De 63 pedidos de aplicación del 2x1 para represores analizados, 60 fueron rechazados
Más de la mitad de los 118 pedidos de aplicación del beneficio 2x1 presentados en la Justicia en favor de imputados o condenados por delitos de lesa humanidad ya fueron resueltos, de los cuales 60 han sido rechazados y sólo tres concedidos, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El relevamiento, cuyas conclusiones fueron dadas a conocer hoy por el Ministerio Público Fiscal, contempla los pedidos presentados entre el 3 de mayo de este año, cuando la Corte Suprema declaró aplicable a casos de lesa humanidad ese cómputo doble de los años trascurridos en prisión preventiva, y el 9 de agosto pasado.
Para esta última fecha, habían sido resueltos 63 planteos, 60 de los cuales fueron rechazados y los restantes tres, concedidos por la justicia federal de La Plata, aunque con "un criterio anterior al expresado" por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ese fallo de la Corte Suprema originó en su momento inmediatas y extendidas protestas, con marchas masivas y una ley aclaratoria del Congreso Nacional destinada a excluir del beneficio a los casos de lesa humanidad.
Según el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad -organismo que encabeza el fiscal general Jorge Auat-, el relevamiento realizado indica que "hay una tendencia clara al rechazo" en todas las secciones judiciales y ante diferentes tipos de planteos.
"En efecto, ningún tribunal del país siguió la jurisprudencia de la mayoría de la Corte Suprema (fijada) en el caso 'Muiña', con el que fue reducida la pena al condenado Luis Muiña por aplicación del beneficio del artículo 7 de la derogada ley 24.390, que consiste en contar doble los días en prisión preventiva después de los dos primeros años de detención", puntualizó.
Los 118 pedidos fueron presentados en favor de 114 personas (cuatro presentaron dos solicitudes), de los cuales sólo 10 estaban en libertad.
Hasta el pasado 9 de agosto, los tribunales habían resuelto 63 de esos planteos (53% del total) y en 60 casos (95% de los resueltos) los jueces decidieron rechazar la aplicación de ese beneficio que estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando, por otra parte, regían las llamadas "leyes de impunidad".
En cuanto a los tres casos resueltos en favor de represores del Servicio Penitenciario Bonaerense condenados con sentencia firme en La Plata, el juez Alejandro Esmoris invocó un criterio anterior al fallo "Muiña",
La aplicación del 2x1 fue solicitada por las defensas en 31 pedidos de excarcelación, 4 pedidos de excarcelación en libertad condicional, 12 pedidos de libertad condicional, 55 pedidos de realización de un nuevo cómputo de pena, 9 solicitudes de salidas transitorias y otros siete casos sobre los que, al momento de cerrar el informe, se carecía de otros datos.
Más del 76% del total de solicitudes (unas 90) se concentraron en las jurisdicciones federales de Tucumán (34,7%), Córdoba (24,5%) y La Plata (16,9%).
La Procuraduría precisó que el 95,6% de los pedidos correspondió a 109 personas que recibieron al menos una condena, el 75% de los cuales sin sentencia firme, mientras que el 4,4% restante (cinco casos) se encuentra procesado pero nunca fueron condenados.
El informe señaló, finalmente, que, a partir de la información relevada, se advierte que los imputados bajo arresto domiciliario dan prioridad a los pedidos de nuevo cómputo penal, mientras que los detenidos en cárceles acuden en su mayoría al 2x1 en pedidos de excarcelación.