Abogados constitucionalistas rechazaron las designaciones por decreto en la Corte
Los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez rechazaron hoy la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, al advertir que puede provocar una "grave crisis institucional".
Sabsay, que también es director de la carrera de Posgrado de Derecho Constitucional de la UBA, sostuvo que la decisión del Gobierno provocó "una grave crisis institucional".
El decreto del Presidente (Javier) Milei que nombra en comisión a los candidatos Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha provocado una grave crisis institucional. Espero que los contrapesos institucionales impidan que se concrete", remarcó el letrado desde sus redes sociales.
Por su parte, Gil Domínguez señaló que si bien existe en la Constitución "un mecanismo excepcional de interpretación y aplicación restrictiva" donde se le cede al Poder Ejecutivo "la potestad de designar a miembros" de la Corte en comisión, no es en cualquier caso sino "cuando se produzca una vacante durante el receso de la Cámara de Senadores, exista una situación inusual que lo justifique y casos que deben ser resueltos sin poder esperar a que se cumpla el procedimiento regular".
"Para el letrado, el Gobierno "no puede iniciar un mecanismo y si no obtiene los consensos necesarios recurrir al otro. Es más, una vez iniciado el mecanismo regular, el Poder Ejecutivo no está constitucionalmente habilitado para utilizar respecto de los mismos candidatos el mecanismo de excepción".
"De lo contrario, un Presidente podría utilizar indefinidamente el mecanismo alternativo sin requerir la aprobación de la Cámara de Senadores", advirtió.
Según el letrado, el decreto 137/2025 mediante el cual el Presidente designó a Lijo y a García-Mansilla "es nulo de nulidad constitucional absoluta e insanable" y, además, "inconstitucional" por cuanto no se verifican las circunstancias excepcionales que la Constitución exige para el nombramiento de jueces en comisión.
"El efecto de una designación con estas características transforma a los comisionados por el Poder Ejecutivo en jueces de facto que dañan la legitimidad democrática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la independencia del Poder Judicial, la fuerza normativa de la Constitución, el funcionamiento del orden institucional y la plena vigencia del sistema democrático", subrayó.