Nahuel Gallo cruzó la frontera entre Colombia y Venezuela el 8 de diciembre y fue detenido. A pesar de presentar todos los papeles para su ingreso al país, el gendarme argentino quedó en manos de las autoridades venezolanas que, ahora, según confirmó el Fiscal General del país, Tarek William Saab, ha sido procesado por su presunta vinculación a “acciones terroristas”.
La respuesta del Gobierno argentino no se hizo esperar y la tensión sigue en aumento. Ahora, ¿quién secuestró a Nahuel? ¿Cómo funcionan los tenebrosos servicios de inteligencia venezolanos? Aquí una radiografía del esquema represivo del régimen de Nicolás Maduro.
Aquel día, a Nahuel lo detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar conocida por su abreviatura como Dgcim. Este organismo pertenece al Ministerio de Defensa de Venezuela que está a cargo de Vladimir Padrino López, un hombre clave en la estructura de Maduro y sobre todo, de Diosdado Cabello, considerado el “verdadero jefe” en su relación con las Fuerzas Armadas Bolivarianas. El Dgcim ha sido señalado por la brutalidad de sus prácticas contra militares “descontentos con la situación del país”. Allá por el año 2019, el 21 de junio, fue expuesto a la consideración pública tras asesinar, mediante torturas, al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
La estructura ha sido manejada desde siempre por la mano de hierro del teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga más allá de que, en los papeles, su director haya sido el general Iván Rafael Hernández Dala quien fuera sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde 2019. En la actualidad, su director es el mayor Javier Marcano Tábata. La sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar está ubicada en Petare, Municipio Sucre.
También allí se inscribe la Dirección de Asuntos Especiales conocida como DAE, considerado un “grupo de choque” de este organismo de Inteligencia y represión que estuvo dirigido desde 2017 por Alexander Enrique Granko Arteaga, quien ha sido identificado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU como uno de los responsables por las torturas que allí se aplican como parte de la “maquinaria” creada por Maduro para reprimir sistemáticamente a la disidencia.
Es más, un informe de la Misión de Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU detalló los 17 lugares de detención clandestinos utilizados por la Dgcim en septiembre de 2022. En manos de esta gente cayó el gendarme argentino Nahuel Gallo.
EL FAMOSO SEBIN
Dentro de la estructura represiva y de espionaje del régimen chavista, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) realiza actividades de Inteligencia y de contrainteligencia para la “neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado venezolano”. Así se definen con la amplitud que le da para operar sobre adversarios políticos al régimen. El caso de la sede de la embajada argentina en Caracas y su asedio permanente es llevado adelante por agentes del Sebin. Su director fue el general Gustavo González López desde el año 2019, luego de un intento de levantamiento contra el gobierno de Nicolas Maduro. Ahora, en el mes de octubre pasado, fue reemplazado por el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, familiar de Diosdado Cabello, quien ocupa el estratégico Ministerio de Interior y Justicia.
“Oficialmente, el Sebin es un órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, perteneciente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Esto le ha permitido controlar la acción penal, tener el control de jueces y fiscales, institucionalizar impunemente la tortura, la arbitrariedad policial y la violación permanente de los derechos más elementales”, afirmaron fuentes opositoras en Venezuela.
El nacimiento del Sebin se da por intermedio del decreto 6.733, de junio de 2009 y el entonces presidente Hugo Chávez oficializó su fundación en junio de 2010, dos años y medio antes de morir. Su creación llegó tras la disolución de su antecesor, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), organismo que funcionó desde 1969.
Todo lo que rodea al Sebin es de mucha opacidad. De hecho, no posee ni siquiera un sitio web actualizado para poder acceder a su conformación y funciones. Además, fuentes muy serias en Caracas sostienen que la “influencia del G2 cubano es decisiva en su funcionamiento”. En el año 2016 fue reestructurado y se establecieron 4 niveles: Directivo, Apoyo Administrativo, Inteligencia -integrado por la Dirección de Regiones de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Contrainteligencia, la Dirección de Investigaciones Estratégicas y la Dirección de Acciones Inmediatas- y el Operativo.
Si bien el Sebin posee capacidad de gestión presupuestaria, administrativa, financiera y ordenadora de pagos, sus recursos económicos y el número real de efectivos y personal son información clasificada y estrictamente confidencial. La ONG Una Ventana a la Libertad, defensora de derechos de reclusos, estima que el Sebin tiene unos 2.000 funcionarios entre personal policial y administrativo.
APARATO DE TORTURAS
En 2020, la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas reveló un informe que refleja palabras del exdirector del Sebin Manuel Cristopher Figuera, quien al asumir su cargo en octubre de 2018, afirmó que encontró una política y un “comportamiento cultural” de tortura en el Sebin. Dijo que los actos podían comenzar como malos tratos, como negar alimentos o agua, y luego se volvían más graves, según la reacción de la víctima o la actitud de los funcionarios involucrados. Añadió a la Misión que el presidente Maduro decidió quiénes serían torturados, quiénes permanecerían detenidos y quiénes serían liberados. Según las investigaciones de la Misión, los actos se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a una persona a incriminarse a sí misma o a otras personas, en particular a líderes de la oposición de alto perfil.
La estructura represiva del chavismo no se agota en estos dos organismos, a pesar de ser los más visibles. También existe la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas conocida como el DAET, que pertenece a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En tanto, las Fuerzas de Acción Especial (FAES) sindicadas por realizar ejecuciones extrajudiciales y abusos a los derechos humanos fueron disueltas en 2022, pero parte de su estructura y métodos son llevados a cabo por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas. En el año 2021, Nicolás Maduro decidió una reestructuración de la PNB.