Denuncian a la Presidenta y a Alak por proponer para juez a un candidato que no fue ternado
El candidato, además, es secretario letrado del juez federal Norberto Oyarbide, y la denuncia contra la presidenta y el ministro de Justicia recayó, justamente, en su juzgado.
La presidenta Cristina Fernández y el ministro de Justicia, Julio Alak, fueron denunciados penalmente por haber propuesto para juez federal a un candidato que no integraba la terna de postulantes surgida del concurso que realiza el Consejo de la Magistratura.
El candidato, además, es secretario letrado del juez federal Norberto Oyarbide, y la denuncia contra la presidenta y el ministro de Justicia recayó, justamente, en su juzgado.
La ONG Ciudadanos Libres, que encabeza el abogado José Mangiocalda, denunció que el Poder Ejecutivo propuso para que el Senado le preste acuerdo como juez de Eldorado, provincia de Misiones, al secretario Jorge García Davini, quien resultó en cuarto lugar en el concurso.
La propuesta, según explica la denuncia, “pudo ser constatada en la propia página web del Senado de la Nación, donde obra el Mensaje Nº 1211 dirigido a dicho cuerpo legislativo, en fecha 30 de julio de 2014, con membrete del Poder Ejecutivo Nacional”.
“El doctor García Davini quedó en cuarto puesto, según informa el Consejo de la Magistratura”, detrás de los candidatos Miguel Ángel Guerrero, Marco Aurelio Racagni y Mariana Arjol, pese a lo cual no fue ninguno de los tres primeros sino quien no integraba la terna el propuesto por el Ejecutivo para asumir el cargo.
“Lo decidido por la Presidente de la Nación y lo actuado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en relación a la elevación del pliego de un aspirante a Juez Federal que no se encuentra incluido en la terna aprobada por el Consejo de la Magistratura vulnera la Constitución Nacional”, sostiene la denuncia.
El artículo 99 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo “nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura”.
La denuncia contra la jefa del Estado y el ministro de Justicia, por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, recayó por sorteo en el juzgado de Oyarbide.