La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios planteados por el ex apoderado de la Fundación "Madres de Plaza de Mayo"

Schoklender sufrió otro traspié judicial

La Sala Cuatro, compuesta por los camaristas Gustavo M. Hornos y los Vocales Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky, consideró "inadmisibles" las apelaciones, hechas por la defensoría pública del acusado, al rechazo de nulidades que había dictado la Cámara Federal.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios planteados por el ex apoderado de la Fundación "Madres de Plaza de Mayo" Sergio Schoklender, en la causa por supuesto fraude en el programa Sueños Compartidos para la construcción de viviendas sociales.

La Sala Cuatro, compuesta por los camaristas Gustavo M. Hornos y los Vocales Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky, consideró "inadmisibles" las apelaciones, hechas por la defensoría pública del acusado, al rechazo de nulidades que había dictado la Cámara Federal.

Además, la Casación también desestimó un recurso de la defensa del co imputado José Fernando Caparrós Gómez contra la decisión que le denegó la venta de dos automóviles y de una embarcación, denominada "Sirius", hasta tanto se aclare el origen del dinero con que fueron adquiridos. 

En abril pasado, la Cámara Federal había ratificado la inhibición general de bienes contra Schoklender, que había dictado el primer juez de la causa, Norberto Oyarbide, luego apartado de la causa por decisión de la propia Cámara, después ratificada por su sucesor, Marcelo Martínez de Giorgi.

Además, el magistrado dispuso profundizar una medida de prueba para determinar cuáles bienes corresponden efectivamente al patrimonio del mayor de los hermanos Schocklender. Oyarbide llegó a procesar y detener a los hermanos Schoklender y al contador Alejandro Gotkin por los desvíos financieros bajo una presunta asociación ilícita, mientras que se imputó a 60 personas, entre ellas Alejandra Bonafini, hija de Hebe.

Pero al mismo tiempo, Martínez de Giorgi tenía en sus manos una denuncia contra los funcionarios responsables de controlar esas obras que, en rigor, nunca avanzó.

Después de varios cuestionamientos a la forma en que Oyarbide condujo la investigación, la Cámara Federal anuló las 66 declaraciones indagatorias que había tomado y los procesamientos que había dictado, por lo que la causa volvió a prácticamente a "foja cero".