Por fin un plan económico salvador

Siempre que se analiza la situación económica del país y su empecinada decadencia, se le pide al gobierno un plan que muestre cómo piensa salir de este vórtice que conduce a un agujero negro o a una catástrofe de dimensiones impensadas. El FMI, que empezó pidiendo tibiamente aunque fuera una hoja de ruta, se pone más nervioso a medida que ve los números. Ayer decidió ser más contundente: pidió un plan consensuado entre todos los factores de poder que muestre un camino que permita la recuperación del país. 

El Fondo, para pasarlo en limpio, le ha dicho al gobierno que no va a concederle nada con el actual estilo de gobernar y modelo de gasto loco. También, en un lenguaje casi insultante, han reclamado un plan serio los bonistas del ex default, pese a que no pueden alegar ignorancia de los hábitos de la contraparte cuando aceptaron el canje. Es cierto que ni los más pesimistas esperaban una precipitación del desenlace tan rápida, lo que va a licuar sus tenencias y, sobre todo, les encarecerá deshacerse paulatinamente de ellas como era su plan. También los economistas están pidiendo un plan serio, no un presupuesto dibujado como el actual, en el que no creen ni sus propios caricaturistas. 

Es irónico que un gobierno con tantos enamorados de la planificación central no tenga un plan, pero como se trata de una cooperativa polifamiliar de objetivos múltiples es de alguna manera comprensible. El sistema está plagado de hijos, esposas, nietos, sobrinos, amantes (léase la vocal E como plurigenérica) sin demasiados conocimientos, pero con una firme vocación de enriquecimiento y de exhibirse como adalides de cientos de causas disociantes y agrietantes, como si eso constituyera un valor en sí mismo. 

Asumir un milagro

Pero, por un momento, y como buenos economistas, cabe hacer el ejercicio de asumir un milagro y suponer que hay un plan posible de confeccionar y luego acordar en una especie de pacto de la Moncloa, esa polución diurna que los argentinos imaginan desde siempre, y ahora también sueña el FMI. Imaginemos como podría ser ese plan económico, expresado en una serie de medidas y compromisos del gobierno y el sistema político con la sociedad, aquí detalladas. 

- Postergar hasta el próximo período presidencial cualquier decisión, debate o proyecto de ley sobre la composición de la Corte y el número de sus miembros. Determinar que, en caso de renuncia, muerte o retiro por jubilación de un juez, su reemplazante deberá ser elegido de entre una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura al presidente de la Nación, y aprobado por los dos tercios del total de los senadores. Por única vez, si un ministro llegase a los 75 años o de edad o gozase de una prórroga en tal sentido, al vencimiento de la misma podrá optar por permanecer por un período más. 

- Confirmar en su cargo al actual Procurador General de la Nación interino. 

- Acordar entre el gobierno y la oposición la forma de designar los jueces faltantes. 

- Modificar el Consejo de la magistratura para que no exista mayoría del poder político dentro del mismo, de modo de retomar el espíritu constitucional. 

- Establecer el requisito de la participación del Consejo de la Magistratura en cualquier proceso de juicio político que se inicie en la Cámara de Diputados contra un juez de cualquier fuero o jerarquía.  

- Consensuar con la oposición el sistema de reuniones de la Cámara de Senadores y Diputados, revisando las situaciones conflictivas existentes y las originadas en la cuarentena y las medidas correlativas.

- Conformar una comisión bicameral consensuada que estudiará una reducción importante de los plazos procesales y las metodologías a utilizar en apoyo de ese objetivo, con sanciones por incumplimiento de los fiscales, jueces y partes en los casos en que no se cumplieran. 

- Declarar a cualquier tipo de toma, usurpación, apoderamiento, bloqueo o piquete que impida el acceso, de terrenos, edificios, viviendas, campos o cualquier otra propiedad inmueble, como delito flagrante, para que así lo considere obligatoriamente cualquier juez o autoridad policial o de seguridad. Esto tendrá validez cualquiera fuera la causal esgrimida o el formato institucional de los reclamantes. Ningún predio de país puede ser ocupado y cualquier derecho que se esgrima sobre el mismo debe ser previamente declarado por un juez. El simple título de propiedad da derecho al propietario a solicitar el desalojo inmediato de cualquier persona o grupo que invada su posesión, y debe ser concedido con tratamiento urgente por cualquier juez competente, y las fuerzas policiales deben actuar de inmediato para proceder al desalojo, sin poder alegar que no se presenció la toma o que no se trata de un acto de flagrancia. La presencia de intrusos en una propiedad configurará per se un acto de flagrancia, y cualquier construcción realizada por los ocupantes será demolida en trámite sumario. 

- Se procesará por delito a cualquier persona que, a cualquier título, promoviera, dirigiera, encabezara o incentivara tomas o acciones similares. Si en esa tarea interviniesen varias personas, serán procesadas por asociación ilícita, en concurso real. 

- Ratificar que ningún lugar del territorio del país queda fuera de la jurisdicción legal, policial o gubernamental de las leyes de la república. Se reiterará como delito toda declaración o acción que contradiga este principio. Todas las ocupaciones, tomas, cercos, apoderamientos, gobiernos informales, asentamientos de tribus originarias o no, auténticas o no, que no hayan sido específicamente concedidos por un acto válido de gobierno, carecerá de entidad y sus ocupantes serán considerados en la misma situación que los incursos en el punto anterior.

- Reactivar la actuación como parte de la Oficina Anticorrupción en los juicios que le atañen, y poner a su cargo a un funcionario designado por la oposición. 

- El gobierno nacional y los provinciales acordarán el apoyo decidido a sus fuerzas de seguridad y procederán a reformar los sistemas legales que consideran a priori como delincuentes a los miembros de esas fuerzas. Eso no implica la tolerancia a actos ilegales de ningún tipo. Se procederá al equipamiento con armamento disuasivo tipo Taser de las fuerzas de seguridad.  Se reemplazará a la ministra de Seguridad de la Nación. 

- Se pacta que en la primera reforma Constitucional que tenga lugar, se suprimirá la cláusula que otorga jerarquía constitucional a cualquier tratado internacional que el país haya firmado o firme, de modo innominado y retroactivo. Mientras tanto, la CN y la Corte tendrán preeminencia sobre esos tratados. 

- Se procederá a cerrar el observatorio denominado Nodio, y también todo otro observatorio creado en el pasado por cualquier gobierno, con la denominación, objetivo o formato que fuese y a disolver su planta de personal, oficinas y estructura de gastos de cualquier tipo. 

 Contrato social

Hasta aquí el lector estará sorprendido de no encontrar medidas económicas, control de cambios, gastos, nivel de reservas, reglas enseñando a los mercados lo que los mercados saben hace siglos. Sin embargo, es este tipo de normas, este pacto, este contrato social el que se ha perdido y ahora con el peronismo encuarentenador todavía más. Al no haber justicia, nadie está seguro de su derecho ni de sus bienes. La vida es provisoria, precaria, insegura, carece de sentido tomar riesgos y hacer esfuerzos para mejorar. Al relativizar el derecho de propiedad, tanto sobre el dinero como sobre los bienes, la economía cede, pierde su razón de ser, el ser humano se vuelve un animalito sin estímulo y la inversión, el ahorro, carecen de sentido. Se repite que el principal factor en la economía es la confianza. La primera confianza es en el derecho y en la propiedad. Sin ese derecho, el concepto de valor, de precio, de futuro, de eficiencia y de industria en sentido amplio, carece de todo significado. 

Por varias décadas los gobiernos argentinos han seguido caminos populistas, repartiendo el dinero ajeno o repartiendo derechos, como ocurre con las ocupaciones. El yrigoyenismo primero y el peronismo en un grado mayor, recurrieron a satisfacer instantáneamente a las masas repartiendo los derechos ajenos. Los demás gobiernos, militares o no, se sintieron atrapados en ese juego y trataron de combatir populismo con más populismo. En ese proceso destrozaron la justicia. Cabe recordar que durante los años de Menem, entre Cavallo y Liendo arrasaron con el derecho administrativo. Cuando el populismo se queda con poco para repartir, y en el afán de hacerse perdonar sus abusos de corrupción, suele repartir tolerancia o negacionismo, lo que empeora el diagnóstico. 

Por supuesto que semejante panorama se agrava con el manoseo desaprensivo, disolvente y perverso de Cristina Kirchner que está demoliendo no sólo el sistema judicial sino el sistema institucional, y  el sistema de derechos de propiedad. Que no es equiparable al supuesto derecho de género, ni al de los reclamos feministas, ni a cualquier otra bandera de protesta en cualquier sentido que se quiera alzar, con toda la legitimidad que ello pudiera tener. Sin la libertad y las garantías sobre la propiedad que sólo brinda una justicia efectiva e imparcial, no hay economía ni sociedad organizada. Eso se nota más cuando, como en el caso argentino ahora, hay que empezar de nuevo. Allí se advierte claramente que los cimientos se han desmoronado. Nada se puede construir sobre ellos. 

 

Sin ese orden social, ese contrato social del que Cristina habla, pero no comprende, no hay economía. Porque no hay sociedad. La grieta es sólo un síntoma de esa verdad. Argentina no tiene que hacer un plan para reconstruir su economía. Tiene que hacer un proyecto para reconstruir su sociedad. 

Cláusulas más concretas

Por supuesto que se pueden agregar cláusulas más concretas y prácticas al imaginario plan que está inventando hoy esta columna. Que acercarían al país al mundo al que importa pertenecer, en línea con una reconstrucción de principios. También medidas puntuales que pararan el populismo y el robo descarado en el sistema burocrático y en la sociedad empresaria-estatal que dirige el país: 

- Se descarta cualquier proyecto en estudio, en elaboración o presentado que tienda a controlar, reglamentar, vigilar o restringir la opinión o la libertad de prensa, en todos sus formatos. Se requerirán dos tercios de ambas cámaras para aprobar cualquier disposición relacionada a estos aspectos. Se reducirá al único uso informativo todos los medios públicos manejados por el Estado. Se adaptarán las dotaciones a estas tareas, que deberán componerse exclusivamente de profesionales con probada trayectoria. 

- Se procederá a apoyar las declaraciones del grupo de Lima y de la OEA sobre la necesidad de tomar más acciones concretas para forzar al gobierno de Venezuela a abandonar sus prácticas dictatoriales y convocar a elecciones libres. 

- Se procederá a oxigenar y renovar el equipo de gobierno, empezando por el ministerio de Salud y el de Economía. 

Un punto interesante. ¿Permitiría el peronismo que por ejemplo el inútil y comprometido ministro Ginés González fuera reemplazado por Hernán Quiroz, un paso que sería importantísimo para restaurar alguna confianza en el estado y una monumental señal? ¿Lo permitiría la socia de Ginés? 

Otro punto: con este gobierno y con estás no reglas, ¿alguien capaz y decente aceptaría ser ministro de Salud, ministro de Economía, o cualquier otro cargo? 

La hoja de ruta

Por supuesto que, algunos escalones más abajo, el plan imaginario, la hoja de ruta que pide Georgieva puede contener varias reglas que recreen la confianza, pero después de restaurar la fe en la ley y el derecho. Para citar algunas:

- Retirar el proyecto de impuesto a la riqueza y declarar que durante el presente mandato presidencial no se impondrán nuevos impuestos en todas las jurisdicciones. Retrotraer los que se hayan aplicado. 

- Reponer el ajuste jubilatorio a jubilados con aportes completos determinado por la Corte Suprema. 

- Se sancionará con cinco años de prisión la destrucción o robo de cualquier implemento agrícola, depósito, silo, almacenamiento o envases de cualquier tipo.

- Se congela el gasto del Estado en todas las jurisdicciones del país. Se establecerá una regla fiscal con el consenso de todos los partidos y la Corte Suprema que prohíba confeccionar y ejecutar presupuestos deficitarios. Se confeccionará un presupuesto de 4 años convergente a esos efectos. El incumplimiento merecerá sanciones penales. Lo mismo se aplicará en todas las jurisdicciones provinciales y municipales. 

- Se reducirán 20% los sueldos de todos los funcionarios en cargos electivos.

- Se restituye la coparticipación existente al 10 de diciembre de 2019 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los partidos y el gobierno se comprometen en el término de un año a sancionar una ley de coparticipación como lo establece la Constitución Nacional de 1994.  

Hay otros temas más difíciles de poner en el pacto de la Moncloa telúrico, como el dejar de crear ministerios enteros para fomentar los movimientos de odio y división, dejar de presionar a la justicia y de colocar miembros del Instituto Patria y La Cámpora como auditores dentro de la administración. O dejar de designar familiares y anexos inútiles en cargos que requieren idoneidad, pero eso sería demasiado pedir e imposible de verificar. También silenciar a su Santidad y a Georgieva sería imposible de plasmar en palabras. Pero necesario. 

Seguramente el lector ya ha llegado a la conclusión de que esta es una enumeración de imposibles. Pero simultáneamente, es el detalle de todo lo que se ha perdido. De todos los requisitos que conforman una sociedad. Y de nuevo, que enmarcan la acción humana sobre la que se cimenta la economía. Lo que se llama confianza, en definitiva, es la convicción automática y ancestral de que los individuos que conforman un país se comportarán de una cierta forma, las leyes funcionarán de una cierta forma, los premios y castigos se otorgarán de un modo habitual, el mérito será premiado y el delito castigado. 

Sin esa seguridad, con ciudadanos que ocultan que están contagiados con COVID por miedo a que una internación les signifique la ocupación de su casa, con agricultores que pierden el campo de toda su vida, con improvisados que destruyen ahorros, roban jubilaciones, ponen impuestos como quien juega, prohíben y permiten según mejor les parezca, juegan con los destinos de cada familia como si jugaran con una Barbie, roban al Estado y arrojan su odio sobre las empresas exitosas, amenazan, niegan la condición de ser gente a los que protestan, con un presidente enojado, encolerizado a veces, en el que nadie cree, con el odio destilando y adivinado en cada medida, no hay economía. La lectora tiene razón. Este plan es imposible de lograr. La columna también tiene razón. Sin recuperar esos valores esenciales no hay salida. 

Sin libertad, sin propiedad, sin seguridad, la economía es un juego de Monopoly en el que todos saben que no son dueños de nada, las propiedades son un cartón pintado y los billetes son papelitos sin valor. De eso, en una gran parte, es culpable y responsable Cristina Fernández de Kirchner. Por eso el último punto de este imaginario plan-acuerdo, consta sólo de dos renglones.

- La vicepresidente de la Nación solicitará licencia extraordinaria irrevocable sin goce de sueldo hasta el fin de su mandato, comprometiéndose a no participar en política en ese período.