina tuvieron un aumento del 34 por ciento en el riesgo de usar antidepresivos.
Las usuarias de implantes mostraron un aumento del 40 por ciento en el riesgo de depresión. El aumento del riesgo fue más pronunciado en mujeres adolescentes (15-19 años), quienes tenían casi el doble de riesgo de usar antidepresivos si usaban anticonceptivos hormonales.
Ante las evidencias nos preguntamos si realmente desde el Congreso se busca cuidar a las mujeres o si estamos siendo sometidas desde muy jóvenes a los intereses de los sectores que dicen “defendernos”. No tenemos más margen de error, estamos hablando de las nuevas generaciones de la Argentina.
* Profesora de Historia, especializada en DD.HH. y monitora de educación sexual. Co-fundadora de Mujeres Libres y Soberanas.