ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner solicitó hoy ir "de inmediato" a juicio oral y público en la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, a través de la firma del memorándum de entendimiento firmado entre la Argentina e Irán durante su gobierno.
Los abogados de la ex mandataria, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, contestaron la vista corrida por el juez federal Claduio Bonadio y, tras decirle que no esperan nada de él, solicitaron que el caso pase a juicio oral lo antes posible.
"Nuestra asistida ya ha expuesto frente a esa autoridad judicial que `de usted ya no espera nada´, por lo que no le solicitaremos el dictado del sobreseimiento que se impone", sostuvieron los abogados en el escueto escrito con el que dieron atender que la ex presidenta confía en revertir su situación judicial ante un tribunal oral.
"Es entonces su voluntad que la causa avance de inmediato a la próxima etapa para que ello se demuestre en un juicio oral y público, y la arbitrariedad de su acusación quede expuesta frente a toda la sociedad", remarcaron.
Cristina Kirchner fue procesada por Bonadio por el supuesto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados de orquestar el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994, y pesa sobre ella un pedido de desafuero para su posterior prisión preventiva.
Rúa y Peñafort aseguraron en su escrito que "son falsas y se encuentran contradichas por la prueba colectada" las acusaciones contra la ex mandataria, y que lo mismo ocurre con el ex canciller Héctor Timerman, el detenido ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y otros 10 procesados.
Por esta causa también se encuentran procesados con prisión preventiva los dirigentes políticos Luis D´Elía y Fernando Esteche, y el supuesto referente de la comunidad islámica argentina Jorge "Yussuff" Khalil.
Sin prisión preventiva fueron procesados el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena; el diputado nacional Andrés Larroque; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; y el supuesto espía Allan Bogado.
La investigación se originó a partir de la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberrto Nisman contra la ex presidenta el 14 de enero de 2018, cuatro días antes de aparecer muerto en el baño del departamento que habitaba en el barrio porteño de Puerto Madero.
El fiscal especial del caso AMIA había denunciado que el gobierno anterior promovió el memorándum de entendimiento con Irán, con el objetivo de "hacer caer las alertas rojas que pesaban sobre los ciudadanos de ese país acusados por el atentado" y reflotar las relaciones comerciales.