Mirador político

Déficit de civilización

En compañía de procesados e investigados por la Justicia, la Presidenta cargó contra jueces y fiscales calificándolos de "sicarios", es decir, asesinos a sueldo. Que la jefa de un poder del Estado insulte por cadena nacional a miembros de otro poder del Estado es tan extraordinario y falto de antecedentes como tener un vicepresidente a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral.

La presidenta Cristina Fernández celebró los 31 años del restablecimiento de la Constitución con un acto que puso de manifiesto un penoso estado de cosas: deterioro institucional, apatía del grueso de la sociedad frente a semejante decadencia y afianzamiento del espíritu partisano de un gobierno que se adjudica la riesgosa misión histórica de salvar a la patria.

El acto de celebración democrática se hizo paradójicamente sin representantes de la oposición. Después del autoelogio de rigor, la oradora aprovechó la oportunidad para tomarle examen a los candidatos de las próximas presidenciales, reclamándoles sus programas de gobierno. Esa improcedente exigencia no fue lo único llamativo.

En compañía de procesados e investigados por la Justicia cargó contra jueces y fiscales calificándolos de "sicarios", es decir, asesinos a sueldo. Que la jefa de un poder del Estado insulte por cadena nacional a miembros de otro poder del Estado es tan extraordinario y falto de antecedentes como tener un vicepresidente a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral.

A la espera de esa absoluta novedad el vice ocupó el palco de honor con la presidenta y la plana mayor del gobierno.

El agravio de funcionarios judiciales y la reivindicación de Boudou reflejan el fuerte retroceso producido durante la vigencia irrestricta de la democracia. Algo que, sin embargo, no puede imputarse en exclusividad al actual gobierno. Ningún dirigente llamó la atención sobre esas anomalías.

Al menos ninguno de los que intentan reemplazar a la presidenta. Ese silencio puede ser atribuido a que ya a nadie sorprenden los comportamiento institucionales aberrantes. Parece haber caído en el olvido que quien tiene el poder del estado en sus manos está obligado a responder por su uso y no despotricar contra quienes le exige explicaciones.

Pero tal vez lo más lamentable no es sólo la falta de reacción. Se llegó al punto que quien reclama que los funcionarios respeten las instituciones y se comporten con el decoro mínimo es visto como un desubicado, un ingenuo, un iluso que cree vivir en una democracia del primer mundo e ignora candorosamente los principios más elementales de la "realpolitik".

Es ese mundo del revés el que se afianzó en las últimas tres décadas ante la indiferencia de la dirigencia, de la opinión pública y del grueso de la sociedad. Ese mundo del revés que permite que la misma presidenta que llama sicarios a jueces y periodistas les reclame que se comporten con decoro. Que defienda a quienes fallan a su favor o dilatan las causas por corrupción e intente apartar o destituir a los que no se dejan presionar o dejaron de hacerlo porque ella está en la puerta de salida. Todo esto sin el menor disimulo y con el aplauso de sus partidarios, la prensa adicta y de millones de ciudadanos que la votan sin considerar reprochable su conducta.

Por ese camino se descendió hasta el actual estado de cosas. Y no por falta de libertad, de ejercicio de los derechos políticos, ni por falta de información, sino por otro déficit, más nocivo que el fiscal que tanto daño causó históricamente a la economía. Por algo más primario y que ningún plan económico ni sistema político puede resolver: un déficit de civilización, causa principal de una decadencia que ya dura 70 años.