Piden al Congreso que designe al defensor del pueblo

La acción de amparo de seis organizaciones no gubernamentales se promovió debido a que desde 2009 el Congreso de la Nación omite iniciar el procedimiento constitucional de designación de un titular de la Defensoría.

Seis organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo judicial para que el Poder Legislativo inicie el proceso dispuesto por la Constitución Nacional para nombrar al nuevo Defensor del Pueblo de la Nación, un cargo vacío desde hace cinco años.

La acción de amparo se promovió debido a que desde 2009 el Congreso de la Nación omite iniciar el procedimiento constitucional de designación de un titular de la Defensoría.

La Defensoría del Pueblo cumple un rol transcendental en la protección de derechos humanos: tiene a su cargo la defensa de los derechos de las personas frente a actos u omisiones de la administración pública; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. 

El 23 de abril de 2009, el entonces Defensor del Pueblo Eduardo Mondino presentó su renuncia, que fue aceptada por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

"Entre abril de 2009 y diciembre de 2013 el órgano permaneció a cargo de un Defensor Adjunto debido a que el Congreso de la Nación decidió no elegir un Defensor del Pueblo por los siguientes cuatro años, violando el mandato legal y constitucional. Finalmente, en diciembre de 2013 concluyó el mandato del Adjunto.

Desde esa fecha, y hasta la actualidad, la Defensoría del Pueblo no sólo carece de un titular, sino que también carece de adjuntos que transitoriamente puedan asumir dicha tarea", recordó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una de las accionantes.

Por eso, presentaron un amparo los representantes de las ONG ADC, la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN), la Fundación Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Sur Argentina.

Consideraron que "la omisión inconstitucional del Poder Legislativo afecta el derecho de toda la comunidad, y en especial de los grupos más vulnerables, de contar con un órgano que defienda y proteja sus derechos ante hechos, actos u omisiones que los vulneren o amenacen, y controle el ejercicio de las funciones administrativas públicas".

Y plantearon que "la falta de designación vulnera el derecho constitucional de acceso a la justicia y el deber del Estado de adoptar medidas para hacer efectivo el goce de los derechos humanos garantizados por los tratados internacionales con jerarquía constitucional".

Las ONG solicitaron a la justicia que declare la inconstitucionalidad de esta falta de designación y ordene al Poder Legislativo que, a través de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, que inicie el procedimiento para la designación del Defensor del Pueblo de la Nación.

Reclamaron también que se establezcan los recaudos necesarios para garantizar el mayor nivel de transparencia, debate público y participación ciudadana en el proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación, de acuerdo a los principios constitucionales y a los estándares internacionales sobre Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.