Lázaro Báez pide al juez que investigue a otros empresarios y funcionarios

El detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez pidió hoy al juez federal Sebastián Casanello que investigue "a todos" los adjudicatarios de obras públicas en el país y a los "órganos del Estado" encargados de controlarlos y acusó al magistrado de tener "preso a un inocente".

El titular de Austral Construcciones SA planteó al magistrado que si su intención es "cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos" tenga en cuenta que "los actores principales" son los funcionarios públicos "sobre quienes reposaba el deber de control".

En su escrito, el hombre de negocios propuso al juez y al fiscal Guillermo Marijuan que "sinceren el objeto del proceso" que lo tiene como principal protagonista "si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio". 

El reclamo de Báez se conoce en momentos en que la Cámara Federal le otorgó una audiencia para una nueva exposición que él mismo solicitó y al mismo tiempo en que se realizaron nuevos allanamientos en propiedades suyas en el sur del país.

"La causa debe girar su objeto hacia lo que parecería justificar (...) el escarnio procesal al cual se viene sometiendo a la familia Báez: una presunción de enriquecimiento a través de supuestos e inexistentes sobreprecios en los contratos de obra pública", agregó.

Báez, asistido por los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, se quejó de que "tanto el fiscal como el juez intervinientes han alegado en reiteradas oportunidades -sin probar nada- que ACSA (Austral Construcciones) habría realizado obras en las cuales habría conjeturales sobreprecios".

"A partir de allí han invocado -también sin probar nada- que se habrían emitido supuestas facturas apócrifas mediante las cuales se habrían tornado ilícitos esos fondos. Y posteriormente (...) se habría vuelto a tornar blancos aquéllos fondos que inicialmente lo eran", sentenció.

Para el constructor de Santa Cruz, Casanello "no probó ningún hecho" en el expediente y solamente "afirmó arbitrariamente algo en pos de no ver desvanecida su infundada pretensión de someter a Lázaro Antonio Báez y a Martín Antonio Báez al escarnio de un proceso penal".

Y amplió: "La realidad, lo formalmente acreditado en el expediente, es que la investigación sobre el posible hecho precedente, sobre la presunta utilización de facturas apócrifas para desangrar el patrimonio blanco de la empresa (¿y luego de "negrearlo" para volverlo a blanquear?) está en estado embrionario y no goza de buena salud". Con esto Báez quiso echar por tierra el "delito precedente" a una acción de lavado de activos.

También pretendió incluir en el mismo paquete a otros empresarios de la construcción. Tras negar que sea "el zar de la obra pública", dijo que él figura en el 36° lugar en adjudicaciones de obras.

Allí fue cuando dijo: "Con la impronta que el juez y el Sr. fiscal han impuesto a la causa y según lo expresado públicamente por quienes llevan adelante la pesquisa, todos los integrantes de esta lista deberían ser investigados. Es que la totalidad de los integrantes de la referida lista participaron en las licitaciones de obras públicas en las mismas condiciones en que el Grupo Austral lo hizo".

"Ello implica -añadió- que la impropia virulencia jurisdiccional desplegada sobre mi persona y mis empresas debería desplegarse también sobre los mismos. O debe admitirse que perseguirme penalmente es sólo un capricho inadmisible en el marco de un Estado de derecho".

"Este proceso es escandaloso para un sistema penal de garantías. Es claro que Vuestra Señoría tiene preso a un inocente", alegó.

Casanello procesó con prisión preventiva a Báez y su contador Daniel Pérez Gadín y los embargó en más de 100 millones de pesos en la causa por lavado de activos conocida como "ruta del dinero K".

Además fueron procesados -sin preventiva- sus respectivos hijos Martín y Sebastián; el asesor financiero Fabián Rossi; el dueño de la financiera SGI ("La Rosadita"), César Gustavo Fernández, y el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot, entre otros.

La causa comenzóen abril de 2013 con un informe del programa Periodismo para Todos por Canal 13, donde Fariña -a través de una cámara oculta- y el financista Federico Elaskar hablaban de las maniobras de lavado de dinero de Báez.

El expediente cobró fuerte impulso con la aparición de un video grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, conocida como "La Rosadita", donde se veía a varios de los procesados contando millones de dólares y euros.