El Gobierno reclama al juez el desalojo de los mapuches en el predio tomado cerca de Bariloche

El jefe de Gabinete Marcos Peña renovó hoy sus críticas contra el juez Gustavo Villafañe por "no haber podido asegurar las pruebas para saber qué pasó" durante el operativo de desalojo del sábado último en la zona del Lago Mascardi, en el que resultó muerto el joven de origen mapuche Rafael Nahuel, y aseguró que la comunidad que se instaló en el lugar "se ha caracterizado por su violencia".

Peña manifestó así el descontento del gobierno, en una conferencia de prensa que ofreció en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, tras la reunión del Gabinete nacional que encabezó el presidente Mauricio Macri esta mañana.

"Estamos hablando de un operativo judicial ocurrido el fin de semana y ordenado por un juez (Villafañe) y una fiscal, en el que las fuerzas de seguridad actuaron de auxiliar de la justicia, y da la sensación de que no es lo ideal que en una circunstancia así no se pueda ir al lugar y consolidar las pruebas y la información para poder completar el objetivo de la manda judicial", evaluó Peña.

En ese marco, el jefe de Gabinete remarcó que "es muy importante el no haber podido asegurar las pruebas y el lugar como para saber qué paso", afirmó que esa situación "genera una preocupación" en el gobierno y sostuvo que "hoy lo importante es seguir trabajando en el foco de este tema".

Peña distinguió que se está hablando de un desalojo "en un parque nacional" y "de un grupo que se ha caracterizado por su violencia y que no tiene nada que ver con el accionar de la inmensa comunidad de mapuches que no han tenido esta actitud".

Por eso, Peña expresó que el Gobierno nacional "espera que se pueda trabajar de manera articulada y con objetivos claros para evitar cualquier situación de confusión".

En cuanto al operativo que se realizó el fin de semana, el funcionario explicó que el personal de la Prefectura "volvió de ejercer la manda judicial, se entregaron las armas y se pusieron a disposición y tengo entendido que el juez puso a trabajar a las otras fuerzas allí presentes".

En el marco de la conferencia de prensa, Peña destacó que el Gobierno "pasó el tema indígena al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sacándolo de la mirada asistencial", y puso de relieve que se avanzó en el "relevamiento de tierras y se ha prorrogado la ley para que no se avance en los desalojos".

"Distinta es la cuestión de este grupo violento que reivindica la acción violenta" y que "se niegue al diálogo", precisó Peña, quien también diferenció que "la mayoría de la comunidad local no acompaña el accionar violento ni esa metodología".

Asimismo, respecto del accionar violento, precisó que "hay más de 70 atentados que se han generado y hay una actitud de violencia y de no diálogo, la misma actitud que se generó en las últimas semanas cuando no se permitió el ingreso del juez y la fiscal a dialogar".

"Estamos hablando de un grupo, al igual que lo ha reivindicado Jonas Huala (uno de los líderes del grupo RAM) y otros, y que tiene que ver con un accionar violento; de eso no hay mucha duda", finalizó Peña.