Renunció el subsecretario general de la Presidencia, denunciado por supuesto lavado de activos
Valentín Díaz Gilligan era cuestionado por no haber declarado su participación en una sociedad radicada en el Reino Unido con una cuenta en la banca del Principado de Andorra.
El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó hoy su renuncia al cargo, informó un portavoz gubernamental.
El funcionario fue cuestionado por no haber declarado su participación en una sociedad radicada en el Reino Unido con una cuenta en la banca del Principado de Andorra.
El diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció ante la justicia federal por presunto lavado de activos al ex subsecretario general de Presidencia, a raíz de la investigación periodística del diario El País de España que reveló que el funcionario argentino poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta de un banco de Andorra.
La denuncia del diputado kirchnerista, que también solicitó que se investigue a Díaz Gilligan por supuesta "omisión maliciosa" por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos, cayó en el juzgado de Claudio Bonadio y tendrá como fiscal a Alejandra Mangano.
"Díaz Gilligan, mínimamente habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad", sostuvo Tailhade.
"Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País", sostuvo el denunciante tras citar la nota completa publicada el fin de semana por el diario español.
"No podemos soslayar que en su `defensa´ el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra", remarcó el diputado kirchnerista.
"Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave. La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político", remarcó.
El delito de lavado de dinero tiene una pena de 3 a diez años de prisión y prevé una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación.
En su defensa, en declaraciones a distintos medios, el funcionario renunciante había dicho que "no hay fondos públicos involucrados" en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra.