Siete días de política

En su guerra contra Clarín el gobierno arrolló a la Justicia

Presionó para poner a un juez adicto en la causa por la ley de medios. El error de convertir en batalla simbólica el desguace de un grupo empresario adverso sin importar los procedimientos.

Hay clisés a veces imposibles de evitar. Tal el caso de la expresión "victoria pírrica" vinculada con el eventual resultado de la guerra de la presidenta Cristina Fernández contra el grupo Clarín.
 
La jefa de Estado convirtió el despedazamiento del multimedio que la critica sin contemplaciones en una cruzada "democrática" en la que, paradójicamente, la primera baja fueron los mecanismos institucionales, descalabrados por presiones groseras que destruyeron la poca credibilidad que le quedaba a la Justicia.
 
Así se ofreció a la opinión pública el espectáculo de ministros y legisladores imitando los poco edificantes métodos del secretario Moreno en nombre de la "transparencia" y de la "igualdad" y proclamando que son "bienvenidas las presiones" a la Justicia. Echando mano, además, a explicaciones caricaturescas para justificar una conducta que no logra ocultar -sino, que más bien realza- actitudes arbitrarias y prepotentes.
 
El "strepitu fori" adquirió tal volumen que el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti tuvo que decir públicamente que los jueces no aceptarían presiones. Pero después del maltrato a la "majestad de la Justicia" el gobierno se salió con la suya y logró colocar en el tribunal que tiene el reclamo de Clarín a un juez sindicado como adverso al multimedio. Para que no quedara duda el ministro Julio Alak lo festejó en público.
 
La pregunta que surge en este caso -tan inevitable como los clisés- es cuánto ganará la presidenta si consigue desmembrar a su archienemigo. El motivo de la disputa no es -a nadie se les escapa- una cuestión de principios, porque los Kirchner en la primera parte de su gestión fueron aliados del grupo y hasta le facilitaron negocios cuasi monopólicos como el de la TV por cable.
 
De manera que lo que primero cambió no fue la ley que ahora se quiere aplicar, sino la relación entre ambas partes, pasando de la concurrencia de intereses al enfrentamiento. El en otros tiempos "no monopolio" que elogiaba al gobierno o ignoraba las noticias desagradables se convirtió súbitamente en la cadena del desánimo y la mentira que debe ser aniquilada.
 
Es tan manifiesta la falsedad de la propaganda repetida por el oficialismo que, aún en caso de que el gobierno se salga con la suya, el costo puede ser mayor que el beneficio y alguien podría terminar repitiendo en la Casa Rosada la famosa frase del rey Pirro después de derrotar a los romanos en Heraclea al precio de grandes bajas: "Otro triunfo como este y estaremos perdidos".
 
La magnitud de conflicto no parece, además, proporcionada con la importancia del enemigo que se intenta destruir. La presidenta sobrestima la influencia de los medios, aunque debe admitirse que cae un error común entre los políticos cuando las cosas les salen mal: tratar de matar al mensajero como remedio a todos los problemas.
 
Pero un simple ejemplo debería convencerla de que los medios no cambiarán el resultado de lo que a ella más le importa: la reelección. En 2009 el kirchnerismo perdió con Clarín en contra y en 2011, también con Clarín en contra, obtuvo el 54% de los votos. Lo que había cambiado de una elección a otra no había sido la propiedad de los medios sino la economía.
 
¿Qué es entonces lo que la empuja a la confrontación? Que los medios compiten por el poder con los políticos y les ponen límites. En particular cuando ventilan zonas oscuras de su gestión o proyectos hegemónicos que alarman a la sociedad.
 
A lo que hay que añadir que las torpezas cometidas en el intento de derrotar a su enemigo la llevaron a un enfrentamiento con la Justicia tan innecesario como dañinas para la propia imagen. En ese terreno el papel del ministro de Justicia Julio Alak recusando jueces por su presunta connivencia con el justiciable fue por lo menos deslucido. También las acusaciones contra la Cámara Civil y las denuncias penales, así como el escándalo en torno al Consejo de la Magistratura.
 
Las exhortación de la mayoría "K" del Senado para que la Corte intervenga en la cuestión y la resurrección de un proyecto menemista de "per saltum" completan el cuadro de desaciertos que lleva a una sola conclusión: ningún medio podría hacer tanto daño y desprestigiar tanto la imagen de la presidenta como sus operadores imbuidos de fervor kirchnerista y desconcierto por partes iguales.