Representantes de distintas ONG expresaron ante la Iglesia su preocupación por los derechos humanos de militares y policías "ilegalmente detenidos" por cargos de crímenes de lesa humanidad en el marco de una "escandalosa" persecución política, y pidieron a los obispos alzar su voz para que pueda restablecerse en el país la justicia y el perdón que emanan del Evangelio.
Más de una decena de entidades encabezadas por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia fueron recibidas en la sede de la Conferencia Episcopal por el secretario de su Comisión Ejecutiva, monseñor Carlos Malfa, obispo de Chascomús, y por monseñor Jorge García Cuerva, obispo auxiliar de Lomas de Zamora.
Del encuentro, que se desarrolló el miércoles último en un clima distendido, participaron además representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (Afavita), Asociación de Abogados Defensores de Latinoamérica, Puentes para la Legalidad, Asociación Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (Afyappa), Centro de Estudios Salta (CES), Hijos y Nietos de Presos Políticos, La Fuerza de los Dignos, y Unión de Promociones, entre otras.
La reunión, cuyos detalles trascendieron ayer, tuvo lugar apenas veinte días después de que organismos de derechos humanos se reunieran con el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, y con el propio Malfa, para trasladar su recelo por los dichos del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, quien había cuestionado las condiciones de detención de los militares.
En la reunión de este miércoles, las entidades se quejaron del trato dispar que reciben, incluso de parte del papa Francisco, y entregaron a los obispos una carta dirigida a monseñor Ojea en la que denuncian la situación de estos "presos políticos", hombres de edad avanzada, "olvidados por la sociedad", que son mantenidos "durante largos años con prisiones preventivas largamente excedidas, o sin ellas, para luego condenarlos en la mayoría de los casos a prisión perpetua mediante sentencias inicuas, dictadas de antemano", por jueces que "violan normas elementales del debido proceso".
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Los firmantes aclaran que no los impulsa una reivindicación del llamado proceso militar, sino la comprobación de que "han desaparecido los derechos y garantías constitucionales", pilares del principio de legalidad, para sustituirlos por "una confusa, abstracta y sesgada "política de Derechos Humanos, que todo lo autoriza".
En su carta, las ONG recuerdan que hace cuatro años peregrinaron a Roma para pedir al Papa por los presos políticos y que el pontífice les aseguró "nos estamos ocupando". Pero añaden que "han pasado los años" y todo parece indicar que "el temor a la reacción de las organizaciones defensoras del terrorismo guerrillero impide la difusión y adecuación a la verdad".
"Urge llamar a la concordia entre los argentinos, bregar por el restablecimiento de un orden justo, con plena vigencia del estado de derecho, y alentar una generosa amnistía", sostienen los firmantes, quienes solicitan a los obispos "iluminar a la sociedad argentina con la doctrina de la justicia y el perdón que emanan del Evangelio".
Los obispos se defendieron de los cuestionamientos por darle la espalda a los detenidos diciendo que todos ellos son asistidos espiritualmente y que cada Fuerza tiene su capellán, pero anticiparon que van a formar una comisión sobre derechos humanos desde la cual van a trabajar un poco más sobre estos temas y esperan llegar hasta los tribunales para abogar por las prisiones domiciliarias en los casos que así lo merezcan.
Más de una decena de entidades fueron recibidas por el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Carlos Malfa.