Las primeras batallas de la campaña se libran en Tribunales

A falta de definición sobre candidaturas y alianzas, la campaña ha comenzado con escaramuzas cotidianas que se libran en los tribunales y los medios. El arma más empleada son las acusaciones de corrupción que intercambian los dos bandos principales: el kirchnerismo y el gobierno.

Esto ha tenido como consecuencia inmediata que quienes no pertenecen al FPV o a la administración Macri quedan afuera, salvo ocasionales intervenciones de Margarita Stolbizer. La diputada hace todo lo posible para convertirse en un fiscal de la república al estilo Carrió, pero hasta ahora con éxito moderado.

Por razones obvias Sergio Massa no acusa a nadie del anterior gobierno y bajó el perfil en la prensa.
No es arbitrario atribuir a la falta de interferencia de la política en Tribunales la lluvia sin precedentes de acusaciones y sospechas sobre políticos, funcionarios y ex funcionarios. Después de la difusión de escuchas telefónicas que impactaron de lleno sobre la ex presidenta Cristina Fernández y Oscar Parrili, este último fue procesado por encubrimiento agravado de un narco.

De acuerdo con la acusación judicial, ocultó un informe que daba cuenta del paradero de un prófugo (que el actual gobierno recapturó) y para peor se lo olvidó en un cajón cuando tuvo que desalojar la AFI. Las nuevas autoridades lo encontraron y se lo remitieron a la Justicia. No estaba tan desencaminada la ex presidenta cuando lo trató de lento en las escuchas que causaron tanto regocijo en el oficialismo. Para rematarla el abogado del ex prófugo dijo que el anterior gobierno había facilitado la fuga.

En la semana que pasó, además del procesamiento y pedido de prisión de Parrili, fue elevado el pedido de juicio oral en la causa dólar futuro contra Cristina Fernández, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y otros 12 ex funcionarios. El juez Lijo rechazó maniobras de Amado Boudou para dilatar el juicio oral por la causa Ciccone y el fiscal que sigue la investigación abierta por Alberto Nisman, amplió la denuncia por encubrimiento a los iraníes para incluir a Cristina Fernández, Julio De Vido, Carlos Zannini y Angelina Abbona.

Hasta aquí los padecimientos de los K que se han vuelto pan de todos los días y están comenzando a provocar deserciones y alejamientos. Pero el gobierno también tuvo lo suyo. El mismo medio que había vinculado a Gustavo Arribas con el escándalo Lava Jato, acusación que a poco de andar quedó en nada, embistió contra un acuerdo por el concursado Correo Argentino.

Difundió un informe de una fiscal que decía que se le perdonaba al padre del presidente 70 mil millones de pesos de deuda con el Estado.

No se sabe si el cálculo fue malicioso, pero su evidente exageración (70 mil millones equivale a la mitad de YPF, aproximadamente) fue aprovechada por la prensa y la dirigencia opositoras. El gobierno fue tomado por sorpresa por enésima vez y prometió dar explicaciones a los presidentes de los bloques parlamentarios. En suma, tuvo que ir a buscar nuevamente la pelota adentro del arco.

Sus tropiezos, sin embargo, no terminaron ahí. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo fue imputado de tráfico de influencias por haber presentado un proyecto de ley en el Congreso que beneficiaría, supuestamente y en caso de ser convertido en ley, a una empresa de comunicaciones con la que legislador negó tener vínculos. Ese presunto tráfico de influencias en grado de tentativa, ¿sería extensivo a todos los que votasen la ley en caso de que llegue al recinto de ambas Cámaras?

Pero las malas noticias judiciales no pararon ahí para el gobierno. El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay fue citado como testigo en la causa de dólar futuro contra el actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, con apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública si no se presentaba. También fue apercibido el jefe de Gabinete Marcos Peña para que conteste un pliego de preguntas.

A esta altura resulta inocultable que, a pesar de las denuncias y enojos de Elisa Carrió, el gobierno no "opera" en tribunales o, si "opera", lo hace pésimamente. También que el presidente prefiere no intervenir.

Lo que no se sabe si adoptó esa actitud por necesidad o virtud o si espera sacar ventaja política de la monumental corrupción K. Sí se sabe, en cambio, que pidió a las justicia de Brasil y los Estados Unidos que liberen los nombres de los involucrados en el escándalo Odebrecht, una caja de Pandora que amenaza con explotar en plena campaña.