Congelaron los bienes de los represores fugados del Hospital Militar

La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso el "congelamiento administrativo" de todos los bienes de los dos represores fugados recientemente del Hospital Militar, en el marco de la "ley antiterrorista", informó el organismo que conduce José Sbatella.

Los ex militares Antonio Olivera y Gustavo De Marchi habían sido condenados durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en la provincia de San Juan por el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau en octubre de 1976.

En base a la Ley 25.246, de lavado de activos; la Ley 26.734, de financiación del terrorismo; y el Decreto 918/2012, de congelamiento administrativo, la UIF dictó la resolución dada a conocer esta mañana.

Se trata del "congelamiento administrativo de bienes y dinero que pertenezcan a los prófugos, con el objetivo de lograr la inmovilización financiera de los terroristas de Estado y facilitar, de esa forma, su inmediata detención".

La UIF puntualizó que la medida abarca todas las propiedades muebles e inmuebles y las empresas que pudieran estar a nombres de los represores o de las que fueran cotitulares, así como los servicios bancarios.

"De esta forma, en caso de que intenten realizar cualquier movimiento financiero, como retirar dinero de un cajero o utilizar tarjetas de crédito, la UIF será automáticamente informada y, a su vez, informará a las autoridades de las fuerzas de seguridad pertinentes", indicó el organismo a cargo de Sbatella.

Ambos ex militares habían recibido altas penas por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público.

Debido a la necesidad de recibir tratamiento médico, el Juzgado Federal número 2 de San Juan había autorizado el traslado al hospital militar "Cosme Argerich" de la Ciudad de Buenos Aires, de donde se fugaron en la madrugada del jueves.