Una sociedad estamental es aquella organizada en base a colectivos con determinadas condiciones económicas, legales y jurídicas que constituyen un sistema cerrado sin movilidad social. Se trata de sociedades con una jerarquía en forma de pirámide, que clasifica a la población en estratos sociales cuya pertenencia a los mismos es un derecho determinado por una condición privilegiada según una escala valorativa. Una sociedad estamental no es una República, que quede claro, en el barrio a esto se le decía Antiguo Régimen o Absolutismo. Bien, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina ha dictaminado el fin de la República para hundir a sus habitantes a una sociedad estamental.
Esta semana, y con mayorías aplastantes que incluyen al oficialismo y a la oposición, se aprobó la Ley de Cupo Laboral Trans para conceder puestos y contratos dentro de todos los poderes del Estado al colectivo trans. Además se aprobó una ley que obliga a que existan 50% hombres y 50% mujeres en los medios de comunicación estatales y privados, condicionando el dinero que el Estado otorga a los medios a la aplicación de dicha paridad y del lenguaje inclusivo. Y también obliga a la representación de travestis, transexuales, transgénero e intersex en los medios de comunicación.
VALORES MANCILLADOS
Tantos valores republicanos están siendo mancillados con estas leyes que cuesta organizar la crítica, vamos por partes:
Merced a que vivimos sumidos en un paternalismo autoritario y demagógico desde hace unos ininterrumpidos 100 años, no somos capaces de distinguir la asistencia al infortunio de la contratación de empleados públicos. Si el Estado contrata a alguien se supone que es para que realice una tarea necesaria. O sea: el gobernante toma el dinero que extrae a los ciudadanos en forma de impuestos para pagar un servicio necesario, por ejemplo, la seguridad en la vía pública. Se trata de un servicio que la sociedad necesita y que debe estar a cargo de gente capacitada para tal fin.
Por otro lado existe el infortunio, que la sociedad debe atender cuando sus miembros sufren una tragedia (por ejemplo un terremoto) o una discapacidad que les impide acceder a las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos. En estos casos corresponde que el Estado otorgue una compensación (becas, subsidios, exenciones) para mejorar la calidad de vida de los afectados.
Resulta urgente diferenciar el empleo público de la asistencia pública al infortunio. El empleo en el Estado no puede funcionar como subsidio al infortunio porque es una distorsión conceptual que confiere, al que otorga el empleo, una jerarquía estamental y arbitraria. Quienes tienen una discapacidad tienen derecho a ser asistidos pero no tienen un derecho a tener un cargo en el Estado porque el empleo público no es un derecho sino un servicio a la comunidad.
Se desprende entonces que la noción de cupo en un empleo es una aberración ya que se privilegia algún tipo de condición ajena a la naturaleza de la actividad que se desarrolla dentro de un cargo determinado. Lo que se debe priorizar en un empleo es el mérito, que puede ser intelectual o físico, que permita desarrollar mejor la actividad. Si ponemos a un ciego a dirigir el tránsito no le estamos dando un empleo, le estamos dando un subsidio, encubierto y a dedo, negándole su legítimo derecho a la asistencia en detrimento del objetivo de ese empleo que es que no choquen los autos, ¿se entiende?
LOS PRIVILEGIADOS
Ahora volvamos a la pirámide jerárquica: El hecho de que se legisle en función de colectivos (mujeres, trans) va diametralmente contra la noción de individuo como poseedor de derechos personalísimos. Se deja de lado la idea de que todos somos iguales ante la ley sin importar credos, sexos, linajes o preferencias sexuales y se aplica una agenda estamental en donde cierta jerarquía posee privilegios según pertenencia a un grupo arbitrariamente determinado (etnia, nobleza, lgbt+, etc).
Que exista una jerarquización identitaria en la ideología de las clases políticas argentinas es una traición a los preceptos de la República que dicen representar, pero es además una inconsistencia. La idea de que el género es una construcción cultural de imposición heteronormativa que debe ser reemplazada por la autopercepción es muy linda hasta que la autopercepción se transforma en política de Estado y norma excluyente de toda otra construcción alternativa.
En tales casos, ¿la autopercepción podría aplicarse más allá del género? De ser así, podríamos tener personas que se perciban capacitadas para la realización ciertas tareas (un analfabeto que se perciba ingeniero civil y pretenda construir un puente), personas que se perciban mayores de 70 y quieran cobrar jubilación o bien personas que se perciban discapacitadas aún cuando no tengan certificación de ello. ¿Debería el Estado atender a cada autopercepción o sólo va a jerarquizar las inherentes a la sexualidad? ¿Por qué los políticos priorizarían el factor sexual por sobre otros?
La paradoja de la identidad llevada al extremo debiera, en el mediano plazo, dañar las políticas de identidad gerenciadas por colectivos. Cada quien puede autopercibirse como se le cante pero esa percepción requiere de la otredad para ser efectiva. Y todos tienen el mismo derecho de percibirse y percibir a los demás lo que les venga en ganas.
INFINITAS MINITRIBUS
Si se puede entrar y salir de las identidades según la autopercepción y cada cual puede percibir al mundo según su autopercepción del momento se generarían infinitas minitribus inestables. En consecuencia, lo más sensato, para abrazar a la (tan deseada) diversidad, sería que cada quien se perciba como quiera pero no imponer jerarquías por esto y recurrir a esa señora con los ojos eternamente vendados frente las diferencias, que considera que todos somos iguales ante ella.
Fiat iustitia, et pereat mundus (hágase justicia, aunque el mundo perezca) fue el lema de Fernando I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como la regla más importante para gobernar una nación, que sostiene que la aplicación de la justicia no debe tener en cuenta las circunstancias personales. Al ignorar esto nuestros diputados nos hunden en la barbarie jurídica donde los individuos no son personas sino engranajes de un grupo al que pertenecen y mediante normas antojadizas se da a los gobiernos la posibilidad de discriminar según su sabio capricho siguiendo una ideología tribalista que fracciona a la sociedad en estamentos.
Las regulaciones de cupos no sólo son contrarias al bien más preciado de nuestro ordenamiento, que es la igualdad ante la ley, sino que nos ponen ante un dilema científico y moral: ¿ser mujer o ser trans es una discapacidad? Si está estipulado en nuestra Carta Magna que todos somos iguales ante la ley y luego los políticos legislan normas de discriminación positiva para esos colectivos: ¿significa que la condición trans o femenina es un infortunio?
La idea de justicia para estos políticos consiste en otorgar a determinado colectivo aquello de lo que, según los diputados, carecen. Vale decir: están considerando a las mujeres y a las personas trans carenciados. Todos carenciados por igual. No interesa lo que cada uno (mujer, varón, trans) haga o desee como individuo, sus gustos, deseos, historia o proyectos, porque lo que buscan es generar una jerarquía de privilegio no basado en méritos o características personales. Juzgan a una persona por la posesión de órganos o gustos sexuales. Si esto no es discriminar se parece muchísimo. Se puede ser una mujer vaga o laburante, malévola o amorosa, valiente o cobarde, no importa porque pertenece al estamento de los discriminados positivamente y merece los privilegios de esa justicia estamental. Nadie vale por sí mismo sino por su lugar en la pirámide social: el Antiguo Régimen, no le demos más vueltas.
LEYES RETROGRADAS
¿A qué cosa nos van a obligar los diputados (de todo el arco político) con estas leyes retrógradas? Según lo aprobado, desde el Estado se deben promover "acciones de integración'' de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo y van a tener "Prioridad en las Contrataciones del Estado'' y en "las compras de insumos y provisiones a personas jurídicas o humanas del ámbito privado que incluyan en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero''. Asimismo el Banco Nación deberá promover líneas de crédito con tasa preferencial destinados específicamente a travestis, transexuales y transgénero.
Respecto a los medios de comunicación la regulación legisla la "equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de la diversidad sexual'' en los medios de comunicación audiovisual en cualquier plataforma y contempla un cupo para personas trans de cumplimiento obligatorio para los medios de gestión pública y somete a lo mismo al sector privado que desee contar con los beneficios de la pauta oficial.
Esta vigilancia de los privilegios se otorgaría mediante una especie de bula moderna intitulada certificado de equidad y para obtener este certificado los medios privados deberán elaborar anualmente un informe donde acrediten además, (para qué andar con chiquitas) el uso de lenguaje inclusivo en la producción y difusión de contenidos de comunicación además de las contrataciones ya citadas.
El futuro es claro: los cupos basados en el género o la elección sexual en los empleos comienzan por lo público y obligan luego a las empresas privadas. Ya pasó el año pasado con la constitución de sociedades. Esto implica pedir a los aspirantes a un trabajo una declaración jurada de su autopercepción y de su orientación o actividad sexual, lo que parece una broma si no fuera una burrada. Una discriminación positiva que sostiene que las mujeres y los LGBTI necesitan del subsidio social para sobrevivir. Al final ¿las mujeres éramos una especie inferior a la que hay que amparar por ser menos capaces que los hombres? ¿Los trans son incapaces de conseguir, por alguna dificultad insalvable respecto de su ser, un trabajo por sus propios méritos?
Y siguiendo este razonamiento: ¿Por qué deben pagar los sufridos esclavos fiscales de este país el gusto sexual de otros? Se abre acá un problema de fuste: si para conseguir un trabajo tengo que asumir que soy transexual o que me percibo mujer, en un país donde la pobreza supera la mitad de sus habitantes y donde la crisis reina, y con la simple declaración de autopercepción alcanza; no se necesita mucha cabeza para ver que se trata de un rediseño estadístico. En adelante cada uno dirá que se percibe lo que dé más beneficios y listo. Quien desee un trabajo, en todas las aplicaciones deberá marcar la crucecita de trans y esta población crecerá exponencialmente.
EL DESEO DEL AMO
La institucionalización de los privilegios legales y estamentales adosados a la persona por su condición sexual o de género, más allá de sus acciones, justifica un trato desigual para aquellos que no reúnan las marcas de identidad jerárquica de la pirámide social y por tanto sean merecedores legalmente de un trato desigual. Cuando la discriminacion y la arbitrariedad se vuelve la norma se ha asesinado a la República y toda justicia pasará por el deseo del amo (político, rey, presidente, el nombre es lo de menos).
Lo sorprendente es que estamos a pocos meses de una elección legislativa en la que los bandos contendientes que han votado juntos estos yerros clamarán ser distintos y necesarios para proteger el orden constitucional... sí, los mismos que se cargaron la igualdad ante la ley.
En dulce montón, los representantes de las formaciones políticas mayoritarias enchastraron en el lodo todo el sistema que dicen defender, imponiendo además sistemas coercitivos como el chantaje de la pauta oficial o mecanismos como el adoctrinamiento del lenguaje inclusivo descartado por todos los organismos especializados. ¿Para quién legislan?
Los privilegios son siempre a expensas de un tercero. En una sociedad donde la jerarquía estamental regula legalmente dichos privilegios no hay estado de derecho. Toda discriminación es negativa para los que no pertenecen al grupo privilegiado. Sólo 10 diputados se opusieron al proyecto de cupo trans que no encontrará obstáculos en Senadores. En cambio, en lo que se refiere a medios de comunicación, ya es ley la obligación de contratar personas en función de su sexo y orientación sexual con sólo 9 diputados votando negativamente. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros, significa que la inmensa mayoría de sus miembros prefiere la jerarquía estamental a la democracia republicana y esta semana lo dejaron bien claro.
Cámara de Diputados de la Nación.