Boudou: un fiscal federal impulsó una investigación contra el vice por anotar domicilios falsos en su DNI
El dictamen del fiscal implica, en los hechos, el inicio formal de una causa penal contra Boudou, quien podría resultar imputado por una serie de delitos, el principal de ellos “falsificación de documentos”.
Un fiscal federal impulsó una investigación contra el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por consignar un domicilio presuntamente falso en algunos de sus documentos, entre ellos el DNI.
El fiscal federal Gerardo Pollicita respondió la consulta que le formuló, tal como lo establece el Código Procesal, el juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado recayó la denuncia a partir de una nota periodística.
La publicación reveló que en el DNI del vicepresidente figuraba como domicilio una casa de Villa Urquiza, en la que también estaba registrado el automóvil Audi A4 en el que fue robada su pareja, la ex periodista Agustina Kampfer, pero esa nunca fue su vivienda.
A raíz de esa denuncia, surgió que Boudou habría consignado un domicilio también inexistente en la localidad balnearia de San Bernardo cuando era secretario de Hacienda del Municipio de la Costa, cargo por el cual también afronta una causa penal.
El dictamen del fiscal Pollicita implica, en los hechos, el inicio formal de una causa penal contra Boudou, quien podría resultar imputado por una serie de delitos, el principal de ellos “falsificación de documentos”.
Según el artículo 293 del Código Penal, “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”; el 296 establece que “el que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad”.
La denuncia contra Boudou fue formulada por el abogado Santiago Nicolás Dupuy de Lome, quien se confiesa cercano al PRO y acostumbra a este tipo de presentaciones a partir de hechos de dominio público.
En febrero pasado, denunció al líder piquetero oficialista Luis D'elía por reclamar mediante la red social Twiter el fusilamiento de opositores al gobierno venezolano de Nicolás Maduro; en octubre de 2013, había impetrado una acción judicial contra el legislador porteño Juan Cabandié y el entonces candidato a diputado nacional Martín Insaurralde a raíz de un episodio de tránsito en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.