Sigue lento y a los tirones el "strip tease" del modelo

A un mes de su aplastante triunfo electoral la presidenta Cristina Fernández sigue tropezando con problemas sembrados en su propia gestión y en la de Néstor Kirchner. Se ve obligada por primera vez a hacer un ajuste de variables macro que reclaman un "service" urgente.

También debe enfrentar las consecuencias de decisiones económicas erradas como la de la reestatización de Aerolíneas Argentinas, en la que un proyecto faraónico ya provocó un agujero de más de dos mil millones de dólares al fisco. Todo en medio de una durísima pelea de poder con los sindicatos del sector respaldados por Hugo Moyano. Parece marchar a tientas en medio de los conflictos.

Este proceso se desarrolla, además, en el marco de una fuerte incertidumbre por las dificultades de la economía mundial y el retroceso en el precio de algunos commodities como la soja. El 54% obtenido en octubre parece una lejana prueba superada con éxito, pero que no le ha dado a la jefa de Estado el respiro necesario para encarar las reformas imprescindibles de cara a su segundo mandato. Sus problemas son económicos y políticos, no electorales y no se resuelven por lo tanto con más populismo, sino con pragmatismo y un análisis realista de la situación.

La presidenta pronunció dos discursos durante la semana que acaba de concluir. El primero dirigido a los empresarios y a Moyano. A los socios de la Unión Industrial los amonestó por no invertir y, en algunos casos, comprar dólares con créditos subsidiados. El mensaje fue claro: los vigilamos de cerca y el que "saque los pies del plato" va a tener un disgusto. Antes les había anunciado señales "ortodoxas" -como la eliminación de subsidios- para ganar confianza que no cayeron en terreno fértil. Deslizó, entonces, que si se llevan la plata habrá problemas.

A Moyano le fue peor: le rechazó el proyecto de participación de los sindicatos en las utilidades empresarias y la baja en el impuesto a las ganancias. Curiosamente los hombres de negocios han sido y son los más beneficiados por el actual gobierno peronista. Recibieron fuertes subsidios, protección de la competencia externa y no representan un problema político; con Guillermo Moreno basta para amansarlos. Están, además, de acuerdo con el sinceramiento de la economía, aunque sean renuentes a invertir.

En el frente social el gobierno tampoco espera sobresaltos. En lugar de tarifazo habla de "quita de subsidios" y en lugar de ajuste, de "sintonía fina". Refuerza los eufemismos con una campaña moralizante para hacer creer que los consumidores que si no renuncian al beneficio que les dio el propio gobierno son poco solidarios. Le traslada el costo del ajuste a los demás. Presiona a Mauricio Macri para que se haga cargo de los 700 millones que pierden los subterráneos y extorsiona a los usuarios, pero al margen de los sofismas, el apoyo social sigue intacto y faltan dos años para rendir el próximo examen. Hay todavía mucho margen de maniobra.

Más complejo, en cambio, resulta el político. La falta de oposición partidaria la cubren con creces algunos sindicatos que han desafiado abiertamente a la Casa Rosada. Aquí el gobierno jugó al aprendiz de brujo: usó a los sindicatos aéreos para echar al dueño privado de Aerolíneas y ahora que se le volvieron en contra no puede controlarlos. Como se trata de una lucha de poder donde las primeras víctimas son los viajeros, los sindicatos pueden hacerle pagar un costo alto y no desaprovechan ninguna oportunidad.

Saben, asimismo, dónde golpear. Eligieron a la "cámpora" un grupo de funcionarios que ha hecho de AA su coto privado. El problema, sin embargo, no es una mala gestión con pérdidas ya insoportables, sino que la presidenta hizo de esa agrupación comandada por su hijo una suerte de guardia de corps. Son de absoluta confianza y cualquier ataque contra ellos es directamente contra la jefa de Estado.

En rigor, el poder sindical no lo inventó la presidenta, pero lo tiene que soportar. Los gremialistas constituyen un poder autónomo y fueron aliados y enemigos, sucesivamente, de los gobiernos militares, radicales y peronistas. No les importan los votos, porque gozan de un poder que no se funda en el consenso sino en aparatos burocráticos verticales, consolidados y estables en los que los procesos de democratización no cuentan. Ese es hoy el mayor rival del gobierno, el acusado de boicotear su gestión y el que le pone límites de una manera irracional y muchas veces salvaje.