Separan del poder a los que no quieren pagar costos políticos

El año terminó con una demostración práctica de la lógica del poder que impera en el gobierno. El presidente decidió retocar el gabinete y lo hizo con tres objetivos: transferir costos políticos a sus subordinados, demostrar que ejerce el liderazgo que le confiere la autoridad presidencial y dar mayor cohesión al equipo de gestión. Las interpretaciones sobre pujas de egos y otros pintoresquismos corrieron por cuenta exclusiva de los periodistas.

El operativo lavado de cara comenzó diez días atrás con la eyección de la presidenta de Aerolíneas Argentinas. La señora Constantini había asumido una tarea que la superaba. Debía bajar las pérdidas de una empresa aérea (obscenas para un país con 32% o más de pobres) evitando conflictos gremiales que la paralizaran. Optó por acordar con los sindicatos del sector y evitó los paros, pero no redujo el quebranto con la rapidez necesaria. Que hayan lamentado su partida Mariano Recalde y Ricardo Cirielli hace innecesaria cualquier otra observación.
En el caso de Alfonso Prat-Gay, Macri hizo una jugada anticipatoria. La economía fue el mayor déficit del primer año de gestión y el ministro responsable apoyaba un ajuste gradual que no le arruinara la carrera política que él ve promisoria en el futuro. No quería ser recordado como el artífice del ajuste, una especie de Cavallo del siglo XXI. A eso se sumaba su poca disposición a acatar las órdenes de los ojos y oidos de Macri en el gabinete: Marcos Peña.

Esto explica que fuera despedido en momentos en que no había ninguna crisis. El dólar no se movió, la Bolsa ni se enteró, el sistema bancario y el clima de negocios, tampoco. Su destitución fue explícita Ñde eso se encargó PeñaÑ y debió acatar públicamente la decisión de Macri, agredeciéndole que lo hubiera nombrado ministro. Nada indica, sin embargo, que esa muestra de franciscana humildad se mantenga en el futuro (ver Visto y Oido).

Su reemplazante, Nicolás Dujovne, no tiene aspiraciones políticas personales, pero deberá encarar una tarea tan compleja como la de Constantini y Prat Gay: el recorte del delirante gasto público en una situación de debilidad institucional. Tiene el Congreso en contra y la Justicia no le responde. ¿Cómo lo hará sin aumentar exponencialmente la conflictividad en un año electoral? Hay tres caminos directos para reducir el déficit: cortar gastos, emitir moneda o tomar deuda. El gobierno tomará deuda, no emitirá y muy probablemente deje que el fuerte proceso inflacionario licue buena parte del gasto. Pero para que esto último ocurra deberá soportar la presión de los estatales, expertos en el lanzamiento de adoquines.
Esto pone en evidencia que el problema es más político que económico. En sus cavilaciones periodísticas Dujovne jugó con la idea de bajar el gasto de las provincias mediante un acuerdo de "responsabilidad" y aumentar las tarifas mediante una "contractualzación" entre productores y consumidores. Esas son expresiones de deseos. Los hechos que las vuelvan posibles no parecen, sin embargo, más cercanos de lo que estaban con Prat-Gay en Hacienda.

Otra queja que detectan todas las encuestas es por los piquetes que se multiplicaron en los últimos meses en la ciudad de Buenos Aires generando una imagen de descontrol. El responsable de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, había desaparecido del radar de los medios desde que su jefe político asumió la presidencia y todo el costo lo estaba sufriendo la ministra de Seguridad de la Nación.
Macri terminó con esta situación con el simple procedimiento de denunciarlo en los mismos medios que trasmiten las imágenes caóticas creadas por los escuálidos grupos de marginales que no entraron en la gran paritaria del sector. En términos peronistas, "encuadró" a Rodríguez Larreta que, pronta y también humildemente, prometió hacerse cargo del problema y de sus costos eventuales.

En síntesis, Macri cierra el año con un reparto de costos políticos que alcanzó hasta a los jueces que sueltan a delincuentes peligrosos. "Reseteó" el gabinete y dejó abierta la posibilidad de más cambios, entre ellos los del ministro de Salud, Jorge Lemus, la canciller Susana Malcorra (ver Visto y Oido), el secretario de Acción Política, Adrián Pérez, y el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín. Pero esas son sólo versiones, lo hechos ponen de manifiesto que el actual será un gobierno de "Ceo"s", pero que está muy atento a la política y picó en punta en el año electoral con un primer ensayo de cambio de imagen.