Ley de Medios: la Corte ordenó al juez de primera instancia dictar sentencia de fondo

La Corte Suprema de Justicia urgió a que el juez que tiene a estudio el amparo del Grupo Clarin contra la aplicación de la “cláusula de desinversión” dicte una “sentencia definitiva de inmediato” y no hizo lugar al planteo para extender la cautelar que mantiene frenado el artículo 161 más allá del 7 de diciembre.

Al mismo tiempo, exigió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, también “con carácter de urgente”, que sortee a los dos jueces que deben completar el tribunal para que resuelva el pedido del Grupo Clarín para extender la medida cautelar, hasta tanto se defina si la desinversión es o no constitucionalmente válida.

En su acuerdo de hoy y por unanimidad, los jueces de la Corte resolvieron “requerir” al juez Horacio Alfonso, quien tiene a su cargo la denominada Causa Clarín, “el inmediato dictado de una sentencia definitiva” y para ello resolvió “habilitar los días y horas que fueran menester”, lo que incluye fines de semana y feriados.

Además, el Tribunal le advirtió al juez Alfonso que “cualquier incidente que planteen las partes o terceros deberá ser interpretado restrictivamente, en función de la rápida finalización del proceso” y lo conminó a que exija "el cumplimiento estricto del deber de buena fe procesal, adoptando las medidas necesarias para prevenir conductas obstruccionistas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondiesen".

El Grupo Clarín había planteado la semana pasada una extensión de la medida cautelar que mantiene frenado al artículo 161 que impone la adecuación a la cantidad máxima de licencias permitidas por la norma legal. Argumentó que se estaba produciendo una situación de "denegación de justicia", por maniobras que atribuyó al Gobierno.

Al respecto, la Corte siguió lo que es su propia doctrina en materia de no tratar cautelares, aunque reconoció, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, que “la falta de sentencia definitiva en el caso implica una denegación de justicia”.

Si bien los jueces no hicieron lugar a la prórroga, aceitaron todos los mecanismos, en todas las instancias, para que en lo inmediato –incluso con la posibilidad de que sea antes del 7 de diciembre pese a lo exiguo del tiempo- se resuelva si la cláusula de desinversión es o no constitucionalmente válida.

En tanto, se supo que en una reunión que sostuvo este mediodía con los jueces de la Corte, el juez Alfonso denunció que padeció actos presuntamente intimidatorios, entre ellos la presencia de un automóvil durante una semana estacionado frente a su domicilio, con gente en su interior, que habría tomado fotos de los movimientos de la casa y de sus hijas. Además, sostuvo que recibió llamados telefónicos en ese mismo contexto.

Entre los pasos que restan por cumplir figuran la conformación de la Sala Primera de Civil y Comercial federal con los dos jueces de Contencioso Administrativo, la incorporación de un “incidente” de seis cuerpos al juzgado número uno previo a la decisión de fondo.

El acuerdo de la Corte se realizó mientras en las afueras de Tribunales se realizaba una concentración de trabajadores técnicos y administrativos de Cablevisión en reclamo de “una justicia independiente”.

La manifestación incluyó el bloqueo de la calle Talcahuano al 500, con unas 200 camionetas de la empresa que obstaculizaban el tránsito, miemras que medio millar de personas autoconvocadas por las redes sociales estaban apostadas en la Plaza Lavalle bajo la consigna "Lorenzetti no me falles".