La Facultad de Ciencias Económicas aclaró que nunca propuso una suba del gas

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires negó haber formulado una "propuesta de que el Estado nacional debería aumentar las tarifas", al desmentir versiones periodísticas.

La publicación hace referencia a la intervención de "la Facultad de Ciencias Económicas como perito en la controversia que la sociedad controlante de la empresa Camuzzi, Sempra S.A, hiciera ante el CIADI por reclamos contra el Estado Nacional Argentino por daño presuntamente ocasionado en medidas del Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica del 2001".

"La presente tiene como objeto hacer algunas aclaraciones a lo expresado por un importante medio gráfico a los efectos de dejar establecido cuál ha sido la intervención de esta Facultad en su estricta función de perito en el informe de valuación de daño requerido por la Procuración del Tesoro", se indicó en una nota que lleva la firma del secretario de Hacienda y Administración de la FCE y perito titular ante el CIADI, César Albornoz.

En la misma se agregó que "la pericia, realizada con profesores especialistas de la Facultad, se ha hecho en el marco de las normas del CIADI y del Banco Mundial para evaluar los efectos de las medidas económicas del Estado Argentino sobre los accionistas o inversionistas extranjeros".

Se aclaró que esa pericia "de ninguna manera es una evaluación del equilibrio económico de las empresas por lo tanto no es tarea de la Facultad la de establecer criterio alguno sobre ajustes tarifarios, sino simplemente analizar diferentes e hipotéticos escenarios para evaluar la justificación del reconocimiento o no del daño o de la magnitud razonable para su reparación si se arribara al concepto que existió el daño sobre las inversiones de los accionistas".

"En ningún momento se formuló la propuesta de que el Estado Nacional debería aumentar las tarifas", remarcó el texto, y agregó que "algunos de los valores expresados en la nota (periodística), surgen de cuadros en los que se analizan los valores adoptados por la demandante como base de su escenario contrafáctico, pero no se los reconoce como aceptables en la pericia de la Facultad".

"Suponemos que como la fuente de información habría accedido a la documentación confidencial, podrán verificar en ella que la Facultad concluye en varios lugares de su pericia que: no se consideraba viable la dolarización de las tarifas por su impacto sobre la demanda y la incobrabilidad y que no sería consistente con la realidad económica y sectorial prevaleciente en Argentina a fines de 2001", agregó.

Asimismo, se indicó que "en otros puntos, se concluye que el valor accionario de los demandantes no sufrió daño y que las medidas de emergencia fueron para evitar que se agudizara la crisis económica con sus efectos sobre el conjunto de la sociedad y las propias empresas en la que Sempra S.A tenía acciones".

"Comprendemos la obligación de informar que tienen los medios de comunicación y creemos que la necesidad de sintetizar las noticias puede haber producido esta confusión de la función que tuvo la Facultad de Ciencias Económicas como perito de un juicio y no como formulador de políticas de gobierno", concluyó.