¡Audítese!
El conflicto amenaza con ser prolongado. El Gobierno, que logró sostener en el Congreso el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, lanzo está semana la Operación Auditoría, destinada a controlar el manejo de los fondos que reciben las universidades nacionales como parte del presupuesto.
La decisión fue una pizca de sal en la herida de quienes combaten la política restrictiva del Ejecutivo en materia de gastos. Sin embargo, su lógica es impecable. No hay razón alguna para que las universidades, que se sostienen con el mucho o poco dinero que les transfiere el Tesoro Nacional, no tengan que dar cuenta de qué hacen con ese dinero.
Esta semana la primera universidad que entrará en el radar de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) será la Universidad Nacional de La Matanza, debido a su esquema de gestión concentrado. El titular del organismo, Miguel Blanco, aclaró que en la Universidad de Buenos Aires “habrá que comenzar por las facultades que reciben mayores montos de fondos y convenios, dado que cada facultad gestiona su parte del presupuesto de manera independiente”.
Y agregó: “Los fondos que manejan las universidades provienen de dos fuentes principales: el presupuesto nacional, que llega a través del Tesoro, y los convenios de trabajo que las distintas reparticiones encargan a las universidades. Ambos tipos de recursos serán auditados, especialmente en lo que refiere a cómo se utilizan y si las universidades subcontratan servicios en lugar de realizarlos con sus propios recursos, algo que ya ha sucedido en algunos casos”.
Los edificios tomados y las clases en la calle serán una postal repetida para lo que resta del año y, tal vez, también en el 2025. El veto a la ley de financiamiento universitario puso en pie de guerra a las casas de altos estudios, que ven deprimida su calidad a partir de la escasez de fondos.
Quienes sostienen el estandarte de la educación pública hilvanan una secuencia inobjetable: sin buenos salarios no hay docentes, y sin docentes no hay universidad. Al menos, no una universidad de prestigio y calidad educativa.
El pasado domingo el diario La Nación reveló que desde que empezó el año, en la Facultad de Agronomía se fueron 30 docentes, en Veterinaria 48 y en los colegios preuniversitarios, solo después de las vacaciones de invierno, alrededor de 56. La salida es por goteo y obedece mayormente a los mejores salarios que pagan las universidades privadas. “Estamos perdiendo los docentes más viejos -con fuerte capacitación y posgrados- y los más jóvenes”, explicó una autoridad.
El presidente de la Nación, Javier Milei, pateó el avispero universitario y se creó un enemigo a sabiendas que políticamente jamás iba a contar con el apoyo electoral de la mayor parte de los docentes y los alumnos. Igual, durante la semana, aclaró que no se implementará arancel alguno, declaración que lejos estuvo de sofocar los ánimos de protesta.
Por lo pronto, el conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno libertario, que se parece en mucho a una madeja enredada, tiene dos puntas por completo distintas: el financiamiento, que se ajusta a la severa política de equilibrio fiscal; y las auditorías, que buscan darle transparencia al manejo de la caja. Porque, como decía Alfredo Zitarrosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
INFLACION
Todo este tira y afloja del financiamiento universitario no es más que otra consecuencia del dogma libertario, decidido como nunca antes en nuestra historia a mantener el equilibrio fiscal, caiga quien caiga. Y en esto de reducir el gasto y frenar la emisión monetaria se encausa la receta para bajar la inflación, bien que hay otras aristas que también deben contemplarse en este problema.
En el abanico de medidas que toma el Gobierno para domesticar los precios, esta semana se oficializó la baja de los aranceles de importación de 89 productos, entre ellos neumáticos para autos y motos, bicicletas, café molido, energizantes, ventiladores, calefactores eléctricos, artefactos LED, anteojos para el sol, insumos varios y maquinaria.
Los textiles, que siempre están en el ojo de la tormenta, salieron al cruce del anuncio. El rubro sufrirá o gozará, depende de qué lado del mostrador uno se ubique, la reducción arancelaria del hilado de poliéster (del 18% al 6%) y laicra (del 18% al 2%). “Esta rebaja arancelaria tendría un impacto insignificante en el nivel de precios de la ropa, representando un 0,1% del precio final”, enfatizaron los voceros ProTejer.
Mientras tanto, el blanqueo de capitales continúa siendo un estímulo para el desembarco de dólares en el sistema. Sin embargo, las reservas del Banco Central muestran una inestabilidad preocupante. Días atrás la entidad perdió en una sola ronda u$s 427 millones por un pago al BID, sumado al efecto negativo de la caída en la cotización de algunas monedas.
Y por si esto fuera poco, la Corte Suprema de Gran Bretaña dictaminó que el Estado deberá pagarle 1.300 millones de euros (u$s 1.443 millones) a cuatro fondos que reclamaron ante los tribunales de Londres por no haber cobrado el denominado Cupón PBI.
La viveza criolla tiene su precio. El Cupón PBI fue un artilugio creado por el otrora ministro de Economía, Roberto Lavagna, con el fin de convencer a los bonistas para que ingresaran al canje. Según el acuerdo, si el PBI crecía más de 3,3%, los acreedores recibirían un dinero extra a manera de premio. Pero el gobierno kirchnerista modificó la manera de calcular el crecimiento y entonces el guarismo del Indec nunca jamás disparó el pago correspondiente del bono.
Pero volvamos al ruedo, cerremos el paréntesis. La inflación sigue siendo el principal problema en la agenda del equipo económico, y el equilibrio fiscal el principal instrumento para doblegarla. ¿Cómo continuará esta historia en el tramo final del año y el próximo 2025?
Un informe del banco de inversiones JP Morgan destaca que se espera una inflación mensual del 3,7% en el cuarto trimestre de 2024, con una tasa de inflación interanual del 125% hacia el mes de diciembre. De cara al año que viene, el paper proyectó: “En un contexto de programa de estabilización y un régimen cambiario sostenible que impulse un shock de credibilidad, se vislumbra un margen para que la inflación desacelere a un nivel promedio mensual del 2% durante 2025, lo que implicaría una inflación interanual del 35%”.
El JPMorgan advierte también sobre ciertas demoras en la salida del cepo cambiario, lo que afectaría la recuperación de la economía. El presidente Milei fue claro al respecto: el cerrojo será abierto recién cuando la inflación converja hacia el 1% mensual o, tal vez, por debajo de esa cifra.
Algunos economistas sostienen que sería clave aprovechar este “veranito cambiario” ante el flujo constante de divisas que entran por el blanqueo de capitales, para concretar la unificación de la plaza, empalmar los mercados y quitar el cepo, de una vez y para siempre. El Gobierno, claro está, le teme al lógico coletazo inflacionario que generaría la medida.
LA HOJARASCA
Hojarasca: conjunto de hojas que se han caído de los árboles. Esa es la definición que la Real Academia Española le ha dado al vocablo que el Gobierno eligió como nombre para la ley destinada a barrer con todas aquellas normativas que entorpecen el libre funcionamiento de la economía.
El encargado de pasar la escoba no podía se otro más que Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Se trata de una iniciativa que busca eliminar 70 leyes que fueron sancionadas por distintas administraciones durante el siglo XX. El funcionario enumeró seis motivos:
* Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad.
* Normas que eliminan trámites inútiles y burocráticos.
* Leyes que fueron superadas o mejoradas por otras más recientes.
* Normas obsoletas debido a los cambios tecnológicos. * Leyes que ya no tienen sentido porque definían obligaciones para instituciones que ya no existen.
* Leyes que crean organismos con financiamiento público cuando deberían sostenerse de manera independiente.
Uno de los ejemplos dados por Sturzenegger es la prohibición de exportar chatarra ferrosa, el insumo básico para la elaboración de acero, que en la Argentina sólo produce el Grupo Techint. Según el ministro, se da en la actualidad la tóxica ecuación mediante la cual la materia prima es barata pero el producto final, el acero, es más caro que en el exterior.
En la modernización de la Argentina caerán otro puñado de leyes como la que controlaba la disponibilidad de papel de diario -sancionada en la gestión de Juan Carlos Ongania-; la ley N°19.787 del gobierno de Alejandro Lanusse, que obligaba a la difusión de ciertos tipos de música según criterios estatales; y la ley N°20.120, que autorizaba a la policía a ingresar a reuniones públicas sin previo aviso, entre otras.
La Hojarasca es también el título de la primera novela de Gabriel García Márquez, publicada en 1955, mucho antes de ganar el Premio Nobel y consagrarse a escala mundial. Allí ensaya las artes del realismo mágico y aparece en escena Macondo, ese pueblo imaginario adonde todo es posible y el razonamiento lógico queda cancelado. Casi como en la Argentina.