POR JUAN M. JAUREGUI *
Una vez más nos encontramos con una situación económica muy difícil y nos preguntamos cómo salir adelante. Para definir una estrategia, tenemos que analizar las causas. Los síntomas más graves son evidentes: inflación galopante, alto desempleo crónico y estancamiento.
Podemos pensar en causas de esos síntomas: inversión insuficiente, excesivo riesgo laboral para los empleadores, excesiva presión tributaria, excesiva emisión monetaria. Y esta última es la causa de la inflación, que retroalimenta los problemas de excesivo riesgo e ineficiencia, ambos disminuyendo la inversión y perpetuando el estancamiento. Y cuál es la causa principal de la alta emisión: el altísimo déficit fiscal. Y dado que la presión impositiva no es baja, este altísimo déficit fiscal se debe al excesivo gasto público.
Cualquier estrategia que logre sacar adelante al país tendrá que incluir, como componente necesario, una disminución del gasto público. El gasto público primario osciló entre el 22 y el 26% del PIB en los noventa, y luego de una reducción a 22% en 2002, se incrementó gradualmente hasta un pico de 42% en 2016.
Tres componentes contribuyeron de manera similar al crecimiento del gasto: salarios, jubilaciones y transferencias al sector privado, incluyendo subsidios para servicios públicos. El resultado fue un nivel de gasto mayor que el de los países de la región y muy por encima de lo que se observa para países con similar ingreso per cápita.
El aumento del gasto en el gobierno kirchnerista causó un aumento sostenido de la inflación. Vemos cómo una década de gasto relativamente estable coincidió con una inflación controlada, mientras que una década de gasto creciente coincidió con una inflación creciente. Un gasto persistente en niveles excesivos coincidió con una inflación galopante y persistente
El gasto público primario a fines de 2020 estaba a casi 40% del PIB, el mayor entre las economías más importantes de Latinoamérica y 10 puntos porcentuales por encima del promedio. Claramente un nivel excesivo que debe ser reducido como parte de cualquier plan económico sustentable. En 2020, el gobierno aumentó el gasto en 18%, es decir 6 puntos porcentuales del PIB. No hubo un incremento comparable en más de veinte años. Seguramente habrá quienes digan que esto era necesario en tan difícil año. No estoy de acuerdo. México, Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, todos aumentaron el gasto menos que Argentina. Esto nos deja con una deuda pública de más de 100% del PIB a fines de 2020, la mayor de Sudamérica, después de Venezuela.
Ahora debemos preguntarnos cómo podemos bajar el gasto público. En este caso, la inflación puede ser una ayuda. Uno puede "sentarse sobre el gasto y dejar que la inflación haga su trabajo''. Es decir, tratar de minimizar los aumentos nominales de los componentes del gasto que uno quiere reducir para que crezcan menos que la inflación, bajando como proporción del PIB mientras disminuyen en términos reales, aunque puedan estar aumentando en términos nominales. El crecimiento real de la economía también ayudará si uno tiene la decisión de resistir el crecimiento nominal del gasto.
Otra consideración está relacionada con cuánto bajar el gasto público. Un criterio simple podría ser el reducirlo en medida comparable a lo que creció en los últimos años. Si el gasto bajara 3 puntos porcentuales del PIB por año, uno podría bajar 6 puntos porcentuales en dos años, casi eliminando el déficit primario. Un plan así sería una excelente noticia, que ayudaría notablemente en la negociación con el FMI y reduciría la incertidumbre en los mercados.
Por último, nos quedaría por definir cuáles componentes del gasto eliminar. Sin duda el gasto político debería ser el objetivo. Dado que gran parte del gasto político se efectúa como salarios, este debería ser el principal objetivo. Debería también reducirse de manera importante las transferencias a las provincias, ya que gran parte del gasto político se realiza en el nivel subnacional.
Las transferencias al sector privado, que incluyen los subsidios a servicios públicos, también deberían ser prioridad en el objetivo de reducción del gasto, ya que introducen distorsiones en los mercados que disminuyen la eficiencia de la economía. Sin embargo, estas reducciones deben hacerse de forma tal que los aumentos de tarifas sean graduales para dar tiempo a los usuarios a cambiar patrones de consumo.
El plan no es tan difícil de pensar ya que en gran parte se reduce a desandar el camino andado, revirtiendo la política fiscal expansiva y rediciendo el desequilibrio fiscal, lo que se traducirá en una reducción del desequilibrio monetario, y que ayudará a restablecer el equilibrio externo. También, al reducir el riesgo, la presión tributaria, la ineficiencia y las distorsiones microeconómicas ayudará a aumentar la inversión privada y aumentar la eficiencia, impulsando el crecimiento. Esperemos que este gobierno se decida a tomar esta senda lo antes posible.
* Economista del IAE Business School de la Universidad Austral.
