Los problemas de caja generan cada vez más ruido político

Uno de las episodios más elocuentes de los últimos días fue la censura al ex jefe de gabinete Alberto Fernández cuando criticaba con dureza a la presidenta en un programa de TV que fue sacado abruptamente del aire. El asunto podría considerarse menor por el nulo poder del que dispone el ex funcionario, pero su mérito consiste en revelar el clima de recelo e intolerancia que hoy predomina en el entorno presidencial.

Allí los cuestionamientos de la oposición no preocupan a nadie, pero se considera pésima señal que otros kirchneristas pongan en duda que Cristina Fernández lleva adelante el proyecto de su extinto marido. Lo inadmisible es que se le discuta la legitimidad política, su capital simbólico.

La causa del enojo en este caso fue la afirmación de que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central constituye un cambio de rumbo respecto de la reforma redactado en 2005 por "él" y un paso peligroso en materia monetaria.

Como era de esperar el oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto a toda velocidad porque sus legisladores carecen de la menor autonomía. Pero las dudas las expresan fuera de micrófono. Y esto, por al menos dos razones.

La primera, porque los problemas financieros son reales y de incierto futuro; la segunda, porque la presidenta está embarcada en un rediseño del oficialismo que los excluye. Es decir, que excluye en su mayoría a los mismos dirigentes a los que se les pide disciplina y obediencia ciega. Eso resultaba aceptable cuando se trataba de subir a la boleta electoral que se aprestaba a triunfar en octubre pasado. Pero apenas cinco meses después la historia es otra.

A nadie se le oculta que la jefa de Estado se embarcó en el proyecto sustituir el aparato peronista por la agrupación la "Cámpora".

El problema es que pretende hacerlo a paso redoblado en pleno ajuste y que, para peor, cada día que pasa aumentan las dudas sobre el costo político que habrá que pagar por la decisión tan inoportuna como inevitable de emprolijar -aunque sea mínimamente- las cuentas públicas.

Ya hay quienes se animan a criticar la suma de errores presidenciales de las últimas semanas, mientras tratan de mantenerse en segunda o tercera línea para no ser alcanzados por la ira de la Casa Rosada. Muchos piensan como Alberto Fernández, pero nadie con algún cargo de relevancia se anima a decirlo "on the record". Se están acumulando las causas para una crisis interna.

El proyecto de la Cámpora tiene evidentes beneficios para la presidenta y su entorno, pero exige "timing". Nadie se explica por qué se aceleró. Se estimaba que sus miembros estarían listos para copar el oficialismo en 2013 con el fin de garantizar la re-reelección en 2015, pero ya se encuentran en plena ofensiva como bien saben, entre otros, Julio De Vido o Amado Boudou. También se está pensando en una reformulación del gabinete (ver Visto y Oido).

Los "camporistas" no tiene poder territorial, ni de ningún tipo fuera del que les otorga la presidenta, lo que garantiza su docilidad. Tomarlos y echarlos no cuesta nada. La idea es convertirlos en una nueva burocracia política, un aparato que cumpla órdenes. A esta altura parece también necesario foguearlos en las áreas más sensibles de la administración, vinculadas a la energía, el transporte y la vivienda, pero para eso se debe desplazar al "nestorismo" residual.

El cambio de guardia político tiene como complemento el cambio de guardia sindical, pero tanto en el peronismo bonaerense como en la CGT hay oposición a los planes oficiales. Y esto no sólo por la lógica resistencia de los sectores que se intenta desplazar, sino por el ruido que genera el ajuste.

El miércoles pasado un veterano parlamentario ultra "K" que votará con las dos manos este miércoles la transferencia de los subtes y colectivos a Mauricio Macri, admitía con sorna: "El argumento es que no hay por qué pagarle los lujos a los porteños y que éste es un país federal. Pero el gobierno se queda con el 70% de la recaudación y da el 30% a las provincias. Me alegro de que se hayan acordado del federalismo, pero no parece muy creíble".

La embestida contra la ciudad de Buenos Aires es producto de la delicada situación fiscal y nadie en el oficialismo cree en las promesas de la Casa Rosada. Si la presidenta consigue salir del atolladero todos seguirán proclamándose kirchneristas, pero si comete más errores, la crisis política resultará difícil de evitar.