Imputan a funcionarios macristas y a las empresas Caputo S.A. y Socma por el dólar futuro

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy investigar al director del Banco Central, Pablo Curat y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, tal como lo había pedido la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la contra-denuncia por la venta del dólar futuro que impulsaron diputados kirchneristas.

Además de Curat y Quintana, Di Lello incluyó en la nómina de imputados a José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y amigo de la infancia de Mauricio Macri.

El fiscal además imputó a las firmas Caputo -propiedad de Nicolás Caputo, amigo del presidente Mauricio Macri-, y Chery Socma SA, -que pertenece a la familia Macri-, por la posible vinculación con la compra de dólar futuro. 

Se trata de la denuncia que presentaron un grupo de diputados kirchneristas el día que Cristina Fernández, declaraba en indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio por la operatoria de dólar futuro.

En esa denuncia, los kirchneristas aseguraron que los verdaderos responsables del perjuicio que trajo aparejado la operatoria del dólar futuro fueron el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el juez Bonadio.

El caso, que esta en manos del juez Sergio Torres, tuvo el impulso fiscal de Di Lello que imputó a los denunciados y pidió una serie de diligencias para investigar el caso.

Ayer, por Facebook, Cristina Fernández dio a conocer que había pedido la indagatoria de Curat y Quintana, luego de conocer por los diarios "que entre los adquirentes de aquellos contratos de dólar futuro se destacaban altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y empresarios allegados al actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri; entre ellos, Nicolás Caputo, José María Torello y Gustavo Sebastián Lopetegui".

Puntualmente, el abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, denunció "a partir de la información publicada por un portal de noticias, que Quintana - actual Secretario de Coordinación Ministerial- "habría sido uno de los funcionarios intervinientes en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos del Mercado a término de Rosario (ROFEX) (…) el nombrado se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus los cuales habrían adquirido dólares a futuro por un monto de 11.480.000 dólares".

Sobre esa base, el fiscal decidió imputar a los funcionarios y sociedades aludidas, según informó esta noche el portal de noticias de la Procuración General de la Nación.

En tanto, Di Lello rechazó por falta de sustento el planteo para recusar a los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, que habían avalado Bonadio en la instrucción de la causa.