El Estado argentino reconoció en la CIDH violaciones a los DD.HH.
Tras una denuncia de dos entidades que defienden a detenidos por delitos de lesa humanidad admiten que las cárceles no están preparadas para mantener recluidos a militares ancianos y enfermos. Presentaron medidas cautelares para que se ordene al Gobierno decretar su arresto domiciliario o liberación si excedieron el plazo de las prisiones preventivas.
Los asistentes a la reunión. De izq. a der.: Schaller y Guevara, de Puentes para la Legalidad, junto a Solanet, Olea y Saint Jean, de Justicia y Concordia.
El Estado argentino reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deficiencias de su servicio penitenciario y violaciones a los derechos humanos de los detenidos por delitos de lesa humanidad que son ya ancianos o enfermos, tras ser denunciado por dos ONG durante una reunión a puertas cerradas que tuvo lugar ayer en la ciudad estadounidense de Boulder, Colorado, en el marco del 169º período de sesiones del organismo.
Esas irregularidades fueron admitidas por el doctor Ricardo Badía, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría argentina de Derechos Humanos, según confió a La Prensa el doctor Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, una de las dos entidades denunciantes.
Badía admitió que "las cárceles de nuestro país no están preparadas para mantener a estos detenidos", y "aceptó que sobre ellos hay una discriminación", tras ser confrontado con "estadísticas que muestran que, entre la población carcelaria mayor de 65 años, los acusados de delitos de lesa humanidad representan el 75%", indicó Solanet.
La importancia de la reunión, que duró unos 45 minutos y fue celebrada en el Salón Seminar 421 del Wolf Law Building, en la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado, es que se trata de la primera vez que la CIDH accede a escuchar las denuncias de las agrupaciones que defienden a los llamados "presos políticos" en nuestro país.
A la cita, que concluyó pasadas las 22 (hora de la Argentina), asistieron, además de Solanet, el doctor Ricardo Saint Jean y la doctora María Laura Olea, por Justicia y Concordia; Verónica Schaller y Anibal Guevara, por Puentes para la Legalidad; y tres representantes del Estado argentino: Badía, la embajadora ante la OEA Paula Bertol; y una asesora del Ministerio de Justicia de Germán Garavano.
Enfrente se ubicaron siete integrantes de la CIDH, entre ellos el secretario ejecutivo, la vicesecretaria, dos asesoras técnicas y comisionados como el relator para la Argentina y el relator para las personas privadas de la libertad.
Esta composición de alto nivel fue destacada por Solanet como otra muestra de la importancia que le asignó el organismo internacional a la reunión.
Durante el encuentro, las dos ONG hicieron una exposición que duró unos 25 minutos e incluyó documentos y un video con "imágenes muy elocuentes de toda la crueldad y el trato inhumano que se presentan en estos casos", indicó Saint Jean.
"El Estado argentino reconoció que el servicio penitenciario tiene serias deficiencias para atender a las personas mayores de 60 años. También reconoció que se han producido fallecimientos en prisión, y que siguen teniendo las mismas carencias que la Comisión Interamericana y la Cámara de Casación detectaron para atenderlos a tiempo. Hay muchos muertos por infarto, esperando una ambulancia que nunca llega y asistidos por los propios presos", resaltó.
CAUTELARES
Saint Jean informó que presentaron "medidas cautelares para que la CIDH le ordene a la Argentina que, de acuerdo a la Convención Americana de Protección a las Personas Mayores, decrete la prisión domiciliaria de todos los mayores de 65 años acusados por delitos de lesa humanidad, y a su vez disponga la libertad de todas las personas incluidas en los listados que les presentamos de acusados de lesa humanidad que tienen excedidos los 3 años de prisión preventiva. Tenemos algunos con diez años de prisión preventiva sin juicio".
El abogado remarcó que los listados que presentaron incluyen nombres y apellidos, y que las estadísticas que demostraron "están cruzadas con las del Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad y el CELS". Pero además indicó que "tenemos una fuente propia que no la tiene nadie y que son los propios presos".
Sobre si se espera una revisión de las denuncias por parte de la CIDH, Saint Jean indicó que sí, y que "es lo que también pidió el Estado argentino. Hay 370 medidas cautelares pedidas en estos casos a la CIDH desde hace ya mucho tiempo. Pero la CIDH hasta ahora no contestó esas medidas. Nos ha concedido esta reunión que consideramos importante y es una de las peticiones que las dos partes hicimos: que se ocupen de eso. El Estado argentino pidió a la CIDH que le corra traslado a la medida para terminar con la situación de incertidumbre respecto de las personas que están pidiendo el amparo de la Comisión".
El representante de Justicia y Concordia destacó que "es la primera vez que en el Continente la Comisión Interamericana se interesa por la suerte de policías y militares procesados, que es un fenómeno que ocurre en toda la región, en Chile, en Colombia, en Uruguay, y en otros países".
Los dos abogados coincidieron en que fue "una buena reunión" y en que abrigan una prudente expectativa a futuro, ya que tomaron nota de todo lo expuesto.
"Observamos que el Estado argentino ha tenido por lo menos una actitud sincera", comentó Saint Jean. "Habrá que esperar. Porque esto es nuevo en la Comisión. Hace diez años que venimos denunciando, pero esta es la primera vez que se abre esta instancia. De modo tal que este es un proceso en camino. El primero. Y es muy importante", concluyó.