El drama de los talleres clandestinos

Ruidos de máquinas de coser funcionando día y noche, salidas bloqueadas, puertas con candados, retazos de tela en la basura. Adentro, extensas jornadas de trabajo, salarios paupérrimos, hacinamiento y ausencia total de condiciones mínimas de seguridad e higiene. La trata de personas y el trabajo esclavo no son la excepción del sistema, sino su ley: el 78% de las prendas que se fabrican y venden en el país proviene de talleres clandestinos, según denunció la fundación La Alameda.

La última investigación seria sobre la fabricación ilegal de indumentaria la realizó en 2016 el fiscal federal Federico Delgado, quien estableció que existía una zona prácticamente liberada en Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda.

"Hay talleres que se cierran y otros que abren todo el tiempo, pero de forma estable son unos 3.000 en la Ciudad. Para evitar controles y por las denuncias que fuimos haciendo en estos años, muchos se fueron mudando a la Provincia y otros se fueron reconvirtiendo: si bien siguen manteniendo prácticas de explotación, al menos han mejorado en algo las condiciones de seguridad e higiene, pero fundamentalmente por temor a los incendios, que significan pérdida de producción", graficó Tamara Rosemberg, una de las fundadoras de La Alameda y de la cooperativa "20 de Diciembre", compuesta por costureros escapados de talleres clandestinos.

"En la gran mayoría de los talleres existe trabajo esclavo. Hay marcas que tercerizan una parte de la producción en una fábrica habilitada o una cooperativa, que cumple con las jornadas laborales y tiene todo en regla, pero el grueso de la producción lo terceriza en un intermediario que a su vez lo distribuye en locales clandestinos. Cien por ciento limpia no hay ninguna marca", sostuvo la fundadora de la organización que ya denunció a 112 firmas por esclavitud y trata.

"En los negocios de Avellaneda, en Flores, se puede comprar remeras por 100 pesos, cuando solamente en tela el costo asciende a los 60 pesos. Es irrisorio que un local que paga alquiler e impuestos venda a esos precios. Eso te marca que hay trabajo esclavo. Las grandes marcas también pagan miserias, pero se quedan con un margen mayor", subrayó.

Según explicó Rosemberg, el mercado textil se modificó profundamente en los "90 cuando cerraron las grandes fábricas y se comenzó con la tercerización de la producción. "Hoy las grandes marcas tienen solamente el diseño, la logística y la administración, pero todo lo que es confección y terminaciones está en manos de intermediarios que a su vez vuelven subcontratar en talleristas", contó.

"El 70 por ciento de las licitaciones de indumentaria que hace el Estado porteño, como los uniformes de la Policía Metropolitana, cae en empresas fantasmas, sin empleados, que en realidad sirven de fachada para ocultar talleres clandestinos", dijo Rosenberg.

La tercerización, en principio, no es ilegal. La Ley 12.713 de Trabajo a Domicilio habla de la "solidaridad del dador de trabajo", por lo que las marcas son responsables de las condiciones en que se producen sus prendas. "Lo que es ilegal es la falta de controles que impidan las muertes en incendios o por tuberculosis, por las malas condiciones de salubridad", enfatizó Rosemberg.

"En los casos más extremos, hay trata, donde la gente no puede salir. A La Alameda llegó una mujer que dio a luz al lado de la máquina de coser y no pudo escapar hasta que el bebé cumplió un año -graficó Rosemberg-. En la mayoría de los casos, la gente llega por su cuenta o viene por el contacto de un amigo, y se queda en el taller sin saber que es clandestino. Allí lo tienen trabajando 15 horas y cuando llega el día de pago, les descuentan la vivienda y la comida. Eso es servidumbre por deuda".
"También hay casos en los que no hay trata ni reducción a la servidumbre, pero sí trabajo en malas condiciones de higiene y seguridad y falta de pago. Aunque la gente puede entrar y salir, al no tener otra posibilidad laboral, se somete voluntariamente a esas condiciones. Muchos de los que salen de la situación de trata y son asistidos por el Estado, vuelven a someterse en otro taller, porque no tienen otra alternativa", narró.
La gran mayoría de los talleres clandestinos tiene mano de obra boliviana. "En muchos casos los dueños son bolivianos que fueron trabajadores de talleres y en otros se trata de simples testaferros de las marcas, que ponen todo a nombre de alguien de la colectividad para generar confianza en los costureros -explicó-. También existen talleres formados por grupos familiares que tratan de sobrevivir y se autoexplotan".

LA CRISIS
Uno de los fenómenos más novedosos es que, gracias a la crisis económica que atraviesa el país, una gran cantidad de talleres cerró el último año y muchas familias bolivianas comenzaron a regresar a sus ciudades de origen.
"Con la suba de la materia prima, la caída del consumo y el ingreso de ropa importada, que también procede de mano de obra esclava, hay una crisis total en el sector textil que repercute en el cierre de talleres y la profundización de los niveles de precarización en los que quedan. La mayoría de los talleristas está desesperada para volverse a Bolivia", contó Rosemberg.

Entre las propuestas de solución para erradicar el trabajo esclavo, La Alameda propuso en la Legislatura dos proyectos de ley que fueron desestimados por el cuerpo: uno apuntaba a determinar la "trazabilidad de la cadena de valor", desde la prenda hasta el taller donde se hizo, y el otro, la construcción de polos textiles integrados por cooperativas.
"Con la "auditoría de marcas", las empresas deberían presentar el listado de costureros que los proveen", dijo.