Imputan al Presidente, a Fabiola Yáñez y a los invitados a la fiesta de Olivos

El fiscal federal Ramiro González le notificó formalmente al presidente Alberto Fernández que está "imputado" en la causa por la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos durante la primera etapa de la pandemia, en violación a su propio decreto que prohibía las reuniones sociales. González formalizó la imputación "a los fines de garantizar debidamente sus derechos de defensa".­

El fiscal apeló a una fórmula contenida en el Código Procesal Penal, que establece los "derechos del imputado" y representa una suerte de invitación a formular descargo y proponer prueba.­

La resolución del fiscal se produjo en simultáneo a la presentación del escrito del Presidente pidiendo su sobreseimiento y ofreciendo, subsidiariamente, donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán.­

Luego de casi dos semanas de investigación, el fiscal los encontró responsables de la violación al DNU presidencial que prohibía no sólo los encuentros sociales sino también la circulación por la zona del AMBA de toda persona que no estuviera cumpliendo tareas esenciales para la salud pública.­

"Considero que en este estadio del proceso corresponde formalizar la investigación descripta contra el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Angel Fernández", explicó el fiscal.­

La medida alcanza también a la primera dama y a todos los demás asistentes a la celebración, que tuvo lugar el 14 de junio de 2020, en el momento más estricto de las restricciones por la crisis sanitaria generada por el covid-19.­

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PRESENTACION­

Previo a la resolución del fiscal y con la presentación del escrito de ayer, Fernández ya se había asumido tácitamente como imputado pues, de hecho, pidió su sobreseimiento. Mediante un escrito de 36 páginas remitido por vía digital al juez Sebastián Casanello, el jefe del Estado reconoció que la celebración "fue un encuentro que jamás debió haber ocurrido, producto de la imprudencia, pero que en modo alguno puede constituir un delito".­

"El momento particular de la foto que trascendió, tal como se reconoció desde un comienzo, fue la excepción dentro de la reunión donde fuera de ese momento concreto se respetaron los protocolos controlados por el personal asignado a la quinta de Olivos", añadió en el escrito.­

Como abogado en causa propia -dejó de lado a su letrado Gregorio Dalbón-, Alberto Fernández postuló como "reparación" por el "peligro abstracto" de la reunión, donar al Instituto Malbrán "el equivalente a la mitad de su salario como Presidente, durante cuatro meses en forma consecutiva".­

Esa reparación está contemplada en el mecanismo de "conciliación", previsto en el Código Penal. "Vengo a interponer excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad, a fin de que se haga lugar a la presente y, en consecuencia, dicte mi sobreseimiento", le pidió el Presidente al juez.­

Según el Presidente, "la conducta enrostrada no encuadra en una figura jurídico penal sustantiva alguna", por lo que reclamó que se dicte su sobreseimiento "declarando en consecuencia que el proceso no afecta el buen nombre y honor".­

Fernández negó que la celebración hubiera puesto "en peligro la salud pública, en general, ni poner en peligro el estado de bienestar de ninguno de los presentes", incluido el suyo propio.­