Declaró un ex gendarme acusado de apropiarse de un bebé
Victor Enrique Rei señaló que "no existen antecedentes en el mundo, ni siquiera en la Rusia de Stalin, de que a alguien que ha adoptado un huérfano y lo crió sea juzgado por eso 30 años después". Antes del juicio siempre había señalado que se trataba de su hijo biológico.
Un comandante mayor retirado de la Gendarmería, que es enjuiciado por el robo de un bebé a una pareja de desaparecidos durante la dictadura militar, admitió hoy haber "adoptado a un huérfano", pese a que hasta ahora había asegurado que se trataba de su hijo biológico.
"No existen antecedentes en el mundo, ni siquiera en la Rusia de Stalin, de que a alguien que ha adoptado un huérfano y lo crió sea juzgado por eso 30 años después", se quejó el ex alto jefe de la Gendarmería Nacional, Victor Enrique Rei, al prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6).
Entonces el abogado de la querella por Abuelas de Plaza de Mayo, Luciano Hazan, en el turno de preguntas, lo interrogó sobre cómo sabía de que se trataba de un huérfano y Rei dudó unos segundos en contestar hasta que respondió: "Por qué está en la causa. Si tiene el padre muerto es un huérfano".
El gendarme retirado, de 68 años, que dijo cobrar 3.500 pesos de jubilación y cumple prisión preventiva en la prisión federal de Marcos Paz desde 2004, pareció entender que sus palabras podrían volverse en contra suyo y de inmediato quiso enmendarlo: "Yo no dije que adopté a ningún bebé huérfano".
El TOF 6 enjuicia Rei por la presunta apropiación de Alejandro Adrián, actualmente de 30 años de edad, que según las exámenes del ADN realizados en el Banco Nacional de Datos Genéticos es hijo de Liliana Celia Fontana y Pedro Sandoval, secuestrados en 1977 y desde entonces desaparecidos.
La pareja, que militaba en el Frente Revolucionario 17 de octubre, fue a parar al centro clandestino de detención Club Atlético, que funcionaba en las dependencias de la Policía Federal, por entonces ubicadas en las avenidas Paseo Colón y Garay, bajo la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército, y Liliana Celia dio a luz en la ESMA en diciembre de 1978.
La ex presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, y dos tías del joven radicaron la denuncia que dio origen a esta causa, y durante la instrucción el ex jefe de Gendarmería aseguró ser padre biológico del chico y presentó documentación falsa en un intento por acreditarlo.
Entre otros, aportó un acta de nacimiento firmada por el médico cardiólogo Julio Cesar Cáceres Monié -ya fallecido y hermano del general Cáceres Monié-, en la que se aseguraba que el niño nació en el Hospital Militar, aunque luego, al declarar, Rei dijo que el alumbramiento había sido en una clínica privada de un domicilio que más tarde se comprobó inexistente.
Inclusive el ex jerarca de Gendarmería aportó una foto de su esposa, Alicia Arteach, al momento, según él, nunca se comprobó su estado de gravidez.
La mujer ha sido declarada insana mental por la Justicia y permanece en su domicilio a disposición del tribunal.
Egresado en 1973 de la Escuela de las Américas que Estados Unidos tenía en el Canal de Panamá y donde estudiaron la mayoría de los dictadores latinoamericanos, Rei es "Miembro Honorario" de la rama de inteligencia del Ejército estadounidense, y egregó de la Escuela Superior de Guerra. A mediados de los años 70, según consta en la causa, actuó en el llamado "Operativo Independencia" en la provincia de Tucumán a las órdenes de los generales Andel Vilas y Domingo Bussi, más tarde estuvo destinado en la sede del I Cuerpo en Campo de Mayo, para pasar a cubrir más tarde diversos destinos en Gendarmería hasta su retiro en 1990.
Sin embargo, hoy intentó relativizar esos datos de su currículum con declaraciones ambiguas al asegurar que "nunca estuve en un caMpo de concentración ni me dediqué a la contrainsurgencia o contraguerrilla".
Rei está acusado, en principio por los presuntos delitos de "sustracción, ocultamiento y retención de un menos de diez años, supresión del estado civil, y falsedad ideológica de documento público", por los cuáles en una hipotética condena podría recibir hasta 15 años de prisión.