domingo, 26 de febrero de 2017 I Buenos Aires, Argentina
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Opinión
MIRADOR POLITICO
No es sólo corrupción
10.01.2017 |
Por Sergio Crivelli

El caso Milagro Sala es un test para la democracia. Si no lo puede resolver el funcionamiento institucional, si prevalecen las presiones políticas del peronismo que la tuvo como aliada, el estado de derecho y la credibilidad del principio de igualdad ante la ley sufrirán otro daño grave. Su impunidad convertiría en una burla el sistema legal que debe funcionar como garantía de la convivencia social pacífica.

Sus defensores alegan que es una "presa política", pero su situación penal es clara. La ex piquetera aliada del kirchnerismo ha sido sometida a la Justicia con las correspondientes garantías para la defensa. Jueces elegidos con anterioridad a la asunción del gobernador en ejercicio le dictaron la prisión preventiva y está procesada por delitos económicos y contra la seguridad de las personas. Ya fue condenada por daños graves e instigación a cometer delitos y espera sentencia por asociación ilícita, malversación, evasión y enriquecimiento ilícito.

Los derechos humanos no parecen amenazados en este caso. Su prisión preventiva se fundó en dos criterios: uno, se consideró obtenida plena prueba de los hechos y, dos, semiplena de la culpabilidad de la imputada. Como hubo testigos y fiscales amenazados se estimó probable que, en libertad, Sala podía interferir en la marcha del proceso; por eso se la detuvo hace ya un año. Su organización, Tupac Amaru, es según fuentes provinciales la tercera empleadora de la provincia y llegó a reclutar a un 10% de la población.

Fuera de los tribunales se le imputa haber armado un "estado paralelo" con los multimillonarios fondos remitidos desde Buenos Aires por la ex presidenta Cristina Fernández. La situación judicial de ambas se parece. Se sospecha que desvió dinero de la obra pública en complicidad con los mismos funcionarios que rodeaban a CFK: De Vido y López (el de los bolsos). Su condena constituiría un antecedente importante para los juicios que enfrentan los principales responsables del último gobierno. Por eso los kirchneristas han hecho un "casus belli" de su liberación y recorren los organismos internacionales pidiendo ayuda.

Sala es acusada de recibir sumas cuantiosas para construir viviendas que no construyó. Sus defensores dicen que está presa porque quiso ayudar a los pobres, mientras sus detractores se regodean mostrando los autos de alta gama que compró y sus veraneos en Punta del Este, pero ese es un contrapunto político. Lo grave para el funcionamiento de la democracia es el uso de esos recursos para armar una fuerza de choque y poner en jaque el sistema institucional en Jujuy.

El desborde del gasto público nutrió el clientelismo que se convirtió en factor de riesgo para la democracia a partir de la crisis de 2001. El dinero fiscal se usó para formar un ejército de empleados estatales, militantes, adictos y piqueteros. En otras palabras, para perpetuar el poder de los dirigentes.

Hay una parte del dinero que se convirtió en corrupción, pero otra se usó para mantener en el poder una desacreditada burocracia política que recibirá un golpe si a Sala le aplican el Código Penal. Involucraría una novedad absoluta que los dueños del poder se sometan a la ley como los ciudadanos que los votan.

 

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